El juez Ariel Lijo ordenó secuestrar computadoras y agendas del despacho del ex director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, en la causa en la que se lo investiga por supuestos hechos de corrupción. La causa se originó en una denuncia anónima que recibió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que derivó en la separación del cargo del funcionario macrista. Las agendas de Gómez Centurión estaban siendo peritadas y se hará un entrecruzamiento telefónico para establecer sus contactos y los de sus principales colaboradores.

La denuncia contra Gómez Centurión llegó con la forma de un anónimo que vino acompañado por una serie de audios de supuestas conversaciones del funcionario con un empresario, Carlos Oldemar Barreiro Laborda. La ministra Bullrich le llevó el contenido al Presidente, quien ordenó apartar a Gómez Centurión del cargo antes de que la información se filtrara a los medios. En el Gobierno temían un escándalo por corrupción en un contexto negativo como es el de la discusión de las tarifas. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el origen del anónimo “es irrastreable”.

Gómez Centurión se defendió e indicó que los diálogos están editados y que usaron fragmentos de conversaciones de audio que tuvo por WhatsApp con otras personas. El ex funcionario sugirió que podría estar involucrado “indirectamente” el ex espía Antonio Stiuso, mientras que el empresario Barreiro Laborda le apuntó a la segunda de la AFI, Silvia “La Turca” Majdalani. En el entorno de esa funcionaria, negaron todo. “Se querrán cubrir –interpretaron–. Majdalani a Gómez Centurión lo vio una sola vez en su vida. Con Stiuso tampoco tiene relación”.

En el macrismo, señalaban que no hay una interna previa del ex director de la Aduana con Daniel “El Tano” Angelici (al que responde Majdalani), aunque interpretaron que podría haber tocado los intereses “de algún amigo o aliado del Tano”. Todo el contexto de la denuncia está impregnado –interpretan en el PRO– con las huellas de servicios de inteligencia. Ex militar, veterano de Malvinas y cercano a los carapintadas, Gómez Centurión había sido designado frente a la Agencia Gubernamental de Control porteña cuando Macri era jefe de Gobierno. En término de las distintas facciones internas del macrismo, es lo que en el PRO llaman “un cuentapropista”. No tiene un referente claro, más allá de su buena relación con Macri.

En el entorno de Gómez Centurión, en tanto, insisten con que se trató de una operación en su contra, producto de los intereses que tocó con sus primeras medidas sobre los depósitos fiscales, los contenedores “abandonados”, el contrabando y una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de importación (DJAI) por 14.500 millones de dólares. El equipo de trabajo de Gómez Centurión está trabajando en un informe de gestión para defender la tarea que llevó adelante. El ex funcionario se presentó en la causa con dos abogados: Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, quien defendió a Macri en la causa por las escuchas ilegales y en la del ataque a personas en situación de calle por parte de la UCEP.

En tanto, el juez Lijo avanza en la causa judicial: pidió todos los datos de cuentas bancarias y sociedades en las que figuren los imputados y secuestró las agendas y computadoras del despacho de Gómez Centurión. Ayer las estaban peritando. Hoy es probable que se inicie el entrecruzamiento de llamadas entre los teléfonos de Gómez Centurión, del empresario acusado y de los colaboradores del ex funcionario para determinar quién hablaba con quién y con qué frecuencia. El juez ya había secuestrado los videos de las cámaras de seguridad del Buenos Aires Design, donde según la denuncia se encontraban Gómez Centurión y el empresario para concretar el supuesto pago de coimas. En los videos, no se ve a los acusados, pero sí camionetas que podrían coincidir con las que manejan.