Claudio Lozano *.

Reindustrializar
La saludable decisión oficial de reestatizar el espacio radioeléctrico reabre la discusión sobre el nuevo papel que se requiere del Estado en la etapa actual de la Argentina. La primera idea a consignar es que este debate, para ser productivo, debiera correrse de las opciones simplistas o maniqueas que oponen rápidamente la privatización neoliberal con la estatización absoluta. En realidad la cuestión es más compleja. Las privatizaciones, en el marco del proceso de apertura y desregulación de la economía argentina, han sido parte de un proceso general de reordenamiento del Estado dirigido a mutilar la capacidad de intervención pública (es decir del interés del conjunto) sobre las estrategias económicas de los agentes dominantes locales y extranjeros (grupos empresarios, bancos, acreedores externos y empresarias transnacionales) que operan sobre nuestro país. En términos estrictos menos poder para que la sociedad influya sobre los destinos de la Argentina. En este sentido, la revisión de la infraestructura pública que fuera privatizada debe inscribirse en la decisión de construir un nuevo tipo de Estado cuyas formas de intervención directas (estatización), compartidas (asociación con capitales privados o constitución de formas de propiedad social), o indirectas (fortaleciendo la Regulación Pública sobre áreas que se mantengan bajo gestión privada) permitan que la sociedad pueda influir sobre la dirección de la economía, que requiere (luego de la devastación neoliberal) de un proceso combinado de reindustrialización y redistribución del ingreso.
Con estos objetivos es que debe abandonarse el debate acerca de los niveles de las tarifas recuperando la importancia de afirmar subsidios cruzados (entre áreas rentables y aquellas que no lo son) como modo de garantizar el acceso universal a los servicios esenciales. Con igual intención debe combinarse el poder de compra de las empresas privatizadas a fin de inducir la creación de redes de proveedores locales, y del mismo modo debe avanzarse sobre la explotación de los recursos naturales no renovables garantizando tanto el uso racional y programado de los mismos, como, específicamente, la “captura pública” de la renta petrolera.
En este marco parece necesario entender que carece de todo tipo de justificación que el Estado mantenga subsidios sin asumir la gestión, desperdiciando la ocasión de ganar en “aprendizaje” y constituirse en “empresa testigo” (ejemplo: no parece correcto que el concesionario de peaje que actúa subsidiado se mantenga bajo gestión privada).
Por último, resulta indispensable favorecer la participación social vía plebiscito en el debate sobre las distintas opciones que deban encararse (estatización, propiedad social, reprivatización, etc) ante las obvias y necesarias rescisiones de contratos que se han dado o deberían darse en: Correos, Aeropuertos, Ferrocarriles, Aguas Argentinas, etc.

* Diputado nacional y miembro de la Mesa Nacional de la CTA.

Miguel Bonasso*.
Basta de
prejuicios
La recuperación por parte del Estado del control sobre el espacio radioeléctrico –concedido por Menem de manera dolosa– no es una simple reestatización originada en el incumplimiento de un contrato escandaloso sino la recuperación de lo obvio. El espacio radioeléctrico sólo puede ser controlado por el Estado. Así ocurre en todos los países por diversas razones que hacen al ejercicio pleno de la soberanía y el cuidado indelegable de la seguridad nacional. Motivo por el cual la concesión obtenida mediante coimas por Thales Spectrum no será otorgada por este gobierno a ninguna otra empresa privada. Como debe ser.
Esta es la segunda privatización que se anula por incumplimiento de contrato; porque los concesionarios –encima de todo– no pagaban el canon. La primera fue el Correo, en manos del Grupo Macri. (El correo privado, por cierto, es otra rareza argentina.) A diferencia de lo que ocurrirá con el control sobre el espacio radioeléctrico, el Correo será nuevamente privatizado. De momento, hasta que se llame a una nueva licitación, está siendo administrado por una intervención estatal que no lo hace nada mal; que incluso ha bajado drásticamente los sueldos gerenciales que se pagaban durante la era Macri.
Ambos episodios marcan una saludable tendencia del Gobierno a defender los derechos del Estado, al tiempo que inicia un impostergable debate sobre los alcances de lo público y lo privado, que debería trascender los apriorismos “estatistas” o “privatistas”, para responder con eficacia una cuestión central: cómo concurren armónicamente el Estado, el sector privado y el sector social a la ciclópea tarea de reconstruir la Argentina.
En la década del ’30, Franklin Delano Roosevelt sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, mediante la receta keynesiana del New Deal que suponía aumentar el ingreso de los trabajadores para que se convirtieran en consumidores y una fuerte inversión pública que le otorgó dramático impulso a la generación de empleos. Entre otros logros –que levantaron la economía norteamericana– pudo anotarse la creación de la empresa de ferrocarriles Amtrak para unir las dos costas. Los privatistas a ultranza podrán argüir que eso “ocurrió allá lejos y hace tiempo”, salvo que Amtrak sigue siendo del Estado y en fecha tan reciente como el mandato de Bill Clinton, recibió una saludable inyección de 136 millones de dólares que no fueron a parar a los bolsillos de ningún contratista.
El ejemplo no se cita para proponer la reestatización de todas las privatizadas (al cabo lo central no reside tanto en la discusión de la propiedad como en la discusión de la renta), sino para hacer notar que ningún prejuicio, heredado de la era neoliberal, debería impedir que el Estado recupere empresas o las genere, cuando resulte necesario para el interés nacional. Aunque más no sea como “empresas-testigo”, o como parte de grandes corporaciones públicas del Mercosur.

