Dicen que todo empezó cuando llegaba a la edad de Cristo, los 33 años. Carlos Juárez era apenas un dirigente raso de la Acción Católica de Santiago del Estero, parte de la derecha que apoyaba al peronismo. En ese momento el peronismo presentaba a Orestes Di Lullo, un intelectual reconocido, como candidato a la gobernación de 1949. En el medio algo sucedió. Di Lullo desapareció repentinamente de escena y en su lugar apareció Carlos Juárez, que ese mismo año asumiría por primera vez su mandato. En el cómo fue, sus biógrafos instalan sus juegos políticos. Juárez, el joven, el militante católico, el futuro socio de negocios de José López Rega y jefe político de los escuadrones de la muerte que anticiparon las prácticas del terrorismo de Estado en Santiago, había viajado a Buenos Aires para entregarle a Eva Perón un informe secreto y nefasto sobre el candidato. Aquel caudillo apasionado por las intrigas, las extorsiones y los más intrincados juegos políticos, consiguió en ese momento la bendición de la primera dama. Ahora, más de cincuenta años después, aquel juego de intrigas parece atarlo de pies y manos. Página/12 está en condiciones de anticipar que el próximo fin de semana Juárez desfilará por el juzgado federal de Santiago, imputado como autor del delito de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. La justicia lo investiga por la desaparición de cuatro ciudadanos santiagueños en 1975 y 1976. Una fuente inobjetable del juzgado adelantó un final: “Existen elementos suficientes como para que quede detenido”.
Si los pasos judiciales se cumplen tal como están previstos, en la indagatoria de la semana próxima comenzará a escribirse el epílogo de un régimen sostenido a lo largo de los días y las noches de cincuenta años en una provincia donde la siesta parece la única atracción.
La acusación contra Juárez está ligada al proceso de investigación que se abrió en el juzgado federal de Santiago del Estero el año pasado, a raíz de una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. En aquel momento, la secretaría de Eduardo Luis Duhalde llegó a la provincia con un expediente que contenía los nombres de 28 de los 60 desaparecidos en Santiago del Estero. Las pruebas colectadas en ese momento no alcanzaban al gobernador. Recogían una cantidad de testimonios de víctimas de la represión tomados en la Conadep y exigían una investigación sobre los responsables directos e indirectos de los allanamientos, torturas, desapariciones y muertes de las víctimas del terrorismo de Estado.
El peso pesado en aquel paquete no era Juárez, sino uno de sus bastoneros privilegiados, el ex comisario Musa Azar. Que a esta altura ya estaba convertido en el paladín de la herencia negra del juarismo, detenido por homicidio cuádruplemente calificado en el llamado doble crimen de la Dársena, tal vez el principio de la crisis santiagueña.
De hecho, el secretario Duhalde había llegado a la provincia cuando se conocían algunos de los tramos más sórdidos de aquella historia: el capítulo que conectaba a las dos jóvenes muertas con la finca privada de Musa Azar. Una reserva zoológica donde habría transitado y se habría descuartizado el cuerpo de Leyla Bshier. Una propiedad donde tres policías a cargo del ex comisario habrían torturado hasta matarla a Patricia Villalba. Esos datos abrieron inmediatamente una denuncia pública de la Asociación de Familiares de Víctimas y Desaparecidos Políticos de Santiago del Estero. Después de años de ostracismo, de miedo y de terror, los familiares comenzaron a exigir investigaciones sobre ese campo zoológico bajo la sospecha de que podría haberse usado como territorio de los campos de enterramiento y detención de la dictadura militar.
Juárez para entonces no estaba en el gobierno. Corrido y amenazado por la intervención militar, pasaba sus días refugiado en España. Por esa razón, la investigación que se iniciaba parecía que no iba a tocarlo. Y sin embargo, lo alcanzó. Otra vez, en el medio hubo un cambio.
En el nombre de Juárez
Hasta finales del año pasado, la historia de la crisis política e institucional abierta en Santiago parecía que sólo iba a tragarse a los que hasta allí se había devorado: al ex comisario Musa Azar y, a su zaga, a tres de sus funcionarios policiales, al diputado del juarismo Carlos “Pololo” Anauate y al juez Mario Castillo Solá. Todos acusados y detenidos por el doble crimen de la Dársena.
