La crisis política que atraviesa el gobierno de Santiago del Estero se agudizó ayer con la renuncia de dos ministros que resultaron imputados en la causa judicial en la que se investiga el espionaje de ciudadanos que realizaba la policía provincial.
Los renunciantes fueron el jefe de Gabinete, Carlos Pena, y el ministro de Gobierno, Miguel Angel Tejera, quienes resolvieron dejar sus cargos de manera “indeclinable” luego de que fueran acusados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” por violar la ley de inteligencia. El fiscal Alberto Pravia también acusó por su responsabilidad en la creación de esos archivos secretos a la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés y a su marido, el cinco veces gobernador Carlos Juárez. A todo esto, Juárez viajó ayer a Buenos Aires para reunirse diez minutos con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y buscar un abogado que lo ayude a resolver su situación judicial cada vez más complicada. Según explicaron en Interior, Fernández se limitó a escuchar la explicación que le llevó Juárez.