Las madres de Libertador General San Martín seguirán haciendo marchas para que las muertes de Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar no queden impunes. “A nuestros hijos ya los mataron, cuiden a los suyos”, dicen los carteles que muestran cada mes por la ciudad jujeña. Y van a continuar haciéndolo a pesar de que la Justicia cerró una parte del caso al determinar que Ibáñez, quien tenía 20 años, se suicidó en una celda de la Comisaría 39ª. “A mi sobrino lo mató la policía, igual que a Cuellar, y vamos a tratar de reabrir la causa”, insistió su tía Carmen Ceballos en diálogo con Página/12. Para eso ella y su madre piensan ir a buscar al padre biológico del joven para que se presente como querellante en la causa y exija una tercera autopsia. Por el asesinato de Cuellar hay un solo detenido y el juez se dispone a elevar el expediente a juicio oral. La muerte de Ibáñez provocó una pueblada en la que fue incendiada la comisaría y que fue reprimida causando el homicidio de Cuellar. A cuatro meses de los hechos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) donde militaba Ibáñez organizará una nueva movilización con corte de ruta para exigir justicia y para repudiar la imputación contra uno de sus dirigentes, Kike Mosquera. Además, Ceballos describió a este diario cómo se inició la pueblada (ver aparte).
La familia de Ibáñez no fue notificada oficialmente del resultado de los peritajes, según los cuales Cristian se ahorcó con el cordón de sus bermudas. En una de las últimas mañanas de diciembre, Eusebia González –60 años, abuela del joven– estaba sola en su casa cuando escuchó la noticia por la radio. Página/12 averiguó que el juez Argentino Juárez cerró la parte del caso vinculada con la muerte de Ibáñez al establecer que el joven se quitó la vida, tal como sostuvo la policía desde el inicio del caso. Según una fuente con acceso al expediente, los resultados de los exámenes anatomopatológicos realizados en Santiago del Estero y los peritajes encomendados a Gendarmería indicaron que la muerte se produjo por una “acción mecánica”. Incluso el abogado de la familia Ibáñez, Roberto Barros, le comentó a un colega que se le “cayó” el caso porque las pruebas realizadas en Buenos Aires ratificaron la inicial hipótesis policial del suicidio.
“Para nosotros no está cerrado, cuanto más me pongo a pensar más creo que no se mató”, enfatiza Ceballos, al teléfono desde la casa de una vecina. “Vamos a hacer marchas todos los meses para demostrar que Libertador no se olvida, y vamos a tratar de reabrir el caso para que paguen los culpables”, agregó. La mujer explicó que su madre, la tía abuela de Cristian, quiere ir a Tucumán a buscar al “verdadero padre” de su sobrino, de apellido Córdoba. “Ella está segura de que podrá convencerlo de presentarse en la causa para exigir una nueva autopsia y para que podamos intentar un cambio de juzgado”, especuló Ceballos.
La mujer había descripto a este diario una serie de puntos oscuros de la investigación. Aseguró que una vecina le dijo que vio cómo dos policías le pegaron al joven en la cabeza, al momento de detenerlo. Uno de ellos era Orlando Suvia, que estuvo detenido pero ya fue liberado. En la autopsia se comprobó que tenía un golpe en la cabeza y la policía argumentó que se había “golpeado solo” con una botella. Pero esa botella nunca apareció. Además, relató que otros presos afirmaron que Ibáñez fue golpeado por un policía al que apodan “Bebote”. Ceballos también afirmó que, según le refirió el fotógrafo convocado por la policía, la escena del hecho fue alterada porque el cuerpo ya había sido descolgado. Todo indica que nada de esto fue tenido en cuenta por el magistrado. El 4 de octubre Cristian Ibáñez apareció ahorcado en una celda de la Comisaría 39ª de Libertador General San Martín. Sus familiares no creyeron la versión oficial y así empezaron las marchas para pedir justicia. La madrugada del viernes 10 de octubre se produjo una pueblada que fue reprimida por la policía (ver aparte). Una bala mató a Marcelo Cuellar, de 19 años, y la comisaría fue incendiada. Por esos hechos, dos días después renunció el jefe de la policía provincial, el coronel Carlos Carrizo Salvadore. En principio, el cabo Orlando Suvia estuvo imputado por la muerte de Cuellar pero a partir de los nuevos peritajes salió en libertad con falta de mérito y quedó acusado como autor material del homicidio el sargento José Antonio Alemán, que pertenece a un grupo especial. El policía se abstuvo de declarar, pero el abogado de los Cuellar cree que en el juicio oral, que el juez elevaría en marzo, podría llegar a mencionar a algún superior.