Antes de sentarse frente a los jueces del Tribunal Oral 4, donde tendrá que justificar cómo hizo su fortuna, María Julia Alsogaray puso condiciones: pidió que se autorice la televisación en directo del juicio y solicitó la presencia de un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El comienzo de las audiencias del juicio que puede llevar a la ex funcionaria a su primera condena está previsto para el martes 13 de abril.
Desde la cárcel –donde está por otra de las tantas causas en su contra– María Julia envió un escrito con sus pretensiones a los jueces Horacio Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino, que la juzgarán por enriquecimiento ilícito, un delito que prevé entre dos y seis años de prisión. El texto alude al seguimiento que tuvo en los medios la pesquisa sobre su patrimonio. “Estos mismos obrados fueron iniciados, impulsados y proseguidos desde ese ámbito”, dijo. “Justo es que ahora la suscripta pretenda que la población en general pueda también nutrir su información y opinión directamente de lo que va aconteciendo en los estrados judiciales”, sostuvo al pedir que haya cámaras “sin restricción alguna”.
Con términos que en otros tiempos no frecuentaba con tanta asiduidad, la ex secretaria de Recursos Naturales reclamó “la mayor transparencia que resulte posible”. En este caso, dice, se basa también en que sabe que varios medios –ejemplifica con Crónica TV– ya pidieron permiso para la televisación y en que “la publicidad es característica y requisito de validez del juicio oral”. Subraya, esta vez, su coincidencia con el “legítimo interés” de “la sociedad”.
Si el tribunal accede a esta solicitud, en la pantalla chica no sólo se podrá ver a la ingeniera, que tendrá que explicar cómo consiguió 2,5 millones de pesos sino a un desfile de por lo menos 50 testigos. En la lista figuran su ex marido, Francisco Erize, el ex secretario presidencial del menemismo Eduardo Bauzá, el peluquero Diego Impagliazzo y hasta el contador con quien ella se peleó, Mario Furlone.
En otro punto de su pedido, la ex funcionaria recuerda que denunció al Estado argentino ante la CIDH porque considera que se violaron sus derechos y garantías y, por eso, pide que el tribunal “invite expresamente a dicha comisión para que envíe un veedor que presencie el desarrollo de toda la audiencia”. Las quejas ante el tribunal internacional se están convirtiendo en un manotazo de ahogado habitual entre los menemistas, como ocurrió con el ex juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor después de su destitución. Una de las objeciones de María Julia es la que suele repetirse en la mayoría de los juicios por enriquecimiento ilícito: como se trata de un delito que invierte la carga de la prueba (el acusado debe demostrar su inocencia y justificar su riqueza) lo consideran inconstitucional. El argumento es que se violaría el principio de inocencia y la garantía de no autoincriminación, entre otras cosas.
María Julia sigue sin pagar abogados y para el juicio oral la representa la defensora oficial Pamela Bisserier. El año pasado la letrada hizo un planteo de inconstitucionalidad, prescripción y nulidad de las acciones, pero el tribunal oral rechazó todo ese paquete. Días atrás presentó un recurso extraordinario con los mismos argumentos ante la Cámara de Casación, advirtiendo que entretanto debería suspenderse el inicio del juicio. Los jueces no parecen dispuestos a postergar nada y destinarían la primera audiencia a la lectura de la acusación elevada por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que hicieron la investigación.
En la causa por irregularidades y sobreprecios en la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales, que es la que la llevó a la cárcel por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, la Oficina Anticorrupción pidió como querellante la elevación a juicio oral.