Muy pocos colaboradores del presidente Néstor Kirchner sabían, anoche, que el secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios Pablo Lanusse será el interventor en Santiago del Estero. Uno de esos colaboradores escuchó de Kirchner el criterio de selección: “No quiero armar una rosca ni quiero herederos de Juárez”.
La designación de Lanusse, que fue confirmada en la medianoche por Página/12 con funcionarios del propio Gobierno, es una de las más irritantes para el matrimonio de Carlos Juárez y Nina Aragonés. Otra hubiera sido la de Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos, quien de todos modos de entrada no figuró entre los candidatos. Lanusse y Duhalde, que construyeron una excelente relación personal, fueron los enviados del gobierno nacional para ayudar al desgaste de Juárez. Recogieron testimonios sobre irregularidades y acusaciones de violaciones a los derechos humanos y acompañaron las marchas del silencio de los santiagueños para investigar los supuestos crímenes del ex jefe de los espías Muza Azar.
Lanusse no es ni fue peronista. Convocado al Gobierno por Gustavo Beliz, quien siempre lo buscó para incorporarlo a la política, la llegada al Poder Ejecutivo lo transformó en un kirchnerista profesional. Sin embargo, sus amigos cuentan que Lanusse es, ya, vocacionalmente kirchnerista. El ejemplo que dan es que el 24 de marzo eligió ir con Beliz al acto en el que Kirchner anunció el traspaso de la Escuela de Mecánica de la Armada a la ciudad para destinar el sitio a un museo de la memoria.
En la transformación de Lanusse tuvo un papel clave el relevo del comisario Roberto Giacomino de la jefatura de la Policía Federal. Cuando Beliz le llevó a Kirchner los primeros datos con sospechas de corrupción, el Presidente tomó la decisión de echar a Giacomino con esta frase: “Podría dejarlo 40 días más para que se queme, pero con lo que ustedes me dan prefiero sacarlo ya mismo”. El episodio entusiasmó al ex fiscal.
Lanusse no tiene otra experiencia ejecutiva que su puesto actual y carece de experiencia partidaria. La segunda falta de veteranía jugó a favor del nombramiento de Lanusse: el Gobierno no quiere armar una rosca peronista y eligió a un interventor que no desea ni tiene los contactos y la práctica del tejido puntero por puntero. En cuanto a la primera, la inexperiencia ejecutiva, la respuesta oficiosa obtenida por Página/12 fue doble. Por un lado, ésta: “Ahora gobierna Nina Aragonés, la mujer de Juárez, y Juárez es su ministro de Economía; eso no es un Ejecutivo serio”. Por otro lado, también la que sigue: “Santiago tiene que desarrollarse y marchar a una economía diversificada, pero hoy mismo la administración económica es la contabilidad del dinero público”. En junio del año pasado un ex ministro de Juárez que había pasado a oponérsele, Antonio Calabrese, dijo que para el caudillo “no debe haber inversión privada, ni proletariado independiente ni burguesía autónoma”, y tampoco promoción industrial ni diferimientos impositivos para estimular la radicación de empresas. Explicó que uno de cada cuatro santiagueños depende del presupuesto oficial y los comerciantes languidecen si no están incluidos en los descuentos de los empleados públicos por planilla.
En 1993 el Poder Ejecutivo ya intervino Santiago del Estero con el actual vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y después volvió a ganar Carlos Juárez.
¿No podría ocurrir lo mismo? El cálculo del gobierno nacional es que el tiempo de los Juárez se agotó por motivos biológicos (Juárez tiene 87, Nina no es una figura con peso político propio) y políticos. Esta vez, estiman, la exposición de las violaciones a los derechos individuales fue mayor que hace 11 años. Juárez mismo, además, afronta causas penales y desde el momento mismo en que se decrete la intervención perderá cualquier protección especial.
En realidad, la falta de cobijo será más amplia, porque la principal función de Lanusse consistirá en limpiar el Poder Judicial. El informe suyo y de Duhalde entregado en octubre pasado señalaba “el unánime pedido tanto por el Colegio de Abogados como por parte de los organismos de derechos humanos, la Universidad Católica, el obispado, docentes e investigadores de la universidad nacional y de otras instituciones sociales, de urgente intervención del Poder Judicial”. Citaba el informe que “el 80 por ciento de los actuales magistrados deben ser removidos por su falta de independencia, de objetividad, de imparcialidad, carencia de idoneidad, por su subordinación al poder político y por sospechas de corrupción”.
Según el documento el crimen de la Dársena, en el que murieron Leyla Bashier y Patricia Villalba, “no hace más que evidenciar” una crisis de rasgos profundos. La situación del Poder Judicial “lesiona de tal modo la vigencia del Estado de Derecho que otorga condiciones objetivas para que el Estado nacional pueda adoptar los resortes jurídicos a su alcance para regenerar el sistema democrático constitucional”. De acuerdo con un gráfico que figuraba en el informe de Duhalde y Lanusse, Santiago del Estero se acercaba al 0 en el porcentaje de sentencias condenatorias en relación con los delitos cometidos. El promedio nacional es del 2 por ciento.
El texto también criticaba que el Consejo de la Magistratura introducido después de la intervención de Schiaretti no abarcase la necesidad de un concurso por oposición.
Un capítulo describía el trabajo de Azar en la inteligencia interna, que podría haber llegado a los 40 mil legajos personales.
Otro capítulo detallaba las denuncias de los vínculos entre Juárez y el grupo económico de Néstor Carlos Ick, que estaría integrado por el Banco de Santiago del Estero, Hamburgo Compañía de Seguros, Mercurio, hoteles y cementerios privados y propiedades rurales. Estas empresas serían beneficiarias permanentes de los contratos del Estado.
La secretaría diocesana de Derechos Humanos que depende del obispado, en los últimos años a cargo de Gerardo Sueldo y ahora de Juan Carlos Maccarone, aportó denuncias de desaparición de personas, asesinato, tortura y violencia policial. Junto con el Poder Judicial, la policía fue la institución más denunciada.
Si alguien quisiera buscar un programa inmediato de la intervención, lo tendría a través del informe: pulverización del Poder Judicial tal como funciona, reforma de la policía, investigación de la relación entre el Estado y los grupos económicos. También otros puntos mencionados, como el reforzamiento de la atención que se preste a los organismos de derechos humanos y una comisión especial para pensar la situación miserable de los campesinos en términos sociales y ecológicos.