Apremiado por su viaje a Hangzhou, el presidente Mauricio Macri pidió a su tropa legislativa en la Cámara de Diputados que convierta en ley el Acuerdo de París para llevar a la cumbre del G20 de China –que se realizará el 4 y 5 de septiembre– la ratificación del Parlamento argentino del convenio medioambiental firmado en diciembre del año pasado durante la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas con la intención de limitar el calentamiento global. La sesión en la Cámara baja será el jueves, mientras el Ejecutivo también apura una batería de leyes propias en el Congreso, que los cuestionamientos opositores lo obligarían a modificar.

La orden presidencial de que la ley “salga sí o sí” hizo que Cambiemos tomara algunos recaudos para asegurar que el convenio internacional –que ya tiene media sanción del Senado– tenga la aprobación del Congreso. La sesión en la Diputados estaba prevista para mañana, aunque para garantizar la presencia de legisladores propios y el acompañamiento opositor, las principales espadas legislativas del oficialismo decidieron postergar la sesión especial hasta el jueves para cumplir sin sobresaltos con el reclamo de Macri.

Cambiemos también se propone incorporar al temario otros iniciativas. En primera línea figura el proyecto del radical Julio Cobos para crear un sistema de ahorro para la compra de vivienda a través de cuotas que se actualizarían por el Indice de Precios de la Construcción, y que el Gobierno aspira a ampliar en la reglamentación de la ley –que ya tiene media sanción del Senado– a la construcción y refacción de viviendas.

El resto de la agenda legislativa que el Gobierno se ha fijado a lo largo del año se ha encontrado con una mayor resistencia opositora que no tuvo en los primeros cien días de gestión. La acordada de la Corte Suprema que puso freno al tarifazo, también ordenó al Ejecutivo designar al defensor del Pueblo. El macrismo pondría en marcha la bicameral donde deberá negociar con gobernadores y senadores opositores un “nombre potable” para oficialismo y oposición, ambas con capacidad de bloquear cualquier nombramiento no consensuado.

Las criticas que cosecharon en el Senado los proyectos de ley del arrepentido y confiscación de bienes de la corrupción y el narcotráfico, provocaría modificaciones a los textos que el oficialismo logró aprobar en diputados. El régimen de contratación público-privada y de acceso a la información pública, también están enfrascados en un duro debate.

A pesar del respaldo de la oposición “amigable”, el panorama en la Cámara baja ha dejado de ser un camino de rosas para el oficialismo. La reforma electoral, con que el PRO quiere imponer la Boleta Unica Electrónica en las elecciones de 2017 se empantanó ante el reclamo opositor de su “instrumentación gradual”, el rechazo a la modificación de las PASO y el reclamo transversal por la paridad de género.

Tampoco logró avanzar el proyecto para limitar el actual mandato vitalicio de la procuradora Alejandra Gils Carbó y modificar la estructura de Procuración, a pesar de que el oficialismo ya le ofreció a la massista Graciela Camaño la presidencia de la bicameral para el seguimiento del Ministerio Público Fiscal. El promocionado proyecto de “primer empleo joven” del Gobierno también está frenado: el grueso de la oposición lo asoció al “modelo McDonald’s”, que el Ministerio de Trabajo firmó con la franquicia argentina de la hamburguesería multinacional con contratos temporarios, mal pagos y con subsidios del Estado. El presupuesto para 2016 que comenzará a discutirse en septiembre no será un trámite para el oficialismo en el Congreso, donde el arco opositor aspira a ponerle límites a los superpoderes que mantiene el Ejecutivo.