Opinion

“Que la Patria se muestre
como la madre de todos
los ciudadanos.
Juan Jacobo Rousseau.


El conductor de un programa de radio, como la mayoría de sus colegas, trasmite indignación. Habla en nombre de “la gente” y su furia es patente. El movilero –por adscripción de rol, por ser más joven, por estar más cerca de los protagonistas, por lo que fuera– suena más tolerante. “¿Qué están haciendo ellos ahora?”, se interesa el conductor. “Ellos” son los piqueteros que ocupan el Puente Pueyrredón. Los que le cortan el paso a “la gente”.
–Cocinan –replica el movilero.
“¡¡Cocinan!!” Se enfurece el conductor, quien parece homologar tal conducta a la profanación de tumbas. “Y después ¿qué piensan hacer?”
Seguramente, mi viejo, piensan comer.

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Seis planes de ingresos coexisten hoy en la Argentina. El más importante, lejos, es el Jefas y Jefes de Hogar. Muchas personas del común, e incluso algunos funcionarios e intendentes, lo siguen llamando “Plan Trabajar”, un error que alguna miga tiene, como ya se dirá.
El Plan Jefas y Jefes (en lo sucesivo le diremos “el Plan”) fue urdido por Eduardo Duhalde cuando nadie daba un peso por el futuro de su gobierno y nadie que daba 3 pesos podía aspirar a un dólar. Fue en marzo de 2002. Los organismos internacionales habían sacudido la mandíbula presidencial en un cónclave en Monterrey, la inflación galopaba, el dólar subía y subía, todavía ardían cenizas de las jornadas de diciembre de 2001. Entonces, con el fantasma (impreciso, omnipresente) del estallido social y de la disolución nacional (a la que temía más), Duhalde maquinó un plan vastísimo, universal, para paliar la pobreza extrema. El salario estipulado era bajo, pero el espectro de sus beneficiarios virtuales amplísimo. Se trataba de todos los cabezas de familia sin trabajo y con hijos de menos de 18 años a cargo. El subsidio se proponía universal: todo aquel que reunía esos requisitos tenía el derecho ciudadano de pedirlo y obtenerlo. Esa es su diferencia cualitativa con los Planes Trabajar, concedidos por el Estado en forma discrecional. Así se publicitó el Plan, que tenía una finalidad de emergencia, pero que instalaba un concepto profundo: todo poblador adulto tiene, como integrante de su condición de ciudadano, derecho a un ingreso mínimo. La política, la solidaridad, la ley imponen un vallado a las feroces leyes del capitalismo realmente existente. No es poco.
Parecía imposible que el Plan se implementara en pocos meses. ¿Cómo confeccionar los padrones (un pantano en el que se habían ahogado gobiernos anteriores), cómo evitar los curros, cómo conseguir la plata? “Lo vamos a hacer. A lo bruto, con errores, pero vamos a hacerlo”, se obstinaba Duhalde ante la incredulidad de casi todo el mundo. Y lo hizo, tal como lo prometió: a lo bruto, con errores. Pero lo hizo.
“La sociedad”, “la gente” (¿los otros?) lo recibieron con alivio. Tras las jornadas de diciembre, el temor y la solidaridad habían obrado cambios en el sobado imaginario social.
Piquetes y cacerolas, la lucha era una sola.

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“Hoy, en 2004, el Plan tiene enorme rechazo social. No sólo de la clase media, también de muchos pobres. Aun en las colas de los que cobran brotan divisiones y reproches entre los ‘contraprestadores’ (quienes realizan algún trabajo contra el subsidio) y los demás. Ni qué decir los trabajadores que ganan 200 o 300 pesos. O los que ganan 400, pero no tienen el beneficio del ‘monotributo social’, que permite a los nuevos emprendedores inscribirse como contribuyente, pero los exime de pagar durante dos años. La fragmentación social es feroz y esa falta de solidaridad es un síntoma. El debate parece plantearse entre la vocinglería de Castells y las ONG que auditan a los pobres como si hurgaran en los secretos del menemismo. Falta un colchón en el medio, la sociedad civil, las agrupaciones intermedias, los partidos, hasta los punteros con alguna presencia social. Pero esa trama hoy está desbaratada.” (Un alto funcionario del área social explica por qué el Plan tiene mala prensa y mala onda colectiva.)

