El juzgado Federal de Dolores ordenó al Renatea –bajo el mando de Gerónimo “Momo” Venegas– y al Ministerio de Trabajo que reincorporen a cinco trabajadores o los reubiquen en otro puesto dentro del Estado, pagándoles durante el tiempo que lleve su reinstalación el mismo sueldo que percibían antes de su despido. La medida cautelar reconoció así el derecho que tienen los empleados del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios –que Venegas decidió desarmar– a no aceptar el retiro voluntario y mantener sus empleos.

Bajo este tipo paraguas, por una serie fallos que se han ido dictando, hay amparados actualmente 24 trabajadores. Para dar una idea del tipo de conflicto en curso, basta tener en cuenta que en algunas delegaciones del Renatea, como la de la provincia de Corrientes, han sido intimados a firmar el retiro voluntario todos los trabajadores que no recurrieron a la Justicia.

El dato es reseñado en diálogo con Página/12 por el abogado Luis Palmeiro, patrocinante de los afectados. “La planta del Renatea era de 880 personas”, señala. Los que quedaron bajo amenaza de despido luego de que el macrismo repuso al titular de la Uatre –socio político y principal aliado sindical del oficialismo– en el Registro de los trabajadores rurales son alrededor de 600, es decir todos los que ingresaron entre los años 2012 y 2015. De los 600, un centenar permanece sin aceptar los despidos, algunos todavía trabajando y otros con demandas por su reinstalación.

El Renatea fue creado en enero de 2012, cuando Venegas había sido desplazado del manejo del registro. Se armó como un complemento del estatuto del peón rural que, sancionado un año antes, amplió los derechos de estos trabajadores. “Por sus funciones de apoyo y de fiscalización, por ejemplo con operativos que hallaron peones en condiciones cercanas al esclavismo, el Renatea necesita de una planta de trabajadores no sólo numerosa, sino también comprometida”, indica Palmeiro.

Venegas nunca ocultó su oposición a la existencia y funcionamiento del organismo. El dirigente sindical accionó judicialmente contra su creación; en noviembre del año pasado, después del ballottage y en sintonía con los nuevos tiempos políticos, la Corte Suprema de Justicia aceptó su pedido para declarar inconstitucional al Renatea. Esto abrió las puertas a su disolución, que Venegas impulsa apoyándose en un acuerdo que firmó con el gremio estatal UPCN, en su condición de representante de los empleados públicos.

Por el acuerdo, UPCN y la Uatre derogaron el convenio colectivo de los trabajadores del Renatea (que les daba estabilidad en el empleo), fijando una indemnización especial para los que fueran desvinculados en el proceso de “readecuación del personal”. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, homologó este acuerdo.

Los trabajadores que recurrieron a la Justicia reclamaron tanto contra el acuerdo UPCN-Uatre como contra su homologación.

El fallo del juzgado federal de Dolores, con la firma de Alejo Ramos Padilla, amparó a trabajadores despedidos de la localidad de General Belgrano. Se trata de una sentencia de primera instancia. Otros casos cuentan con dictámenes favorables de segunda instancia, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

“En todos los fallos, al garantizarse la vigencia del convenio colectivo, todos tienen el derecho de permanecer dentro del Registro o buscar instancias de reubicación en otras áreas del Estado nacional. Algunos jueces han señalado en este sentido al Ministerio de Trabajo porque el Renatea estaba dentro de su jurisdicción”, explicó Palmeiro.

Como parte del proceso de despidos masivos, denunció el abogado, el Registro está además impulsando despidos “con causa” de los delegados (los titulares de cada delegación provincial). “Inventan causas: ‘no rindió la factura número 3’, ‘en el expediente tal faltó que hiciera un informe final’, para expulsarlos sin indemnización. Son despidos ideológicos, porque está claro que los delegados pertenecían a otra gestión política y respondían a otra línea, y este es el único motivo por el que quieren despedirlos”.