La resolución de los problemas energéticos, que amenazan con interrumpir el suministro de gas y electricidad a las grandes empresas y ponen en riesgo la continuidad productiva a algunos sectores industriales, ingresan en una semana de definiciones, aseguraron voceros gubernamentales.
“El tema energético está casi resuelto y esta semana se adoptará la solución definitiva que permita a las empresas (proveedoras) hacer las inversiones que no han hecho y encarar las obras necesarias para garantizar el suministro del año que viene”, aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Fernández confirmó que el Gobierno analiza la “posibilidad” de aumentar en un 10 por ciento las retenciones a las exportaciones de combustibles a fin de garantizar la provisión del servicio en todo el país. La alternativa de subir del 20 al 30 por ciento el impuesto a las exportaciones de combustibles fue mencionada como mecanismo para presionar a las petroleras a que realicen las inversiones, postergadas desde hace varios años y cumplan con el compromiso de suministrar gas y electricidad sin interrupciones.
La medida, que aportaría un ingreso fiscal adicional de 25 millones de dólares mensuales, prevé la utilización de esos recursos para la creación de un fondo de emergencia que se aplicaría a cubrir los mayores costos derivados de producir electricidad con combustibles alternativos al gas. Al respecto se indicó que el costo adicional de usar combustibles como fuel oil o gasoil en lugar de gas para generar electricidad insumiría unos 200 millones de pesos por mes.
Tal como informó en exclusiva Página/12 el sábado, el Gobierno decidió que ni los usuarios ni el Estado pagarían la diferencia de precio entre usar gas y utilizar fuel oil, si por la falta de energía es necesario importar fuel oil.
El gobierno nacional atribuye la posible escasez de gas a la suspensión de las inversiones en prospección (exploración de nuevos pozos e incremento de las reservas) por parte de las petroleras que apostaron a la continuidad de la crisis económica y ahora se encuentran con un cuadro de crecimiento productivo y aumento de la demanda energética.
Aunque la interrupción de las inversiones se arrastran desde 1998, según los informes más confiables que manejan los funcionarios del sector, las empresas energéticas pretenden vincular su inactividad con la postergación del ajuste tarifario posterior a la devaluación monetaria registrada tres años después por lo que también se sospecha que las amenazas de interrupción del servicio sea una maniobra para forzar el aumento en los precios del gas y la electricidad.
“Si el Gobierno garantiza la fuente de la energía, el gas y la electricidad necesaria, cosa que estamos muy cerca de resolver, se podrán hacer las inversiones que el país está reclamando para que en años siguientes no nos hagan vivir sobre ascuas como estamos viviendo”, dijo Fernández.