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Duhalde imaginaba, a ojo de buen cubero, que habría 1.200.000 inscriptos. Terminó habiendo bastantes más, en parte porque el ojímetro se quedó corto, en parte porque se inscribieron muchas mujeres jefas de hogar que no estaban buscando trabajo. En cualquier caso, se inscribieron todos los que demostraron cumplir los requisitos. El peso de las mediaciones políticas (piqueteros, intendentes, punteros) no es fácilmente mensurable pero, coinciden todos los que conocen el paño, fue relativamente bajo. Ese es uno de los beneficios adicionales de la universalidad, hace menos importantes a los intermediarios o gestores.
En el ínterin, el gobierno duhaldista trazaba una enmarañada red de relaciones con los movimientos de desocupados. Aníbal Fernández, el actual ministro del Interior, era uno de los más relacionados y, aunque hoy parezca asombroso, tenía una amigable, nada ostensible y respetuosa relación con Raúl Castells. Juan José Alvarez también les conocía la cara, los nombres y los apodos a muchos dirigentes con los que hablaba a diario, más que a diario. Esta relación sinuosa tuvo un salto de calidad cuando la Bonaerense asesinó a los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002. Duhalde sintió la soga cerrarse en torno de su cuello y decidió acortar su mandato (de cara a la sociedad en su conjunto) y “abrir el juego” a las organizaciones piqueteras (de cara al movimiento social). Se les permitió promover incorporaciones al Plan, se les abrió las puertas del Ministerio de Trabajo, se los instó a promover “altas” (incorporaciones) al Plan. La interrelación se hizo tan frecuente que los líderes piqueteros accedieron al software que contiene la información y propina altas y bajas. La sofisticación llegó veloz: los piqueteros comenzaron llevando listas en papel, pero terminaron apareciendo con disketes que se incorporaban directamente al sistema. El plantel de beneficiarios crecía y crecía, pero surgieron problemas. El Plan tiene pocos requisitos, pero éstos son precisos y de sencilla corroboración: el sistema informático empezó a obrar masivas bajas de las nóminas aportadas por los movimientos de desocupados. El interés del Gobierno era mantener la laxitud de las incorporaciones para paliar la emergencia. Tampoco quería dejar a los líderes piqueteros –a quienes veían como amortiguadores de males mayores– desacreditados ante sus bases. Entonces la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, armó otro plan, que tras alguna variante sobrevive hoy bajo la sigla PEC (“Programa de Empleo Comunitario”) . “En rigor debía llamarse PLC –bromea un importante funcionario del área social– porque es ‘piedra libre para todos los compañeros’.” La idea básica es que baste ser pobre y necesitado para tener acceso. La laxitud fue bastante y grande el espacio abierto a las organizaciones de desocupados.
El padrón del Plan Jefas y Jefes se cerró a mediados del año 2002, por falta de recursos asignados para atender nuevas altas. La consecuencia de esa decisión “de caja” fue que el Plan dejó de ser universal, imponiendo una odiosa división entre los que llegaron primero a la ventanilla y los que, con igual necesidad, llegaron después. Los PEC se siguen otorgando, aunque en el Gobierno algunos porfíen lo contrario. La información sobre el Plan es bastante transparente, accesible en buena medida por Internet. La de los PEC es bastante más viscosa y esquiva, un testimonio más de su discrecionalidad. Cuando se dice que “los piqueteros manejan 250.000 planes”, como casi todo lo que se dice sobre esta temática, se incurre en un simplismo, hijo de la ignorancia. Los planes son personales y los cobra el beneficiario, vez a vez, con documento de identidad. Esto dicho, los PEC son lo que más se parecen a esa leyenda negra. “Los jefes piqueteros y los intendentes, que tienen las listas desde su origen, los vienen usando desde el vamos para disciplinar a su gente. Gestionaron altas, piden bajas para los díscolos. Por razones políticas denuncian a sus propios ex aliados caídos en desgracia (a quienes conocen al dedillo) que no cumplen los requisitos”, explica un funcionario de Trabajo que ha recorrido, baqueano, el espinel.
El número de beneficiarios de Planes Jefas y Jefes a principios de febrero trepaba a dos millones. Por esencia, la cifra de PEC es más equívoca. Distintos funcionarios la estimaron entre 150.000 y 250.000 subsidios. Este cronista, dada las características de los PEC, su manejo discrecional, la lógica de la política local, se inclina (a fuer de veterano, suspicaz) a creer en los números más grandes, pero se trata de una estimación política, lógica, pero imposible de chequear. El lector puede hacer su propia ponderación.
El Plan Jefas y Jefes se ha desnaturalizado, malbaratando su valioso sentido primigenio, devenido un inmenso Plan Trabajar. Los PEC tienen más agujeros que un gruyère. Y, sin embargo (o mejor dicho, antes que nada), la cobertura social de la Argentina es la más vasta de América latina, por paliza. No hay ningún plan de ingreso en países hermanos que tenga la cobertura que existe acá. Los fraudes que una grita derechosa resalta como pecados capitales no parecen ser tantos, si se pondera que un cinco por ciento de dos millones serían 100.000 curros, cifra que nadie indica, ni aún fantasea.
Si a eso se adunan el Plan Remediar, que provee medicamentos gratis a quien los necesite y una cantidad enorme de programas alimentarios (ambos también sin parangón al Sur del Río Grande), se percibirá que las prestaciones sociales son muchas, insumen vastos recursos, tienen muchos beneficiarios. Son, por su rango y expansión, inéditas... y con todo son dolorosamente insuficientes.

