En los últimos días los dichos del presidente de la Nación Mauricio Macri con relación a lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar generaron una notoria conmoción, por su polémica referencia a la cifra de “30.000” desaparecidos, y por el uso intencionado de la anacrónica expresión de “guerra sucia”, representativa de un debate que la sociedad saldó muchos años atrás. Por si hiciera falta algo más, calificó de “desquiciada” a Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, símbolo y artífice de la recuperación de la democracia en la Argentina. Son expresiones que muestran un desconocimiento profundo sobre un capítulo crucial de nuestra historia, desprecio por la verdad, y evidencian, además, la incapacidad para comprender que las Madres - -y las Abuelas– son quienes posibilitaron reconstruir el piso ético indispensable para que esta democracia fuera posible.

Si el señor presidente fuera un estudiante, no hubiera aprobado el examen sobre la dictadura, porque los contenidos vigentes en el sistema educativo nacional señalan que los hechos ocurridos en la Argentina, entre 1976 y 1983, se encuadran en lo que denomina “terrorismo de Estado”. Claramente lo expresa la Ley de Educación Nacional en el artículo 92, inciso c.

Un relevamiento realizado en 2015 por el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires demuestra los significativos avances realizados en los últimos años respecto de la enseñanza y el aprendizaje de ese nefasto momento de la historia argentina. Seis de cada diez estudiantes afirman que la primera vez que escucharon hablar de la última dictadura fue en la escuela y siete de cada diez afirman que allí mismo escuchan hablar del tema con mayor frecuencia. Muy por detrás viene la tarea que realizan las familias y los medios de comunicación. Es decir que la escuela, una vez más, es la institución que asume con mayor responsabilidad la transmisión del pasado reciente y la construcción de la memoria colectiva.

Es importante decir que el 87,4 por ciento de los entrevistados conoce la existencia de los desaparecidos, y cuando se los invita a explicar lo ocurrido, un 50 por ciento lo hace utilizando la categoría de terrorismo de Estado, un 20 por ciento opta por la llamada “teoría de los dos demonios” y sólo un 6,3 por ciento de los estudiantes coincide con el presidente y afirma que “en la Argentina hubo una guerra”.

“El que nomina, domina”, decía P. Bourdieu explicando cómo la lengua que hablamos resulta un escenario de enorme densidad política; no hace falta ser un especialista en ciencias sociales para entender que los modos de nombrar los hechos de la historia no son neutrales y encierran intencionalidades, ideologías, tomas de posición.

La calificación “terrorismo de Estado”, lejos de ser parte de un “relato” de los últimos años, es un logro de la sociedad en su conjunto, construido a partir de las resoluciones de la justicia, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de una fecunda producción de investigaciones académicas. La inclusión de esa categoría político-pedagógica en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (contenidos comunes para todas las escuelas del país), constituye un avance formidable por ser fruto de la tarea de gran cantidad de especialistas y por haber sido aprobados por los Ministros de Educación de todas las provincias, pertenecientes a diferentes colores políticos.

La enseñanza de los temas relacionados con la memoria requiere una pedagogía específica por su evidente complejidad. En estos tiempos debemos ser más firmes en esa trasmisión, ya que algunos sectores nostálgicos observan con entusiasmo el retorno de un clima propicio para reposicionar las peores interpretaciones sobre el pasado reciente; son aquellos que llaman dictadura a los 12 años de kirchnerismo y, sin vergüenza alguna, definen como “gobierno militar” a la dictadura más cruel que gobernó la Argentina. Forzar las palabras supone un ejercicio de violencia simbólica más sutil pero igual de efectivo y doloroso, y corresponde a los que ejercen las más altas responsabilidades institucionales estar atentos en la búsqueda de la verdad. A esta altura sabemos que la derecha denomina autoritarios a los gobiernos que sostienen convicciones a favor de los que menos tienen; los gobiernos débiles son más fáciles de manipular.

Si en un examen un estudiante respondiera que la dictadura fue una “guerra sucia” debiéramos desaprobarlo. No hay ningún recurso argumentativo para homologar la violencia estatal con otras formas de violencia, por más condenables que sean.

Las escuelas, los docentes, sus organizaciones sindicales y los estudiantes parecen haberlo comprendido. El Presidente de la Nación no. Reprobado. Esa la debe.

* Ex ministro de Educación de la Nación