“No quiero agradecer especialmente al gobernador Felipe Solá que, hasta el día de hoy, ni se comunicó conmigo ni con ningún miembro de mi familia”, disparó el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, horas después de la liberación de su padre. Luego de agradecer al grupo Halcón y al presidente Néstor Kirchner, Rodríguez sostuvo que “tanto mi persona como mi familia disentimos absolutamente en la forma en que el gobernador propone tratar estos casos, que es negociar, sospechar de las fuerzas policiales y pagar el rescate”. Más tarde, Solá se mostró dolido por las afirmaciones, dijo que el fin de semana intentó dos veces comunicarse con Rodríguez, el viernes y sábado pasado, y que no obtuvo respuesta. Y atribuyó las críticas a que “pudo haber sobre él influencias negativas”.
¿A qué se refería con esas influencias negativas? Solá aludió sólo a las influencias. Habrá que recordar que desde el primer día del secuestro de Ernesto, su hijo se resguardó en el bunker de Hugo Franco, un íntimo amigo que le dio todo su apoyo. Hugo Franco es diputado nacional por el partido de Aldo Rico. Fue director de Migraciones durante el gobierno de Carlos Menem y es uno de los más ascendrados ultramenemistas, también vinculado con el masserismo y con los affaires de Yabrán. Seguramente Franco ejerce alguna influencia sobre el Corcho, quien aportó contactos económicos para la última campaña electoral de su íntimo amigo.
Entre las curiosidades del caso Rodríguez, el fiscal de Cámara Pablo Quiroga fue segundo del actual fiscal de Casación, Juan Martín Romero Victorica, muy mencionado en otro affaire: las negociaciones por la recuperación del rescate de Jorge Born, secuestrado en su momento por los Montoneros de Rodolfo Galimberti, socio nada menos que del Corcho.
Mientras se cuecen estas habas en las profundidades, en la superficie el Corcho instalaba la polémica diferencia con Solá respecto de la estrategia a seguir en los secuestros. Solá había aconsejado a fines de 2003 “pagar rescate ante la menor duda de que se encuentre en riesgo la vida de un secuestrado. Muchas veces ésa es la única salida”. El Corcho, ayer, afirmó que “nunca se llegó a pagar, porque la decisión, desde un principio, era no pagar”. Tamaña decisión llamó la atención a los expertos que trabajaban en el caso. “Le recomendaban que negociara, pero no quería saber nada.” El Corcho agregó que la decisión de su familia “y la de mi padre también fue no pagar”, y recomendó esa estrategia como necesaria para todo aquel que tuviera un familiar secuestrado. Acorde con su punto de vista, también cuestionó a Solá porque en algún momento el gobernador había deslizado sospechas sobre la Bonaerense. “Hay que confiar en la policía”, dijo el Corcho. La carta de Su Giménez está en las antípodas. Ayer, fuentes de la gobernación dijeron a Página/12 que Solá no iba a entrar en una polémica estéril.