Pero el proceso de crisis continuó. En diciembre, mientras los familiares del doble crimen seguían manteniendo con sus marchas un reclamo de justicia más estructural, la Asociación de Familiares metió la primera daga contra “Carlos V”, el hombre que gobernó cinco veces en forma directa la provincia y que ahora se mantiene en el poder como Asesor Político y Legislativo de la gobernadora, Mercedes Aragonés, La Nina, su mujer.
La daga fue la primera ampliación que hicieron en la causa federal los integrantes de la organización de Familiares. Entre otros elementos, incorporaron cuatro nombres a la lista de desaparecidos que tramitaba en el juzgado federal:
1 Emilio Antonio Ibarra: “Que en la fecha de 13 de marzo de 1976 en pleno gobierno constitucional del Dr. Carlos Juárez, y siendo ministro de gobierno Antonio Robin Zaiek, fue secuestrado desde su domicilio en la calle Vicente López Nro. 137 de la ciudad de La Banda, aproximadamente a las 23 horas”.
2 Emilio Alberto Abdala: “El ‘Chongo’ Abdala era concejal por el MID, entonces línea oficial del partido justicialista, en la ciudad de Clodomira. El 29 de noviembre de 1975, cerca del mediodía, fue allanado su domicilio por hombres de civil con armas largas. Abdala estaba en Salta. El 3 de diciembre a las 18.30 horas fue recibido por el ministro de gobierno en su despacho de la casa de gobierno (...) Las versiones posteriores indican que habría sido entregado al Ejército y que se habría fugado del Batallón Ingenieros”.
3 Daniel López Saracco: El 7 de febrero de 1976, Saracco abandonó una fiesta de casamiento para ir a buscar cigarrillos. “Mientras caminaba por la calle Alvear, fue interceptado por un vehículo con personas vestidas de civil. El conductor era el oficial de policía Tomás Garbi”, uno de los hombres denunciados en el Nunca Más y empleado del gobierno.
4 Luis Alejandro Lescano: Un escribano que había formado parte de la delegación argentina que participó en 1952 del Congreso Mundial de la Paz. El 13 de marzo de 1976, Lescano salió del Jo- ckey Club hacia la plaza Independencia, en pleno centro de la capital santiagueña. A las 21 horas “testigos presenciales narran que fue detenido en el interior de la plaza Independencia por Antonio Musa Azar, Tomás Garbi y Juan Bustamante”, entre otros funcionarios de la Side provincial. “Nunca más fue encontrado, secuestrado en un gobierno constitucional, por empleados públicos que integraban el Departamento de Informaciones Policiales.”
Esa última parte de la presentación judicial ahora sería una pieza jurídica clave para atar a Juárez con el destino de los desaparecidos.
Antenor Ferreyra, un abogado santiagueño, referente de la Asociación de Familiares, le explicó a Página/12 una de las peculiaridades que tenía Santiago del Estero en ese momento: “La provincia no tuvo ni paramilitares como la Triple A, ni parapoliciales; los cuatro desaparecidos fueron signados como peligrosos gracias a los informes de Musa Azar, pero Musa Azar y los otros funcionarios –agregó– no eran de la policía, eran empleados públicos de la provincia”.
La prueba legal
La imputación que está en manos del juzgado de Toledo requiere un repaso rápido sobre uno de los capítulos de la historia: la llamada ley Luder, que puso a disposición del Ejército a las policías de las provincias. Ese fue el argumento con el que hasta ahora la cadena de mandos yresponsabilidades penales por los desaparecidos, se olvidaba de Carlos Juárez.
Históricamente, detrás de las denuncias por estos cuatro casos de desaparecidos, habían aparecido acusaciones contra los delegados territoriales del Ejército. En esas denuncias, Musa Azar, Garbi y Bustamante –sólo algunos de los denunciados– no aparecían mencionados como empleados de la provincia, sino como parte orgánica de la policía.
Pero según Ferreyra, no eran policías: “Eran parte de la planta permanente de la DIP, dependencia de inteligencia política del gobierno, es decir la Side”. La estructura de la Side provincial existe desde noviembre de 1974 y fue creada por un decreto de Carlos Juárez. Por allí no sólo pasaron los cuatro desaparecidos que pesan sobre las espaldas del caudillo, sino también los más de treinta detenidos por razones políticas que existieron en la provincia antes de la dictadura. Entre los que están los casos de Luis Garay y Cristina Torres, presentados por los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos en una ampliación de la denuncia original en la que se le pidió al juzgado una investigación, ahora sí, “abierta a todas las víctimas” y “a todos los responsables”.
