Fue una demostración de cinismo puro. Duró dos horas. Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, intentó ser irónico, provocar, hacerse la víctima y deslindar en los militares la responsabilidad de todos los crímenes en los que participó durante la última dictadura. Pero no fue suficiente. Sus propias palabras lo dejaron en evidencia. Llamó “lacras” a los desaparecidos y reconoció que en las brigadas a su cargo hubo “prisioneros de guerra” que no eran puestos a disposición del juez competente. “No había nada clandestino. Eso es un invento del marxismo para confundir”, aseguró. Así culminó la primera jornada del juicio oral y público por el secuestro y la sustitución de identidad de Carmen Gallo Sanz, que nació en un campo de concentración de la provincia de Buenos Aires. Junto con Etchecolatz está siendo juzgado el médico policial Jorge Bergés, quien se negó a declarar.
Apenas se sentó en la silla que estaba en el medio de la sala de audiencias, quedó claro que Etchecolatz había aceptado responder las preguntas de los jueces, los fiscales y las partes sólo para poder pronunciar el descargo que tenía preparado, una defensa más política que jurídica. Desde que le preguntaron sus datos personales hizo uso de la chicana. “¿Tiene sobrenombres?”, lo interrogó el presidente del Tribunal Oral número uno de La Plata, Nelson Javier Jarazo. “Negativo”, fue la respuesta. “¿Su número de DNI?”. El represor buscó un papel en el bolsillo interno del saco y sacó un papel para leerlo. “Es que soy frágil de memoria y como sabía que me lo iban a preguntar...”. Los murmullos de indignación no se hicieron esperar.
El público veía su espalda. El traje gris a rayas y la nuca con escaso y corto pelo gris. Las dos orejas sobresalían. Por la mañana se habían leído los autos de elevación a juicio de los fiscales Carlos Dulau Dumm y Hugo Cañón, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Durante todo ese tiempo se había podido ver la cara rosada del represor, sus ojos que buscaban inquietar a los familiares o los sobrevivientes. En silla de ruedas y separado de su ex jefe por sus respectivos abogados, estaba Bergés. Con más pelo y bigotes, con la mirada menos firme y con un aparato de ortopedia en la mano izquierda que se sacaba y ponía cada dos por tres, el médico no cruzó en todo el día ni una palabra con el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Entre el público, los miraba el juez federal de La Plata Julio Miralles, que padeció el maltrato de ambos mientras estuvo detenido. “Es duro verlos, pero esperé 27 años de mi vida para que estén ahí”, comentó a Página/12.
Los jueces Ana Beatriz Aparicio, Carlos Alberto Rozanski y Jarazo juzgan a Bergés y Etchecolatz por el secuestro y supresión de identidad de la hija de la desaparecida Aída Sanz, de origen uruguayo. La mujer estaba embarazada de nueve meses cuando fue secuestrada el 23 de diciembre de 1977 y cuatro días después nació su hija. El parto se realizó en el Pozo de Quilmes o en el de Banfield y fue prácticamente provocado por las torturas. La niña fue entregada por Bergés a un matrimonio ajeno a las Fuerzas Armadas. Este es el tercer juicio oral y público por robo de bebés durante la última dictadura, pero es el primero en el que no se juzga a los apropiadores directos y sí, en cambio, a los represores que fueron responsables del delito por su acción dentro de los campos de concentración. Las audiencias continuarán el lunes y está previsto que se presente la hija de la desaparecida Aída Sanz.
A diferencia de Etchecolatz, Bergés se negó a declarar. Su abogada, la defensora oficial Laura Inés Díaz, había pedido que se anulara el análisis genético que prueba la identidad de María de las Mercedes (Carmen) Gallo Sanz y que se desestimara parte de la acusación por considerarla “cosa juzgada”. Etchecolatz quiso presentarse como un perseguido político. “Estoy preso injustamente y me han inventado otras tres causas en la Capital”, aseguró. Jarazo le pidió que se limitara a responder lo que era relevante para la causa. El represor admitió la existencia de secuestrados en las brigadas de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Sólo que él los llamó “prisioneros de guerra”, “lacras” o “terroristas” y aseguró que eran responsabilidad del Ejército y que él no tenía acceso a ellos. Pero también reconoció haber participado personalmente en “operativos” o “enfrentamientos”. Como era previsible negó todo vínculo con detenidas embarazadas, pero, a la vez, dijo que supo que en la brigada de La Plata había habido un nacimiento. “Se hizo una fiesta y los policías les regalaron un cochecito. Eran prisioneros que no querían que los dejaran en libertad”, dijo. Cuando Cañón empezó a hacerle preguntas incómodas que ponían en evidencia su compromiso con conductas vinculadas con el terrorismo de Estado, el acusado dio por terminada su intervención. “No quiero contestar más”, dijo. El presidente del tribunal le recordó que era su “derecho constitucional”. Muchos dudaron de que entendiera el concepto.