La mayoría de los argentinos considera que deben revisarse las privatizaciones y que buena parte de los servicios tiene que volver al Estado. Esto se verificó con los últimos dos casos en que se rescindieron los contratos con privatizadas, el correo y el control del espectro radioeléctrico manejado por Thales Spectrum: ocho de cada diez personas sostienen que no debe haber reprivatización en esos casos, contradiciendo incluso la postura del Gobierno que tiene decidido licitar nuevamente el correo. La mayoría de los especialistas admite que hay una decepción de la gente con las privatizaciones y una percepción de que han logrado ganancias extraordinarias, amenazan con cortar servicios, las tarifas son un peso sustancial en el presupuesto familiar y las empresas hicieron lo que quisieron durante la última década. Además, en su momento se prometió que privatizando, además de eliminar un supuesto elevado costo de mantener las empresas estatales, el Estado mejoraría en lo que llamaban sus funciones propias: la educación, la salud, la seguridad. En algunos de los servicios y concesiones prima la idea de que debe haber una especie de sociedad entre la empresa privada y el Estado.
Las conclusiones surgen de la encuesta realizada por Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), que lidera Enrique Zuleta Puceiro. En total se entrevistaron 800 personas en todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El trabajo terminó de procesarse el viernes y contó con la dirección técnica de Julián Lisa e Isidro Adúriz.
La idea de reestatizar el correo y el control del espectro radioeléctrico tiene que ver con la forma en que el ciudadano común percibió ambos casos. En el primero, se trata de un empresario emblemático de los ‘90 y los encuestados lo sitúan como uno de los favorecidos por Carlos Menem. Por lo tanto, le bajan el pulgar y ello lleva directamente al concepto de que el Correo debe volver al Estado. En el caso del control del espectro radioeléctrico hay una percepción similar: la gente se enteró por los medios que la Argentina fue el único país del mundo que realizó semejante privatización, se benefició un amigo de Carlos Menem, supuestamente hubo coimas y, para colmo, no se cumplió con lo comprometido en el pliego. Con todos esos elementos, también el encuestado optó por la alternativa más drástica: debe volver al Estado.
“La gente, desde hace por lo menos cinco o seis años, tiene una visión crítica de la gestión privada de los servicios que antes eran estatales –analiza Zuleta Puceiro–. No veo estatismo. Es más, diría que no más de un diez por ciento está a favor, por ejemplo, de que los teléfonos, el agua o la luz vuelvan a ser gestionados por el Estado. Sin embargo, hoy el ciudadano común va más allá de la idea de que el Estado sólo debe controlar: quiere un papel más activo, algo así como la asociación, la cogestión entre los privados y el Estado.”
–¿Cuáles son las claves de esa postura crítica frente a las privatizaciones?
–Cuando se puso en marcha todo el proceso se habló de innovación tecnológica, inversión a largo plazo, compromiso con la mejora de servicios, dar trabajo, aportar sumas enormes en materia de impuestos. Cuando empieza la crisis, esos mismos atributos son los más castigados por la población. Son las propias empresas las que dicen que va a haber cortes de luz, que se van a ir del país y arman una enorme presión en el tema tarifas. La reacción de la gente no es pasar del amor a la indiferencia, sino a la bronca, una bronca que venía latente de antes. “Estos que se llenaron de plata en los ‘90, ahora nos quieren ahorcar con las tarifas y se quieren ir”, sería un resumen de la reacción que percibimos en el ciudadano común. Tampoco es que la gente ame al Estado, ya que lo asimilana la política y la visión que existe de la política ya sabemos cuál es: corrupción, coimas, ineficiencia.
–¿La postura crítica con las privatizaciones abarca a todas?
–No. Sin que la gente haga la distinción técnica que yo voy a hacer, diría que hay un panorama mucho más crítico respecto de lo que son concesiones: los trenes, el peaje, el correo, Aerolíneas, la hidrovía. En esos casos, el ciudadano común piensa que un cambio al Estado no sería muy traumático y bastante simple. Es ponerle fin a un contrato. Otra cosa con las empresas que pasaron a ser privadas: por ejemplo, la gente no se imagina los teléfonos en manos del Estado ni la electricidad ni el gas. Sólo un diez o un doce por ciento está a favor de la reestatización de esos servicios. Cuando se le pregunta al encuestado cuál fue la mejor experiencia de privatización, los primeros cuatro lugares los ocupan justamente el teléfono, el agua, el gas y la electricidad. ¿Si influye el recuerdo de que en tiempos de ENTel. no había teléfonos o los cortes de luz de la época de Raúl Alfonsín? Es posible, aunque ya en el ‘95 era un sentimiento bastante archivado y poco después empezó a primar la crítica por lo elevado de las tarifas, la falta de calidad en muchos casos y las excesivas ganancias que se llevaban.
–Una de las privatizaciones más rechazadas siempre fue la del petróleo. ¿Sigue siendo así?
–Sigue existiendo la idea de que el petróleo debe ser nacional. Es un concepto arraigado y hasta imagino que debe haber crecido con esta perspectiva de política nacional de Néstor Kirchner. Aclaro que Repsol-YPF no es una empresa de mala imagen, sino todo lo contrario. Es de las que siempre aparece mejor conceptuada. Pero, aun así, diría que la mayoría de los encuestados siempre contesta que el país es el que debe beneficiarse de un negocio tan importante y estratégico como es el petróleo y que nunca debió concederse de esa manera un recurso nacional clave.
–¿La mayor crítica es con los trenes?
–Sí. Los trenes y las rutas concesionadas. Se perciben malos servicios y que en ambos casos se los podría administrar de otra forma rápidamente. Pero más allá de todo, yo creo que lo que se le está pidiendo al Estado es que tenga punch e iniciativa.