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“¿No le parece penoso que Duhalde haya puesto en marcha un plan gigantesco en medio de la malaria y que ustedes en vez de ampliar el número de beneficiarios, sólo produzcan bajas?”, tanto chucea como pregunta Página/12 a varios responsables de primer nivel del Gobierno. La respuesta suele ser calcada y podría cifrarse así: “Duhalde armó lo que armó porque su horizonte de gobierno era un año. Hizo bien, pero dejó un esquema de emergencia, atado con alambre, imposible de prorrogar cuatro años”.
–Pero Duhalde maquinó un Plan Universal, lo que ahora está desbaratado.
–“Nuestro objetivo es ir hacia la universalización, pero no podemos arrancar de cero. Arrancar de cero, en teoría, sería más fácil. Pero lo real es que Jefas y Jefas tiene cien problemas, pero atiende a dos millones de familias. Y no es fácil manejar una transición sin correr el riesgo de desproteger a muchos.”

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El Gobierno estudia, queda dicho, transitar hacia la universalización del derecho de los habitantes del país de tener un ingreso mínimo. La implementación más sencilla es un subsidio similar a las asignaciones familiares, entregado en proporción al número de hijos. Se está estudiando, a ritmo cansino. La información no es mucha, se guarda bajo siete llaves. “No va a ser en 2004”, aseguran en 9 de Julio y Belgrano, donde tiene sus oficinas Alicia Kirchner.
Es sencillo acordar con su rumbo y discrepar con su velocidad. El criterio de la ministra, émula de Reinaldo Merlo, es ir paso a paso. Su primer objetivo es ampliar la base de los planes que son el núcleo de su gestión, de apoyo y promoción de actividades productivas. El objetivo, loable, es la recuperación de la cultura del trabajo y de la autoconfianza. Un 40 por ciento de los jóvenes argentinos no han visto jamás trabajar a su padre, narran, y eso implica la carencia no sólo de ingresos sino de una serie de pautas de disciplina y estructuración familiar. Muchos argentinos comen en comedores populares y eso es mejor que el hambre, pero implica la pérdida de entrañables rutinas e impacta negativamente en la relación familiar. Cerca de la única ministra del actual gobierno se confía en llegar, este fin de año, a 500.000 personas trabajando en actividades promovidas desde el Estado. Una cifra voluntarista... y en el mejor de los casos también insuficiente.

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“Antes venían a pedir planes, plata. Ahora todos vienen con proyectos productivos. Todos, los intendentes, los piqueteros, los propios pobres que se animan a mandarse solos” (relato común de funcionarios de Desarrollo Social, vivido como un blasón).