Entre la lista de la cadena de mandos que contempla a los hombres del Ejército y a los empleados provinciales, los Familiares instalan a Carlos Juárez: “Para nosotros es jurídica y políticamente responsable”, insiste Ferreyra. “Los servicios de Inteligencia de la provincia en 1974 no pertenecían a la policía.”
Pero el cúmulo de elementos de prueba que se pondrían en juego en la imputación contra el viejo caudillo continúa. En diciembre del año pasado, el juez Angel Toledo firmó una resolución que ahora se transforma en una de las piezas jurídicas que habilitarían la detención. En la resolución que forma parte del expediente 9002/2003 consideró al “genocidio y a los delitos de lesa humanidad como delitos imprescriptibles”. Los destinatarios de la resolución original eran los defensores del ex comisario Musa Azar. Habían interpuesto en el juzgado un recurso por “cargos prescriptos” para frenar la causa. “El argumento de la respuesta sería el mismo criterio con el que se evaluarían los cargos contra Juárez”, le indicaba a este diario una fuente con acceso directo a la resolución.
Las denuncias de la Asociación y la resolución de Toledo no son los únicos elementos de prueba ni los más importantes contra el funcionario. El juzgado comenzó a analizar la situación del caudillo con más dedicación en los últimos días a partir de las declaraciones públicas de su viejo amigo, nuevamente, el ex comisario Musa Azar. La semana pasada, Musa se autoincriminó como responsable de la detención que terminó con la desaparición del concejal Abdala. Inmediatamente, dejó a su ex jefe en medio de un jaque: “Seguramente, Juárez, que era gobernador, debía saber de la detención”.
Aquella frase fue repetida al día siguiente. Esa vez frente a Toledo y la fiscal Cecilia Indiana Garzón, que concurrieron a la Gendarmería, el sitio donde está detenido, para indagarlo. En ese contexto, Musa volvió a nombrarlo. Primero reconoció que “me hizo llamar el ministro de gobierno”. Y agregó: “Si me llaman a la casa de gobierno y me ordenan que lo lleve a Abdala, esto tiene que estar en conocimiento del gobernador”. Para la fiscalía, Musa “infirió de ese modo que un ministro no puede actuar sin la aprobación de un superior”.
Los motivos de Juárez
La historia política del caudillo aún no está escrita. Y menos su final. Quienes lo conocen de cerca, retratan a ese hombre aparentemente desgastado con su antítesis: un Tyson. Uno de sus viejos socios políticos, hoy decididamente alejado y en plena pelea por la herencia, lo dice así: “Aparentemente lo ves perdido, pero adentro del cuadrilátero, en medio del ring, apenas pegás media vuelta, te deja fuera de juego”.
Ese Tyson es capaz de enfrentarse a una tormenta, sentado literalmente con un juego de palabras cruzadas sobre las piernas. A eso se dedicó el domingo pasado durante su último viaje a Buenos Aires, en el que venía a negociar en el Ministerio del Interior una salida política para su gobierno. En aquella oportunidad escuchó del gobierno nacional el mismo reclamo que habían oído sus diputados días antes: Santiago tiene dos cuentas pendientes, la Justicia y los derechos humanos.
Esa cuenta pendiente no es reciente para quienes trabajan en los organismos de derechos humanos locales. El propio Antenor Ferreyra lo instala dentro de la herencia “fascista del peronismo católico”, el sector que nutrió a las bandas de la Triple A en la provincia de Córdoba. En ese escenario, Juárez aparece de la mano del lopezreguismo en la réplica de los escuadrones de la muerte provinciales. Y como aliado económico del Monje Negro en los negocios: “Por sus convicciones desarrolla no sólo amistad sino que consigue un gran favoritismo económico para la provincia”, indica Ferreyra. “A través del ministerio de Bienestar Social, por ejemplo, López Rega le otorga un crédito para 9000 viviendas.”
La política de entrega de viviendas a crédito, la política sostenida en una estructura provincial donde un 70 por ciento de los habitantes dependen directa o indirectamente del Estado, son algunas de las piedras sobre las cuales el caudillo ha basado su permanencia en el poder. Entre esas piedras nodales están sus ex funcionarios. Los hombres como Musa Azar que sostuvieron a lo largo del tiempo un régimen denunciado por sus semejanzas con la dictadura militar.
Ahora nadie sabe cuál será su próximo paso. Tal vez, nuevamente vuelva a pedirle la renuncia a su mujer. Tal vez vuelva a salir al ring, apele la indagatoria y gane. Pero ciertamente, seguirá con las palabras cruzadas: jugando.