El juez federal Sergio Torres ya tiene en su despacho un reclamo de organismos de derechos humanos que le permitirá declarar la inconstitucionalidad de los indultos en la causa en la que se investigan los crímenes que se cometieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
“La declaración de inconstitucionalidad que aquí pedimos traerá aparejado el adecuamiento del derecho interno a los principios del derecho internacional de los derechos humanos”, argumentaron los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La solicitud, realizada ayer, se refiere al perdón que benefició a los vicealmirantes Julio Antonio Torti y Antonio Vañek. Antes del indulto, el primero estaba imputado de 25 privaciones ilegales de la libertad, 23 tormentos, y el segundo de 51 privaciones ilegales de la libertad y 46 tormentos.
Los representantes de los organismos de derechos humanos basaron su reclamo en el fallo con el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el 19 de marzo pasado, declaró inconstitucionales los indultos que afectaban a los represores involucrados en la causa del Primer Cuerpo de Ejército. Cuando se conoció esa resolución, desde el juzgado de Torres dieron a entender que el juez estaba dispuesto a seguir los pasos de su colega, pero que no contaba con un pedido de alguna de las partes que le permitiera hacerlo. Ahora ya lo tiene.
Los expedientes de la ESMA y Primer Cuerpo de Ejército fueron reabiertos por la Cámara Federal después de que el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“La incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional y la existencia de un orden normativo supranacional para proteger los derechos esenciales y básicos de la persona humana evidencian una clara tendencia a la preservación universal y resultan fundamentos incontrastables para establecer la inviabilidad de toda norma, como el indulto, que impida el juzgamiento y persecución de tales crímenes”, señalaron los abogados.