La decisión judicial de declarar inconstitucionales los indultos del menemismo que beneficiaron a seis militares tuvo ayer su primera consecuencia concreta. El ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército, general retirado Jorge Olivera Rovere, quedó detenido transitoriamente en la Dirección de Bienestar del Estado Mayor del Ejército y durante esta semana será indagado por el juez Rodolfo Canicoba Corral por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad.
“Está detenido porque yo lo requerí. Se le imputan algunos delitos que antes no se le habían imputado y es requerido para que preste declaración indagatoria”, explicó el magistrado, quien el viernes declaró nulos e inconstitucionales los indultos que firmó Carlos Menem entre 1989 y 1990. Olivera Rovere era el único represor del grupo de los perdonados que estaba en libertad. Adolfo Sigwald, José Montes y Andrés Ferrero han fallecido, en tanto que el ex comandante Guillermo Suárez Mason y Juan Bautista Sasiaiñ ya están presos, involucrados en la apropiación de hijos de desaparecidos.
El abogado de Olivera Rovere, Juan Aberg Cobo, adelantó que el lunes se presentará en el juzgado para pedir el arresto domiciliario para el militar, quien tiene 79 años. El letrado no descartó plantear la inconstitucionalidad de la resolución del magistrado, una vez que estudie las más de 70 páginas del fallo. “Es una aberración jurídica. En el momento que salió el decreto otorgado por Carlos Menem, Olivera Rovere estaba en prisión preventiva atenuada, es decir que gozaba de la libertad”, criticó Aberg Cobos. Según el abogado, su defendido debería estar libre ya que “entre los considerandos del fallo se establece además que se retrotraiga todo a la situación anterior al indulto”.
Cuando era general de brigada, Olivera Rovere ocupó el cargo de segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, que encabezaba Carlos Guillermo Suárez Mason, y fue el responsable de los centros clandestinos que funcionaron en la Capital. Con la vuelta de la democracia fue procesado por graves violaciones a los derechos humanos. No fue beneficiado con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero en 1989 obtuvo el indulto firmado por Menem.
Con su decisión de declarar la inconstitucionalidad de los indultos, Canicoba Corral busca despejar los obstáculos, que el propio Estado clausuró, para poder juzgar a los represores implicados en la causa en la que investiga los crímenes cometidos en el área del Primer Cuerpo, reabierta después de que el Congreso aprobara la nulidad de las leyes de impunidad. Pese a la controversia que despertó en algunos sectores, el juez defendió la medida y aclaró que no tiene “ningún compromiso político”, en respuesta a las afirmaciones de algunos constitucionalistas que adjudicaron la resolución a una “motivación política relacionada con la interna del justicialismo”.
El fallo de Canicoba Corral se basa en que los delitos investigados se enmarcan en lo que el derecho internacional considera delitos de lesa humanidad y que, como tales, son “imprescriptibles e inindultables”. Los indultos, explicó el juez en su resolución, “han constituido una violación a las obligaciones internacionales del Estado argentino de investigar graves violaciones a los derechos humanos, procesar, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a un recurso efectivo a las víctimas y sus familiares”. En cuanto a las leyes locales, el magistrado destacó que no es “constitucionalmente viable” que el Ejecutivo indulte a personas que no tuvieran condena firme, entre otras cosas porque “violenta la división de poderes”. Ese es el caso de Olivera Rovere, que al momento de beneficiarse con el indulto estaba siendo procesado.