La causa judicial por el ataque premeditado de una patota en la Comuna 4 dio un avance notorio pero restan esclarecerse sus connotaciones políticas y la responsabilidad policial en la búsqueda del principal acusado, hoy detenido. A Rodolfo Manuel Corzo (hijo), procesado por tentativa de homicidio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le ratificó la prisión preventiva. A dos personas más que participaron en la agresión a vecinos de la Boca el 4 de mayo pasado –el padre de Corzo, que tiene su mismo nombre de pila y Ezequiel Yedro– se los indagará en los próximos días. Ahora falta saber por qué el cuchillero que apuñaló en el cuello a Matías Scinica se mantuvo prófugo durante casi cuatro meses, cuando todos los días se presentaba en una dependencia del gobierno porteño. La Policía Federal nunca lo fue a buscar a la calle Maipú 116, en pleno microcentro, donde el agente en disponibilidad pasaba a firmar un libro por la subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Desde ese organismo se dio aviso al Poder Judicial de que asistía a cumplir con el trámite, pero Corzo recién fue encontrado por azar el 1° de septiembre en un operativo de control callejero.

El Cordobés Corzo, como lo apodan, se encuentra detenido en el penal de Villa Devoto y llegará así hasta el juicio oral. Según el abogado Juan Manuel Abal Medina –el padre de Fernando, otra de las víctimas del ataque– “podría caberle una condena de 8 años o más por tentativa de homicidio”. Para su colega María del Carmen Verdú, que patrocina a los jóvenes agredidos de la agrupación Boca es Pueblo –entre quienes está Scinica– “la responsabilidad policial está clara, lo mínimo que le cabe es incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento. Los llamados al juzgado desde la Subsecretaría de Personal tampoco eximen a sus funcionarios de responsabilidad. Deberían haberlo hecho a la fiscalía. Tienen la obligación si se enteraron por los diarios de que Corzo estaba prófugo”.

Verdú pidió por esa razón y la Cámara en su fallo confirmó “la extracción de testimonios en función al delito de acción pública que se había denunciado, a lo que se hace lugar”. Durante la audiencia en que Corzo ejerció su defensa por medio del abogado Leonardo Manuel Mallo –quien trabaja como mandatario del Ministerio de Justicia de la ciudad– se produjo una situación hilarante. Según la abogada de la Correpi, lo que contó el letrado del acusado abona las sospechas de que al detenido no se lo buscó con empeño durante los cuatro meses en que se mantuvo prófugo en la ciudad de Buenos Aires.

“Corzo se presentaba en la Subsecretaria de gestión de personal en la calle Maipú sin un cargo efectivo. En la jerga era un ñoqui. Iba a firmar todos los días un libro en esa oficina. Lo dijo el propio gobierno y su abogado Mallo además comentó que estaba viviendo en la casa de su mamá”, le explicó Verdú a Página/12. La abogada también recordó que no es la primera vez que se producen hechos semejantes. Y citó el antecedente de un policía bonaerense.

“Pasó entre 1992 y 1997 con el oficial subinspector Luis Alberto Farese, uno de los torturadores y asesinos del chico Sergio Gustavo Durán, que personalmente cobraba sus sueldos en la jefatura de policía de La Plata cuando ya estaba prófugo”, recordó, aunque esta vez se trató de un civil.

Más allá de los eventuales delitos de acción pública que ahora deberá investigar la justicia en otra causa, el fallo de los camaristas de la Sala VI, Julio Marcelo Lucini y Luis María Bunge Campos, ratificó la decisión del juez de instrucción, Roberto Ponce, con la contundencia que otorgó la prueba documental obtenida: videos tomados por las cámaras del centro comunal 4, fotografías y testimonios incriminadores.

Se desprende de la resolución de Cámara que el arma punzante y la zona del cuerpo en que Corzo (h) le produjo la lesión a Scinica (su cuello) “resultan idóneos para causar la muerte y si bien ello no implica per se la intención homicida del autor, en este caso otros indicadores así lo demuestran”. Los jueces sostienen que arremetió contra su víctima “sin ningún justificativo, pues no se observan agresiones previas a sus familiares, sino que por el contrario él junto con las personas que lo acompañaban iniciaron la trifulca”. Además agregan que, con anterioridad al ataque de arma blanca, amenazaron “de muerte a los asistentes” y hasta “golpearon a los que solicitaban que finalizaran con su accionar para poder atender al damnificado Fernando Abal Medina”. Lucini y Bunge Campos rematan su fallo diciendo que todo aquello “permite inferir, en principio, que Corzo actuó con intención homicida”.

En el aporte de pruebas que hizo durante su investigación el fiscal Adrián Giménez y que elevó al juez Ponce, describe cómo fue el segundo ataque del grupo liderado por Corzo padre. Ocurrió sobre la vereda del centro comunal 4 y fue tan brutal como el que sufrió Scinica. Abal Medina, la víctima, “resulta gravemente lesionado” después de haber “intentado vanamente detener la pelea suscitada en el interior del local, al igual que otras muchas personas que son individualizadas en las filmaciones ya aludidas. Luego de ello sale al exterior donde intenta liberar el paso a los médicos de la ambulancia ya requerida para la asistencia de Scinica. Allí es rodeado por el mismo grupo liderado por Corzo, quienes comienzan a golpearlo en el cráneo y el rostro sin motivo alguno, derribándolo sin resistencia posible para seguir golpeándolo de manera colectiva cuando ya se hallaba en el piso”.

Fernando, el hermano menor del ex jefe de Gabinete Juan Manual Medina (h) sufrió fractura de la base del cráneo. Por este hecho será indagado Yedro el jueves 13 quien sería uno de los integrantes de la patota que lo golpeó. El jefe del clan Corzo también está individualizado por este episodio. Del expediente se desprende que lideraba el grupo agresor: “de las imágenes aportadas se observa cómo los individuos que respondían a Corzo (padre) increpaban a Scinica con frases que no se logran escuchar”, dice el fallo de Cámara. “Es un sujeto que alquila sus servicios al mejor postor”, lo definió el abogado Abal Medina. Para Verdú “debería quedar detenido por su responsabilidad en el ataque”.

Además de los Corzo y Yedro hay otros matones que falta identificar. También agredieron a los vecinos y militantes de distintas agrupaciones barriales como La Boca resiste y propone, Boca es Pueblo, Descamisados, Los Pibes y Patria es grande. Los motivos que tenían para romper la asamblea que transcurría en la Comuna 4 aquella noche de mayo quedaron a la vista. En ella se trataba una operación inmobiliaria promovida por las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Larreta después en beneficio de Boca Juniors. La entrega de 3,2 hectáreas en el predio conocido como Casa Amarilla donde la gestión de Daniel Angelici, el presidente del club, pretende construir un estadio shopping que conviva con la mítica Bombonera. A ese negocio se oponían las víctimas del ataque.

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