Mafias, operaciones, corrupción son las palabras más empleadas cuando se habla de la Policía Bonaerense en estos días. La dialéctica para definir los delitos que rodean a la fuerza es vieja, se reitera. La gobernadora María Eugenia Vidal coincide en el diagnóstico con la mayoría de los efectivos que la votaron en diciembre pasado. “Se necesita un cambio profundo”, dice ella. Un comisario mayor le da la razón a su manera: “Para los que trabajan en la calle, el sueldo no era lo más importante”. La Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Apropoba) se interroga en su página oficial: “¿Será cierto que en las listas de los últimos ascensos se incluye personal no solo procesado sino también condenado por delitos?”. Las tres lecturas se refieren a un mismo problema: un ejército de 86 mil hombres distribuidos sobre un extenso territorio donde todos se recelan. Eso incluye a los exonerados o suspendidos, a menudo sospechados de conspiraciones, atentados y amenazas al poder político.

En el gobierno de Vidal atribuyen episodios como la revisión de los cajones de su despacho en junio o el cartucho sin percutir que apareció en el garaje de su casa de Morón al avance contra los casos de corrupción en la Bonaerense. Lo ratificó el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en la Escuela de Policía de Bahía Blanca la semana pasada: “La gobernadora desde el primer día anunció que iba a dar una lucha contra las mafias y esto incluye a lo que habían hecho en el IOMA, a lo que vincula al juego, al Servicio Penitenciario, a los policías corruptos”.

Un oficial con casi treinta años en la fuerza explica que si hay movimientos desestabilizadores contra Vidal “no los pueden hacer sólo los policías que echaron”. A buen entendedor, pocas palabras. Si hubo un encuentro de exonerados en el partido de La Matanza con el objetivo de cometer uno o más atentados contra la gobernadora, habría que buscar también adentro de la Policía.

Vidal no es la única autoridad resistida por la razón que fuere. Empezó a cerrar los santuarios de juego clandestino, esa caja que engrosaba sobre todo los ingresos de la oficialidad. Tampoco mejoró demasiado los salarios que la tropa considera menores si se comparan con las policías Metropolitana y Federal. El 1° de abril Ritondo tuvo que anunciar un aumento de sueldos para evitar una convocatoria que consistía en la retención de tareas y un sirenazo al día siguiente. Se pensaba hacerlo en las comisarías de la provincia. Y se anunció por la página de Facebook Policía reclamando. Esa web ya no está disponible.

Pablo Bressi, el jefe de la Bonaerense, también es cuestionado por los policías sindicalizados. Dos dirigentes del gremio Sipoba presentaron una denuncia contra él a mediados de agosto en la UFI N° 5 a cargo de la fiscal Leyla Aguilar. Lo acusan de varios presuntos delitos: usurpación de autoridad, títulos y honores; violación de los deberes de funcionario público; falsificación de documento público y asociación ilícita. El trasfondo de la demanda son 2500 licencias médicas que el comisario general decidió cancelarles a otros tantos efectivos para justificar despidos. Los sindicalistas dijeron: “Pudimos corroborar que el listado estaba plagado de errores, arbitrariedades e injusticias, siendo el inicio de una aberrante violación a los derechos humanos de hombres y mujeres, ciudadanos de esta provincia y trabajadores policiales”.

Bressi tiene más denuncias judiciales en su contra. Pero la peor se la hizo por los medios Elisa Carrió y es por supuestos vínculos con el narcotráfico. Justamente el área que tuvo a su cargo desde marzo de 2014 y después de pasar por el Grupo Halcón. En un extenso escrito que le envió a Vidal a comienzos de julio, la diputada se preguntó si tenía “una brillante mente criminal o es un idiota”. Una de las fuentes policiales consultadas para esta nota definió a Bressi como “un jefe de transición” que más temprano que tarde terminará retirado. A pesar de que lo avaló la DEA.

La gobernadora no tomó todavía esa decisión, pero eligió comunicar otras en el Alvear Palace Hotel, durante el 13º Consejo de las Américas, el foro de empresarios estadounidenses con intereses comerciales en la región. Dijo ahí que “en seguridad estamos tomando decisiones de cambios profundos en la Policía que tiene 86 mil agentes, así como en el Servicio Penitenciario”. Y justificó las purgas “al delito que existe en estas fuerzas”.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad apura la capacitación en cursos antidisturbios para el personal de infantería y la oficialidad. Varios de ellos fueron programados en agosto y difundidos por la cartera que conduce Ritondo. A pesar de los ingresos menores que percibe un policía bonaerense comparado con uno de la Metropolitana –a nivel de comisarios pueden cobrar casi la mitad del sueldo– e incluso de la Federal, no hay un éxodo masivo hacia otras fuerzas como en el pasado. El enojo también radica en esa disparidad salarial. Un comisario mayor de la Bonaerense con mucha antigüedad puede cobrar 30 mil pesos netos, pero si tuviera semejante jerarquía del otro lado de la avenida General Paz duplicaría su sueldo.

Un grupo de policías que expresa a la mayoría silenciosa que acompañó la candidatura de la gobernadora en las últimas elecciones se lo recordó cuando convocó a realizar medidas de fuerza aquel 2 de abril. “Gran parte de los 90 mil efectivos que formamos parte de esta familia apoyamos con nuestro voto a la señora María Eugenia Vidal”. Y el que no, como el comisario general Néstor Larrauri –el hombre que hubiera ocupado el lugar de Bressi si ganaba Aníbal Fernández– sigue en su casa sin destino asignado a la espera de la jubilación.

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