Durante un espectacular operativo en una chacra de San Andrés de Giles, el Grupo Halcón liberó a Ernesto Rodríguez, cautivo durante 43 días, tras un feroz tiroteo en el que murieron dos de los delincuentes y resultaron heridos dos halcones. Hubo cuatro detenidos y otros dos, más tarde, aún no vinculados totalmente al caso. Entre los primeros se encuentra el famoso Lala López, prófugo por el secuestro de Pablo Belluscio. Entre los fallecidos, el Jeta Medina, que según algunas informaciones estaba vinculado con el Negro Sombra. Los datos de dónde se encontraba don Ernesto llegaron a la fiscalía de Jorge Sica el martes pasado. No fue el resultado de un trabajo de inteligencia: el lunes, un preso confió al diputado nacional Mario Cafiero que tenía datos sobre el caso. Cafiero lo comunicó con el ministro de Seguridad bonaerense Raúl Rivara, quien hizo el contacto con Sica. Durante la conferencia de prensa posterior a la liberación, el Corcho Rodríguez, hijo del secuestrado, criticó severamente al gobernador Felipe Solá. Lo que sorprendió a los investigadores es que desde el primer día el Corcho asumió la responsabilidad terminante de no negociar ni pagar por el rescate. En todo momento estuvo acompañado por el hipermenemista y ex candidato de Rico Hugo Franco. Quizás allí se encuentren los motivos de semejante crítica.
La que parecía primera punta del ovillo en el caso, siempre según la información oficial, surgió con la detención de Sergio Leiva Pérez, el “Negro Sombra”. Según reveló a Página/12 un investigador directamente vinculado al caso, “es una hipótesis que no termina de cerrar”. Como anticipó este diario, el domingo pasado Sica ordenó diez allanamientos por la investigación del secuestro de la francesa Ana Coine. Sica vinculaba a esa banda con la que había secuestrado a don Ernesto y, de algún modo, con la que había secuestrado a Cristina Taborda. Con pruebas obtenidas en esos operativos, decidieron allanar el lunes una casilla precaria en José C. Paz, donde creían que encontrarían al padre del Corcho. Pero en lugar de don Ernesto se toparon con doña Cristina. Encontraron billetes marcados del rescate de Coine, pero nada del caso con Rodríguez.
El lunes, mientras la atención estaba puesta en la liberación de Taborda y en la fiscalía se deshacían las huellas de don Ernesto, un llamado al diputado Mario Cafiero pondría a los investigadores sobre una nueva pista: un ex detenido se comunicó con Cafiero el lunes por la tarde, asegurando tener datos sobre el caso. Cafiero lo contactó con Rivara y éste a su vez con Sica (ver recuadro). El martes, Sica contaba con tres lugares donde podría encontrarse Rodríguez, según los datos del informante. El operativo era un hecho. Se realizaron tres allanamientos simultáneos tanteando, porque no existía seguridad sobre la información. Pero una de las viviendas detalladas por el informante era el dato correcto.
Hombres de la DDI de La Matanza realizaron un sigiloso estudio de la zona. Se trataba de una chacra ubicada a cien metros de la ruta 7, entre el kilómetro 96 y 97, a sólo cien metros de la cabina de peaje de San Andrés de Giles. Pertenecía, según los vecinos, a un tal Chelo Fabra. Según otras versiones, el Chelo había vendido la quinta hacía 15 días (dentro del período de secuestro de Rodríguez). Algunos vecinos también aseguraron (aunque demasiado tarde, después del operativo) que les llamó la atención que “los nuevos dueños no tenían contacto pero todo el tiempo veíamos entrar y salir autos último modelo, uno gris, otro blanco y uno rojo y algunas 4x4”. En una estación de servicio cercana aseguraron que todos los días compraban comida en el lugar. Y algunos vecinos dijeron que los nuevos argumentaban que estaban trabajando como albañiles en la finca.
