“Ni la Justicia plena podrá reparar la aberración” de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, señaló el presidente Néstor Kirchner al presentar ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada el proyecto de ley que amplía la indemnización para las víctimas de la dictadura a los niños –hoy jóvenes– que nacieron en cautiverio y permanecieron privados de su libertad junto a su madre o que fueron apropiados. María Esther Alonso Morales habló en representación de los hijos de desaparecidos y conmovió al auditorio. El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, no pudo evitar que se le escaparan algunas lágrimas.
“No estamos mirando el pasado sino tratando de resolver una fuerte asignatura pendiente: aplicar justicia, no con rencor, no con venganza, no con teoría que igualan situaciones”, sostuvo el Presidente, al calificar de “absolutamente inaceptable” la “teoría de los dos demonios”, que intenta justificar la violencia estatal con una supuesta agresión de las organizaciones armadas.
En el discurso que pronunció en un Salón Blanco repleto de funcionarios y miembros de organismos de derechos humanos, Kirchner pidió “perdón” a los hijos de desaparecidos que fueron privados de su libertad o apropiados, y lamentó que en los “20 años de democracia” no se haya tenido “la fuerza, la valentía y la decisión de profundizar pasos muy buenos que se habían comenzado a dar”, como el juicio a las juntas militares en 1985. “Sin querer apuntar a nadie, honestamente les digo que durante muchos años miles y miles de hombres y mujeres que participamos de la vida política argentina convivimos y aceptamos como método de convivencia para que la democracia pudiera sobrevivir, un marco de impunidad”, dijo. El Presidente hizo votos para que “nunca más pasen las cosas que pasaron durante la dictadura y nunca más miremos al costado”, y remarcó que a pesar del tiempo transcurrido aún existen más de 500 hijos de desaparecidos que siguen secuestrados. “Que haya habido madres y chicos tirados al arbitrio de la voz imperativa de asesinos que supuestamente representaban a la argentinidad, que nosotros hayamos podido convivir con este tipo de cosas, nos debe hacer reflexionar seriamente a los argentinos”, agregó.
María Esther Alonso Morales fue la encargada de agradecer el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. En representación de los jóvenes que fueron secuestrados sostuvo que “mientras los responsables de los crímenes sigan en libertad esta reparación es irrisoria”. También señaló que “no fue el Estado democrático el que nos buscó sino nuestras abuelas” y que por lo tanto “es justo que el Estado asuma la deuda que tiene con nosotros porque nos desamparó cuando lo necesitamos”.
“Hace más de 20 años, siendo niños, muchos de nosotros fuimos secuestrados con nuestros padres, incluso antes de nacer. Muchos de nosotros nacimos en cárceles o centros clandestinos de detención. Muchos después de estas detenciones ilegales fuimos devueltos a nuestras familias, muchos de nosotros no, y continuamos secuestrados con nuestros nombres, con nuestras historias y familias robadas hasta que fuimos restituidos”, reseñó. La joven, que es abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, fue aplaudida de pie por todos los asistentes. Estaban presentes el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el de Justicia, Gustavo Beliz; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el de Legal y Técnica, Zanini. Todos, conmovidos, abrazaron y felicitaron a Alonso Morales, quien recalcó que las palabras que había pronunciado habían sido escritas en conjunto y que ella fue la encargada de transmitirlas.
La ley de reparación a los niños secuestrados establece que la indemnización consistirá en el pago por única vez de una suma equivalente a veinte veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8 del sistema nacional de la profesión administrativa, una cifra que en bruto asciende a los 3564,40 pesos. Cuando el beneficiario hubiese sido víctima de sustitución de identidad recibirá por todo concepto lo mismo que fijala ley 24.411 (sobre los desaparecidos adultos) que ronda los 220.000 pesos.