En un fallo sin antecedentes, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal suspendió un juicio oral de Santiago del Estero con 14 imputados, entre ellos dos ex magistrados de la dictadura, a quienes la misma Sala caracterizó en 2012 como piedras basales de la impunidad. Con un fallo cargado de datos en potencial, los casadores Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos apartaron a los tres integrantes del tribunal al entender que no garantizan imparcialidad. El fallo va contra lo que la propia Sala dictó hace un año, pese a que los casadores intentan zanjar el problema al hablar ahora de “conjunción” de razones.

Luis Garay es sobreviviente de los sótanos del terror de Santiago del Estero. Con una resolución en la mano que firmó la Sala IV en septiembre de 2015, recordó que los mismos jueces ratificaron a la jueza Alicia Noli, que había sido apartada por el Tribunal Oral.

Esta contradicción entre lo que dijeron en otro momento y lo que dicen ahora es la crítica principal al fallo. Pese a que los casadores se amparan en que ahora lo están mirando todo junto. Ese argumento central suma otros dos. Primero, el hecho de haberse metido en medio de un proceso ya en curso. Segundo, el análisis parece hacer agua al analizar los motivos individuales.

Además de Noli, fueron apartados los jueces José María Pérez Villalobo y Juan María Ramos Padilla. Como argumentos, Casación tomó los planteos de las defensas. Señaló que las sospechas de imparcialidad estarían fundadas y tendrían distintas razones. En el caso de Noli porque “habría” sido parte del Ejercito Revolucionario del Pueblo - PRT y porque fue querellante por su ex pareja en un juicio de Tucumán, un tema por el que la magistrada ya fue recusada antes, razón por la que se excusó de participar como jueza en Tucumán, pero pese a lo cual integró tribunales en Santiago. Sobre Villalobo, señalan que con Noli “habrían” participado de una reunión con querellantes sin anoticiar a las defensas. Según fiscales y querellas esto tampoco sería un problema porque se trató de una reunión pública, planteada en agenda, en tribunales. A Ramos Padilla le cuestionan sus expresiones en redes sociales y su participación en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “Nótese que el señor juez recusado habría sido, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una O.N.G. que fue y es querellante a lo largo y ancho del país en causas en las que se investigan crímenes contra la humanidad”. Y agregan: “incluso en la provincia en la que lleva adelante el juicio que nos ocupa”.

Héctor Carabajal abogado de la secretaría de derechos humanos de Nación presentó un escrito que dice que la APDH nunca fue querellante en Santiago del Estero. El abogado Antenor Ferreyra -miembro de la APDH de Santiago pero que litiga en nombre propio– presentó el organigrama de la APDH en la que no figura Ramos Padilla.

Ramos Padilla fue juez federal durante los ‘80 y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dejó la carrera judicial durante los años de impunidad y volvió en 2005 e integra un Tribunal Oral Criminal (TOC). Mientras estuvo fuera de la justicia, tampoco formó parte de la APDH, sino que fue abogado de Alfredo Bravo, presidente de la organización, en un juicio por calumnias e injurias a Miguel Etchecolatz. Como volvió a la Justicia antes del reinicio de los juicios, no fue querellante dado que ya era magistrado.

Consultado por este diario, Ramos Padilla dice lo que entiende más grave. Y es el tipo de operación que el fallo monta alrededor de la figura de la APDH. “¿Qué tipo de jueces queremos? –se pregunta– ¿Para ser juez no piden un compromiso con la democracia y los valores de los derechos humanos?”

“La decisión debo decir que me honra -dice a modo de ironía–. Pero me parece un enorme retroceso que el fallo está diciendo que si uno tiene compromiso con los derechos humanos no puede ser juez. ¿Cómo puede ser? Pero además, nunca fui querellante por la APDH. No había pisado Santiago del Estero. Me repudian por la trayectoria”.

El juicio empezó el 22 de agosto, se hicieron 10 audiencias, declararon 15 testigos, pero todavía desde antes del comienzo los jueces designados eran blanco de criticas. No sólo fueron cuestionados por defensores, sino también por el lobby de los perpetradores lanzado desde el diario La Nación.

Con adhesión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero emitió un comunicado de repudio. “El poder de la (¿injusticia?) Judicial ha decidido continuar con la impunidad de los delitos que se están juzgando en la Megacausa III, donde entre otros imputados se juzga la responsabilidad de dos ex funcionarios judiciales durante la última dictadura cívico militar. Nos llevó más de trece años de instrucción, y más de tres años para conformar un tribunal. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para la conformación de un nuevo tribunal? Las víctimas esperamos justicia hace 40 años”.