El procurador general sustituto, Luis González Warcalde, se pronunció a favor de extender el beneficio de indemnización a las víctimas de la última dictadura, que hasta ahora se otorga a quienes estuvieron secuestrados, a los asilados o refugiados políticos. El reclamo fue hecho por Susana Yofre de Vaca Narvaja, quien señaló que “no tuvo la facultad de optar o de elegir salir del país porque o abandonaba el territorio nacional o permanecía y se enfrentaba a un destino por demás incierto y peligroso”. La mujer señaló que durante la dictadura asesinaron primero a su esposo y luego a su hijo y que todo el grupo familiar Vaca Narvaja, conformado por 26 personas, fue perseguido. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo, pero ahora el procurador recomendó a la Corte Suprema que lo acepte. “Detención, no sólo para esa ley sino también para el sentido común, significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria. Así, curioso sería negarle el carácter de detenido, por ejemplo, al general José María Paz, cuando cambiando siete años de calabozo fue trasladado a Buenos Aires, por decisión de Rosas, teniendo la ciudad por cárcel”, aseguró González Warcalde en su dictamen.