La fundación “SUMA”, a la que según Gabriela Michetti pertenecía (por donaciones) parte del dinero robado en su casa, no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), ni registró empleados, ni sueldos ni movimientos económicos hasta el día que fue denunciada, a mediados de julio. Ahí pidió cambio de domicilio “urgente”, se anotó como empleadora y empezó a presentar balances. El juez federal Ariel Lijo investiga el origen del dinero sustraído y al pedir conocer los legajos de otras tres fundaciones ligadas a funcionarios del PRO se encontró con la misma situación: ninguna presentó balances de su actividad. Se trata de “Fundar Seguridad y Justicia”, del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La sospecha es que no hay órgano del Estado que haya controlado el manejo de sus fondos ni de dónde proviene, por lo que esas organizaciones podrían ser pantallas de financiamiento ilegal de la política.

Michetti quedó imputada hace dos semanas en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó la apertura de la causa para que se investigue el origen del dinero robado, un hecho que ocurrió el 22 de noviembre del año pasado, día del ballotage presidencial, pero que el macrismo mantuvo oculto hasta que lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino en su edición del 17 de julio. A la vicepresidenta le faltaron de su casa 245 mil pesos y 50 mil dólares. Su explicación pública fue que 200 mil pesos eran de donaciones para la fundación SUMA, 45 mil eran para refacciones y los 50 mil dólares dijo que eran un préstamo que le hizo su pareja, Juan Tonelli, para pagar una maestría a su hijo. Por el robo en sí estuvo detenido y va camino a juicio oral su entonces custodio, David Juan Pablo Cruzado.

El juez Lijo analiza la declaración jurada patrimonial de la vicepresidenta, donde el préstamo de Tonelli figura, aunque fue confeccionada después del robo. Pero la Oficina Anticorrupción sólo le envió la declaración pública de Michetti que puede consultar cualquier ciudadano, no la más completa que es reservada. De todos modos, también el juzgado le pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la funcionaria y de todas las fundaciones, porque allí deberían estar registradas las donaciones. Una vez que se sepa si reconocen donaciones o no, así como quiénes son los aportantes, avanzarán con el análisis de cuentas bancarias. Por lo pronto, si los 200 mil pesos eran efectivamente donaciones, habría un problema legal porque las donaciones a las fundaciones deben ser siempre bancarizadas. Lijo pedirá también la declaración de bienes de Tonelli quien en la causa penal dijo que él le había llevado a Michetti los 200 mil pesos el día anterior y que era dinero para donar, no al revés. Por eso analizará inclusive la causa penal sobre el robo.

El abogado Leonardo Martínez Herrero fue quien presentó la denuncia inicial con un pedido para que se investigue el origen del dinero y apuntó a la fundación SUMA: requirió sus legajos y balances, si justificó el origen de las donaciones recibidas, si cumplió con las normas antilavado por laque debe hacer presentaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo que ya confirmó el juzgado a través de la IGJ es que hasta julio, SUMA no había presentado balances ni datos de actividad. Sólo estaba aprobada el acta constitutiva y el cambio de autoridades. Una posible anomalía es que declaraba que tenía “cero” empleados, y en su página web su informe de “transparencia” del año 2104 decía que había gastado 165.500 pesos en empleados. La IGJ informó que hay presentaciones que aún no aprobó, que son las que habrían sido concretadas con posterioridad.

SUMA –también integrada por el jefe del bloque de senadores Federico Pinedo y el ministro de trabo Rogelio Frigerio– sería el paradigma de comportamiento de otras fundaciones, que fueron denunciadas por los diputados del Frente Para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. La IGJ le informó al juez que ninguna presentó balances y que sólo aparecen trámites sobre nombramiento de autoridades, según confirmaron a Página/12 allegados a la causa. Con esto la investigación empezó a corroborar los datos que presentaron los diputados, que detallaron:

- Fundar Seguridad y Justicia, liderada por Burzaco, es “una fundación fantasma” . No tiene página web ni informa actividades. En nueve años no presentó balances ante la IGJ ni tampoco cumplió con las normas que la obligan a presentar una declaración jurada sobre cumplimiento de las normas para prevención del lavado de dinero.

- Creer y Crecer, presidida por Grindetti, también investigado por los Panamá Papers, incumplió con sus presentaciones ante IGJ y UIF. Según los denunciantes “habría fugado sumas millonarias en dólares a través del mecanismo de contado con liqui”.

- En el caso de Formar, que encabeza Dietrich, se repiten los incumplimientos. Dicen Cabandié y Tailhade que esta fundación está ligada a un grupo llamada G25 varios integrantes del PRO, como Bullrich y Felipe Miguel (jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta).

En el juzgado reconocen que lo que empezó como una investigación sobre el origen de la plata robada de distintos rincones de la casa de Michetti se transformó en un expediente mucho más grande que podría tener vinculación el financiamiento dudoso de la actividad del PRO. El abanico de delitos puede ser enorme: desde falsedad ideológica de documento público, delitos cambiarios, maniobras vinculadas al lavado de dinero, e infracciones impositivas.