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El Plan fue manejado desde el inicio por el Ministerio de Trabajo por una razón práctica: es el que tiene más amplia implantación territorial en las provincias. Pero su lógica impulsa a derivarlo a Desarrollo Social. Los respectivos ministros, Carlos Tomada y Alicia Kirchner, consensuaron hacerlo estando ya designados, pero aún antes de asumir. La transferencia se posterga sin razones muy precisas, que parecen corresponderse con cierta morosidad de gestión. En el camino se ha venido acordando que Trabajo siga participando de la gestión de los planes, una forma de seguir acreditando la experticia acumulada. Seguramente (nada de esto ha sido oficializado aún) los encargados de la gestión conjunta serán el actual secretario de Políticas Sociales (número dos de Alicia K), Daniel Arroyo, y el secretario de Empleo, Enrique Deibe.
A la espera de ese momento, las mayores filas del Gobierno están puestas en la promoción de actividades comunitarias productivas, con créditos blandos o a fondo perdido (lo que es lógico dada la naturaleza de la prestación y la carencia de los beneficiarios). El pensamiento de la ministra es ir generando una conciencia social mayor y ampliar la cantidad de personas que trabajan, achicando así (virtuosamente) el universo de virtuales demandantes de subsidios al desempleo. Aunque el objetivo es compartible, su concepción suena, de cara a la emergencia que sigue prorrogándose, excesivamente etapista.
Por añadidura, cabe resaltar que el problema nuclear en la Argentina no es la falta de trabajo, sino la pobreza y la pésima distribución de ingresos. Puesto en cifras brutales, hay un 20 por ciento de desocupados y un 50 por ciento de pobres, lo que quiere decir que muchísimos pobres sí trabajan. El Plan otorga una asignación que deja a sus beneficiarios por debajo de la línea de indigencia (228 pesos al mes). La solución no es sólo dar trabajo. No exclusivamente, aunque es un dato no menor, porque muchos de los emprendimientos que se promueven están destinados a ser fagocitados por la competencia capitalista. También porque los que prosperen difícilmente obtengan ingresos que les permitan transgredir la línea de pobreza.
Quiere un sonsonete derechoso que los subsidios ciudadanos son un acicate a la vagancia vitalicia. Algunos funcionarios no especializados, pero sí empinados de la Rosada, repiten esa vulgata gorila, sobrina nieta de aquella que proclamaba que en los monobloques se levantaba el parquet para hacer asados.
Proponer que mesadas de 150 compitan con sueldos es una perversión cuasi esclavista. Su móvil es ruin: ayudar a mantener sueldos africanos en la actividad privada, cuando no en la pública. “La mayoría de los argentinos quiere trabajar. Lo que pasa es que un trabajo equivalente o algo mayor a un Plan Jefes es mal negocio. Suele ser precario, menos seguro, se gastan viáticos etc. El ‘gap’ (diferencia apreciable, en jerga) se da alrededor de 400 pesos. Muy pocas personas desdeñan un salario de 400 pesos para aferrarse al subsidio.” Sentido común, cazurro, el menos común de los sentidos.

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“Yo pago mis impuestos y no quiero que sirvan para darle un sueldo a ellos”, dice un señor de clase media, por su tono, al volante de un auto parado. El conductor indignado de otro programa radial lo escucha y lo estimula a explayarse como si el señor, excelso emergente de “la gente”, fuese Zaratustra. “Ellos”, ahora, bailan en el Puente.

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Por expresarlo en términos técnicos, el argumento del señor (que ha cundido por doquier) es una pelotudez supina. Los impuestos no son propiedad individual de cada contribuyente. Los maneja el poder público, delegado a representantes del pueblo en base a criterios complejos. La voluntad popular se mediatiza a través de los poderes constituidos. Tanto es así que la Constitución, en su artículo 39, veda que se sometan a iniciativa popular las leyes sobre tributos y el presupuesto mismo. Es para evitar que el dinero de la Nación sea manejado brutalmente por eventuales mayorías contingentes (o “con la gente”).
Una nación es tal cuando garantiza los atributos básicos de la ciudadanía a todos sus integrantes. Entre ellos, el derecho a vivir, a comer, a tener acceso a una subsistencia digna, a educar a sus hijos, allegar a viejo. Esos derechos, tanto como el de “trabajar y ejercer toda industria lícita” (artículo 14 de la Carta Magna) prevalecen, conceptual y moralmente, sobre el de transitar el territorio que exacerba a conductores de radio, editorialistas y politicastros de derecha.

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El presidente Néstor Kirchner acusó a los dirigentes piqueteros de usar “métodos extorsivos”, los tildó de “pícaros”. Todo el Gobierno, incluida la única ministra del Gabinete, le hizo coro.

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Esta nota ya es excesivamente larga sin haber entrado a discutir la pertinencia de la protesta piquetera de la semana que pasó. Quizá no esté mal. Baste señalar que, a ojos del firmante de estas líneas, fue preocupante que todos, la gente del común, el Gobierno y la dirigencia de los desocupados, hayan “jugado” para lo que antes se llamaba “el enemigo”. Pobres contra pobres, clase media contra pobres, delegados de los pobres contra gobierno popular, gobierno más interesado en discutir con Castells que en avanzar en soluciones drásticas al problema de fondo. La instalación de un discurso es una victoria política. Y esta semana triunfó un discurso reaccionario, insolidario, cuando no discriminatorio.
El establishment consiguió que la bronca de “la gente” contagiara al Gobierno. La discusión se circunscribió, en mala hora, a la pertinencia de algunos dirigentes o de un modo de protesta. Más valdría preguntarse si la sociedad está dispuesta, ahora que las cosas mejoraron, a hacerse cargo en serio de la pobreza de la mitad de sus integrantes. Algo que profundice y no desande el camino que (por una indiscernible mixtura de miedo y sensibilidad) emprendió hace dos años, cuando la malaria era mayor y la disolución nacional un escenario posible.