“La televisación completa y en directo de la totalidad de las audiencias de debate no corresponde.” Así, tajantes, los jueces del Tribunal Oral 4 que juzgará a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito refutaron una petición que la ex funcionaria menemista hizo el lunes último. En cambio, accedieron a su solicitud de que el juicio, que comenzará el martes 13 de abril, sea fiscalizado por un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De la resolución se desprende, de todos modos, que deberá ser ella quien curse la invitación correspondiente a ese u otro organismo.
“El tribunal garantizará la publicidad del debate con el ingreso a la sala de audiencias de todas las personas que lo deseen y que el lugar físico admita, incluyendo obviamente al periodismo y a veedores o fiscalizadores, sean representantes de organismos nacionales e internacionales de carácter público, semipúblico o privado”, escribieron los jueces María Sanmartino, Horacio Vaccare y Leopoldo Bruglia, que componen el tribunal oral que juzgará a María Julia. Es probable que el proceso se lleve a cabo en la sala de Cámara de Casación Penal, en la planta baja de los tribunales federales de Retiro.
La ex secretaria de Medioambiente, cuya defensa asumió la defensora oficial Pamela Bisserier, hizo el pedido de televisación diciendo: “Tanto la sociedad como la suscripta tenemos interés en que este asunto se ventile con la mayor transparencia y publicidad que resulte posible”. El pedido de presencia de la CIDH lo hizo, entre otras razones, porque efectuó una denuncia ante ese órgano. El criterio de los jueces es que ella deberá encargarse de convocar a los veedores cuya presencia pretenda.
Alsogaray está presa en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Palermo, pero no es por la causa de enriquecimiento sino por otra en la que el juez Rodolfo Canicoba Corral la responsabilizó por irregularidades en refacciones del edificio de la Secretaría de Recursos Naturales. En realidad, el argumento judicial por el cual quedó confirmada su detención, se basó en la cantidad de procesos judiciales en su contra y la posibilidad de fuga.
El juicio oral que comenzará en unos días puede llegar a significar la primera condena para Alsogaray. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que investigaron su patrimonio, le adjudicaron un enriquecimiento ilícito (un delito que prevé entre dos y seis años de cárcel) de por lo menos 2,5 millones de pesos. En las audiencias, ella tendrá que justificar cómo obtuvo todo eso.