Continuando con su práctica de difundir informaciones y consideraciones sobre la realidad nacional el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COP) dio a conocer su undécima carta en la que comienzan recordando que “Milagro Sala, presa política, sigue injustamente detenida” y que “la invisibilización de su persona, de la Tupac Amaru y su situación agrava el hecho”, mientras denuncian también la “gravedad” de “los ‘escarmientos’ que ciertos sectores del Poder Judicial –en este caso el multidenunciado Juez Bonadio– parecen pretender dar a los militantes de cualquier idea política”. En contraste, dicen, “sigue sin resonar públicamente el escándalo de la presencia del Presidente y muchos funcionarios de gobierno en los Papeles de Panamá”, resultando “curioso que el Presidente reciba más reclamos por esta situación –a todas luces ilegal o ilegítima– en el exterior que en nuestro país a raíz del ocultamiento informativo de los medios concentrados de comunicación”. En el mismo documento se hacen severas críticas al plan económico del Gobierno, a la actuación del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios, y se dan a conocer índices que hablan del aumento de la pobreza. No falta tampoco la denuncia a la Iglesia Católica comprometida en hechos de corrupción.

Respecto del accionar de la Justicia los curas sostienen que “una cosa es investigar posibles delitos y sus responsables y otra la persecución sistemática de ‘todo funcionario’ del gobierno anterior” dando como ejemplo “la persecución judicial a la ex Presidenta por parte del (…) juez Claudio Bonadio y el juez Julián Ercolini” que se hace, agregan, “con el aval, el apoyo (o instigación) de los grandes medios de comunicación”.

En su nota los COP repudian el ataque a Tiempo Argentino, critican “la ausencia hasta ahora de funcionarios de gobierno –incluida la ministra de Seguridad– en la redacción y la lamentable intervención del Presidente calificando a los trabajadores de ‘usurpadores’”.

En la carta, pensada para ser leída en las capillas y parroquias donde los curas desempeñan su trabajo pastoral, los sacerdotes también lamentan y repudian “la presencia de personajes como Aldo Rico y el coronel Emilio Nanni” y de “los participantes del nefasto ‘Operativo Independencia’ en los actos celebratorios en Tucumán” y “en Junin de los ‘Falcon verdes’” algo que “no hace sino encender luces de alarma”. Y agregan que “la referencia presidencial a la ‘reconciliación’ la repudiamos sin el más mínimo atisbo de duda; especialmente porque la ostentación hecha por los implicados no muestra el menor signo de arrepentimiento, algo indispensable para que –eventualmente– las víctimas decidieran, si lo creen oportuno, otorgar el perdón”.

Dicen también los curas que “canciones en inglés (incluido el Himno Nacional argentino), acceso restringido por vallas a los actos en Tucumán, una banda militar estadounidense, y otros episodios insólitos completan una triste conmemoración del Bicentenario en la que estuvo ausente la rica historia revolucionaria de nuestra independencia y la fiesta popular como si sólo hubiera un futuro vago que amerita negar el presente y el pasado”.

En el texto se “celebra” la renuncia de Darío Lopérfido, pero se dice también que “esperamos ansiosos otras (renuncias) que hemos pedido desde este espacio en cartas anteriores por incompatibilidad: Juan José Aranguren, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti”.

Hay también duras observaciones sobre el plan económico, al que consideran “en contra del pueblo argentino” y los curas recuerdan que “Macri afirmó, a los empresarios en la reunión de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) que ‘si decía lo que iba a hacer lo encerraban en un manicomio’”. “Hemos escuchado, en los ‘90 atribuida a Carlos Menem, una frase semejante”, subrayan.

Mientras “se libera la posibilidad de compra de tierra a extranjeros (decreto 820/2016) con las firmas del Presidente y los ministros Marcos Peña, Germán Garavano y Rogelio Frigerio” los curas se unen “al MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y la Mesa Provincial de Tierra” para repudiar “las situaciones de atropello y violencia que están sufriendo varias comunidades y familias campesinas e indígenas de Zorro Huarcuna Dpto. Choya, Sauce Bajada Dpto. Banda, Ovejería Dpto. Pellegrini, y Bajo Hondo (Comunidad de Iaku Cachi) Dpto. J. F. Ibarra” y exigen “urgente solución a estas situaciones que están poniendo en riesgo la vida de las mismas”.

Bajo el título “El tarifazo o la vida: el genocidio energético” los sacerdotes católicos celebran los fallos judiciales ordenando la suspensión del aumento de la tarifa de gas y otros servicios a los que califican de “exorbitantes e injustificados aumentos” y expresan su repudio a “lo dicho por el Presidente en relación a que si la justicia no los convalida ‘se pagarán con impuestos e inflación’”.

En un capítulo dedicado a “la corrupción en la Iglesia” el Grupo de Curas denuncia “la relación entre la fundación Convivir y el Sedronar (y algunos sectores de la Iglesia)” que “nos resulta preocupante y muy poco transparente, particularmente en el manejo y control de los fondos” y critican lo que consideran un “lavado documento” de la Conferencia Episcopal “a raíz de los desmanejos económicos del fallecido obispo de Mercedes-Luján, Rubén Di Monte”. Dicen también que “sería de desear que la investigación se profundice” porque “al interno de la Iglesia era sabido lo de las ayudas del ex obispo para conseguir oportunas declaraciones papales a fin de favorecer a su amigo ex presidente, hoy senador”. Y agregan que “no parece que esto sea ajeno a un extenso –en tiempo y cantidad– manejo turbio de dineros”.

Otras denuncias se refieren una campaña contra el papa Francisco originada en “sectores afines al gobierno y medios hegemónicos” y acerca del “robo a la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima, de la Isla Maciel, en la que es párroco Francisco ‘Paco’ Olveira, compañero nuestro” dado que “nos resulta imposible desligar estos hechos de algunas intervenciones nuestras, o incluso de nuestro accionar pastoral”.