Los Juárez preparan un prolijo plan de resistencia contra la intervención: largo, peligroso y capaz de profundizar los rasgos más bárbaros del régimen en las próximas horas. Desde hace dos días el oficialismo recorre el interior de la provincia con camiones, dinero y los mecanismos habituales de intimidación para convocar a una marcha supuestamente multitudinaria y de resistencia para esta tarde a las 19. Aunque nadie lo confirmó, los rumores adelantaban escraches a opositores y una resistencia con “palos y cadenas”. Los rumores sobre la marcha están en línea con la andanada de amenazas y agresiones que se desataron en las últimas horas. Ayer hubo golpes y gritos sobre periodistas locales y amenazas contra dirigentes de la oposición. Ni Carlos Juárez ni la gobernadora Mercedes Aragonés, su obstinada esposa, abandonarán la conducción del gobierno. En este momento están empecinados: cuentan los ahorros en el Banco de Santiago para sostener económicamente a la Provincia si faltan los fondos coparticipables de Nación.
Con Carlos Juárez suceden varias cosas. En su entorno, un grupo cada vez más reducido de dirigentes con un aparato de movilización anclado en las regiones más pobres del interior y en el 86 por ciento de una población que depende económicamente del Estado, asegura que el viejo caudillo no cree en la intervención. “Sigue pensando que la embestida de la Nación pasa por las causas judiciales y no por el gobierno”, le explicaba ayer a este diario uno de sus abogados, por estas horas el grupo más cercano a la Casa de Gobierno. “Sabe qué pasa –razonaba el abogado con atino–, cada vez que Juárez parecía al borde de una crisis, siempre terminó salvado por alguna figura del gobierno nacional”.
Esa falta de entrenamiento en el estilo K o una lectura errada del proceso de profundización de la crisis interna, guía ahora cada uno de los pasos de su gobierno.
Carlos Segienowiz, vocero de la Casa Rosada santiagueña, diputado y dirigente de una fracción minoritaria de las 62 Organizaciones, puso en blanco sobre negro la filosofía del plan de lucha. Vaticinó una movilización multitudinaria para esta tarde de unas 40 mil personas “en apoyo a las instituciones y a la decisión de no renunciar de la gobernadora”. Y en sus palabras, la síntesis: “Hemos decidido resistir y movilizar al pueblo santiagueño para defender a las instituciones y a nuestros líderes y conductores que fueron elegidos con el 72 por ciento de los votos”.
La embestida será una respuesta directa al gobierno, pero además un mensaje a los diputados nacionales: a la misma hora en que el bloque del PJ esté tratando el caso Santiago, los juaristas estarán ocupando la calle. Una ocupación que además prevé el envío de una comisión especial al Congreso: los dos únicos diputados santiagueños que aún le responden a Carlos Juárez presentarán un insólito proyecto de no-intervención, con la idea de frenar la avanzada de Nación.
Pero no es lo único. A estas últimas horas de tensión, se sumó el vaticinio de escraches e incendios durante la marcha. Esa supuesta avanzada fue denunciada ayer por César Barrojo, uno de los abogados locales que impulsó dos de los juicios políticos aún pendientes contra la gobernadora. “La crisis que vive la provincia puede derivar en disturbios”, decía mientras pedía que se acelere la intervención para evitar la profundización de lo que definen como cacería de brujas. En tanto, en el Juzgado Federal de Angel de Jesús Toledo se manejaba esa misma información, según pudo saber este diario después de una consulta.
Los rumores sobre los eventuales desmanes tuvieron un correlato objetivo: comenzaron ayer a la mañana poco después de la durísima provocación de unos 200 manifestantes del oficialismo contra una docena de periodistas y camarógrafos que estaban frente a la Casa de Gobierno. Las manifestantes, integrantes de la poderosa rama femenina que controla Nina Juárez, les gritaron y les exigieron que se fueran de la plaza. Los periodistas fueron agredidos. La policía provincial no intervino. Y los agredidos tuvieron que correr a buscar asilo a la sede de la Policía Federal ubicada frente de la Casa de Gobierno.
La resistencia de Carlos Juárez no termina esta noche, ni cuando se anuncie la intervención. Al parecer incluye una revisión de los fondos bancarios de la provincia. En este momento, tiene ahorrados en un plazo fijo unos 470 millones de pesos, el gran caballo de batalla del gobierno. De acuerdo con los hombres de su entorno, los ahorros le permitirían sostener los sueldos de la administración pública durante varios meses sin la coparticipación federal. El viejo caudillo viene acumulando el dinero “por las dudas” desde hace diez años cuando recuperó el control de la provincia después de dos años de la intervención federal de Juan Schiaretti. La intervención llegó en aquel momento después del estallido social conocido como El Santiagazo, un proceso de crisis que se agudizó por un retraso en el pago de salarios de los empleados públicos. Un retraso producido justamente, porque la Nación se atrasó con el envío de los fondos. Aquella vez, Santiago terminó con la Casa de Gobierno incendiada y Juárez con su casa completamente quemada. Ahora pretende escaparse de sus dos grandes fantasmas: la intervención y la quema.