La quinta se encuentra sobre un lote de unas 7 hectáreas, con una vivienda al frente y un gallinero hacia el fondo del lote, de ladrillos y techo de lata. El Grupo Halcón se encargó del allanamiento, acompañado por hombres de la DDI La Matanza. Intervinieron alrededor de 120 hombres. Se dividieron en dos grandes grupos que rodearon el lote por la parte delantera y trasera.
A las seis de la mañana de ayer, todo estaba dispuesto, inclusive el camarógrafo Antonio Báez, de TN, que había recibido una información para tomar imágenes directas de “un allanamiento relacionado con algún secuestro”. A las 6.20 las fuerzas de asalto se lanzaron sobre la casa y el gallinero. Se toparon con una feroz resistencia: entre otras armas, la banda tenía un fusil FAL. Dos policías resultaron heridos: el sargento Marcelo Gómez, de gravedad, y el suboficial Francisco Ríos. Entre los delincuentes, fallecieron Jorge “El Jeta” Medina, que estuvo detenido por homicidios y robos, y vinculado según Sica al Negro Sombra, y Juan José “El Potrillo” Villegas, ex convicto de Olmos y Campana. Fuentes de la SIDE confiaron a este diario que la voz del Jeta aparece como negociador del secuestro de Rodríguez y también en el de Leopoldo Andrada.
Se registraron cuatro detenciones: Daniel Fabra Señorans, uruguayo, de 37 años, hijo del encargado de la finca; Walter Alberto Silva, de 29 años, de Talar de Pacheco; Juan Carlos Casciano, de 33, un ex miembro de Prefectura que había logrado escabullirse en una casa vecina, y nada menos que Horacio Abel “Lala” López, de 36 años, prófugo del caso Belluscio. Según su abogado, Juan Planes, el Lala no tiene nada que ver con el secuestro de Rodríguez y estaba en el lugar “de casualidad, ocultándose por la búsqueda en el caso Belluscio”. Después, el Chelo y otra persona fueron detenidos. Intentan saber si tienen vinculación con el caso.
En el gallinero, los uniformados se encontraron con el propio don Ernesto. Estaba atado, amordazado, con los ojos vendados y muy desmejorado. Según reveló en la conferencia su hijo, “hacía sus necesidades en un tacho de 20 litros y lo alimentaban a pan y agua”. Estaba muy desmejorado, con barba larga, muy delgado y abatido, aunque luego de ser chequeado por médicos declaró durante tres horas ante el fiscal Sica. Por la tarde, Ernesto fue internado para restablecerse de sus insuficiencias cardíacas. No quedó claro si durante su cautiverio los secuestradores le suministraron la medicación que tomaba.
Solá, Rivara, el fiscal de Cámara Pablo Quiroga y Sica insistieron en que no se había realizado pago alguno. El propio Corcho Rodríguez se encargó de confirmarlo durante la conferencia (ver aparte). Según revelaron a Página/12 fuentes directas de la investigación, sorprendió a los propios expertos la frialdad y firmeza con que el Corcho asumió la responsabilidad total de no negociar ni pagar un centavo por el rescate de su padre. Después, el tema sería un ariete en la crítica desatada contra el gobernador Solá.
El caso de don Ernesto sigue siendo tan extraño y fuera de lo común como lo fue desde un principio. Quizá la figura polémica de su hijo y sus dudosas relaciones abrieron parte a esas versiones. Lo cierto es que la banda contó con armamento pesado y la suficiente tranquilidad como para mantener al secuestrado más buscado por la policía de todo el país. Y esa tranquilidad denota una circunstancia: no había apuro económico. Si no se arreglaba el rescate, Ernesto seguiría como rehén.
Mantenerse oculto, con armamento pesado, con don Ernesto atado a una cama no es cosa de una banda de bolsillos vacíos. Mucho menos, con autos lujosos entrando y saliendo del lugar todo el tiempo. Para eso, se exige cierta logística superior, por decirlo de algún modo. Después de la conferencia, Solá negó que hubiera policías involucrados en el caso. Rivara, un rato antes, había admitido que no se descartaba esa posibilidad.