Por Raúl Kollmann

En el fárrago de palabras que virtió Ibar Pérez Corradi (PC) el domingo sólo apareció una novedad: la pseudodenuncia acerca de que la jueza Sandra Arroyo Salgado le pidió una coima de medio millón de dólares para dejarlo en libertad hace cinco años. Sobre el resto, PC siguió el libreto que viene exponiendo desde que llegó extraditado desde Paraguay a la Argentina. Acusa a diestra y siniestra, pero casi no aporta elementos que permitan comprobar lo que dice. Por ejemplo, sostiene que el gobierno anterior lo protegió entregándole tres documentos que le permitirían seguir prófugo en tierra guaraní. En su declaración judicial ante la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Juan Pedro Zoni señaló que se trató de tres DNI, pero no mencionó a un funcionario del Ejecutivo sino a un integrante de la Policía Federal como la persona que le dio esos documentos. El problema es que esa versión, como todas las otras, es de difícil comprobación. En cambio, sí está probado que Pérez Corradi participó en el tráfico de efedrina y, para la justicia, fue el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez. Los tres jueces de Dolores, en forma unánime, coincidieron en que fue él quien ordenó la ejecución y convocó para los asesinatos a los hermanos Lanatta y los hermanos Schilacci.

PC hizo su aparición estelar en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul. No fue tratado allí como un mafioso del mundo de las droguerías, que encabezó el tráfico de precursores químicos y que lavó dinero proveniente de las operaciones oscuras con medicamentos, anabólicos y efedrina. Tampoco como un asesino, pese a que en el juicio por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina los magistrados describieron por qué PC los mandó a matar: “había que desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban como competidores en el negocio ilegal de la efedrina”. Esquivando estos elementos, a PC se lo presentó el domingo como una especie de arrepentido, algo que no se ganó por ahora ya que en la causa judicial todavía no aportó ningún elemento comprobable.

Por ejemplo, PC admitió en la justicia haber traído efedrina a través de las droguerías –algo que ya se sabía y está probado–, pero la clave de lo que falta saber sobre el tráfico está en la forma en que el precursor se sacaba del país y cómo se enviaba a México. En ese terreno, ante Servini, PC nombró dos mexicanos y una línea aérea, pero como siempre la comprobación es difícil. Es más, no está claro si los dos mexicanos existen. El narco insiste también en que los envíos a México pasaron por la Aduana de Ezeiza, sin dar ninguna precisión.

Respecto de la protección para vivir en Paraguay, declaró judicialmente que lo lograba pagando coimas a la policía paraguaya, una versión poco creíble. Están los que creen que una vez descubierto en el tráfico de efedrina, PC pactó con la agencia norteamericana antinarcóticos, la DEA, y empezó a jugar como informante. Eso le dio impunidad en Paraguay. El lo niega: asegura que sus fondos provenían de la continuación del tráfico ilegal de Paraguay a Brasil. De esa plata le daba parte a los uniformados del vecino país.

En su aparición televisiva, PC insistió en que antes de huir al extranjero le pagaba por protección a Aníbal Fernández. Nunca se vio con el ex jefe de Gabinete, pero el narco afirma que su trato era con policías federales, en especial Juan Carlos Mondragón, que le dijo que le hablaba en nombre de Fernández. Por su parte, el ex jefe de Gabinete señaló que su norma era mantener contacto únicamente con el jefe de la Federal, Néstor Valleca, de manera que nunca habló con Mondragón ni con ningún otro oficial de la fuerza, por lo que –según afirma– no le pueden encontrar ninguna comunicación ni habrá ningún testigo que de cuenta de un encuentro o reunión con ese jefe policial.

Finalmente, en la televisión, PC se despachó con una denuncia por coima contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El narco afirma que la magistrada le pidió a principios de la década unos 500 mil dólares para otorgarle la libertad. Habrá que ver si la propia jueza se autodenuncia por estos dichos o se presenta alguno de los habituales denunciadores mediáticos para pedir que se investigue. En Tribunales está la sensación de que PC quiere aparecer opuesto a Arroyo, pero que en realidad la jueza está haciendo lo que el narco quiere: darle curso a la extradición a Estados Unidos, donde PC espera una leve condena y recuperar la libertad.

Más allá de la aparición televisiva, lo cierto es que PC no va camino a Estados Unidos sino a un procesamiento con prisión preventiva por triple homicidio y tráfico de efedrina. Respecto del lavado de dinero en el marco de los cheques por la mafia de los medicamentos, el juez Sebastián Casanello ya lo procesó y envió la causa a juicio oral. Si el Poder Ejecutivo termina impulsando la extradición afrontará un escándalo de enormes proporciones, porque lo trajo como el mayor de los narcos y múltiple homicida, y lo estaría mandando al norte por un paquete de pastillas de opio.

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