* Diputado nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Eric Calcagno (h.)*.
¿Eter celeste?
El menemismo no transformó al país: hizo –o intentó hacer– otro sobre las ruinas del anterior. Fue un régimen institucional, económico y social por esencia reaccionario, en el sentido de volver a estructuras de concentración del ingreso, del poder y de la palabra anteriores a la modernidad política. Ahora, entre lo nuevo que aparece y lo viejo que subsiste, la renacionalización del espacio radioeléctrico nacional significa poner en discusión esa privatización de la palabra. Por el éter, como dicen, transitan las televisiones y los celulares, las radios comerciales y las comunitarias, hasta los propios medios que le quedan al Estado. Sin detenernos en los aspectos clásicos y sórdidos de otra enajenación fraudulenta, empresa extranjera-socios locales-festival de comisiones, la primera observación es la incapacidad de los saqueadores en mantener lo que ellos mismos pergeñaron, a punto tal que el vendaval de incumplimientos señalados por varios organismos públicos y la revista francesa Le Point –por cierto, no es una publicación “progre”– hace que el éter sea celeste de nuevo. Veamos.
Es elemental que el Estado ejerza su jurisdicción –que implica el poder de policía– sobre el territorio nacional, el mar territorial y el espacio aéreo. No puede delegarse a una empresa privada el monitoreo del uso de los atributos físicos de la Nación. Tampoco es admisible que cobren contribuciones sobre la utilización de esos bienes públicos (con el agregado de que se olvidan de rendir cuentas y de pagar los cánones, como ocurrió en el caso de la empresas Thales Spectrum). Era indispensable recuperar el poder de policía público sobre el espacio radioeléctrico, que es un atributo de la soberanía y una obligación indelegable del Estado nacional (¿habrá otras áreas de similar importancia?).
Hemos recuperado una parte de la soberanía perdida; ahora entramos en la etapa de la utilización de esa soberanía. Ello se manifiesta primero en la afirmación de un principio político esencial, que afirma que los servicios públicos están para servir a la comunidad y no para que algunos grupos voraces hagan negocios. Se impone entonces una regulación que ponga el espacio radioeléctrico al servicio de la Nación.
La comunicación es una parte importante del poder o la cara visible de las relaciones de fuerza. En primer lugar, recuperar el éter es apenas normal, de esa normalidad tan inusual a la que de a poco nos acostumbramos. Eso que es terminar con las aberraciones políticas y los automatismos de mercado, abre el campo a la política.
Luego, si recuperamos la política como instrumento privilegiado de acumulación de poder, algo hay que hacer. El Estado tiene en la mano un instrumento que nunca debió abandonar: ahora hay que decidir si priman las radios comerciales, si subsisten (y se desarrollan) las radios comunitarias, si los canales de televisión están en regla, si la compañías de telefonía celular se ajustan a derecho. Regulación, cómo no, pero también y sobre todo definir qué tipo de comunicación es deseable, quiénes van a comunicar y cómo. No se trata sólo de un problema formal. Sería trágico que repitiéramos el error en el que incurrieron hace varias décadas quienes manejaban la televisión vasca: después de una lucha de años consiguieron que la televisión transmitiera en su propio idioma; y el primer programa que difundieron fue la serie Dallas en vasco... Cuando se recupera soberanía, hay que utilizarla con sentido nacional. Esperemos que así suceda con el espacio radioléctrico reconquistado.

* Economista.