“GARANTIZAR DERECHOS ELEMENTALES”
Claudio Lozano, diputado del monobloque de la CTA
Por Diego Schurman

–¿Qué pensaba decir en el Congreso?
–Tres puntos. Uno que aquí se asimila como una cosa equivalente la demanda de seguridad con la idea de la lucha contra el delito. Una sociedad segura es aquella que permite que sus habitantes puedan decidir su plan de vida. Y para garantizar la seguridad pública hay que garantizar derechos elementales de los cuales una de las responsabilidades es el tema de la lucha contra el delito, pero no es la única ni la más importante. La ausencia del derecho al trabajo, los niveles de ingresos sumamente bajos para una proporción alta de la sociedad, el déficit educativo y sanitario, también determinan por definición una sociedad insegura.
–¿Usted tiene alguna salida para ello?
–El segundo punto tiene que ver con una propuesta que pensamos con un conjunto de bloques. Decimos que la mayor parte de los delincuentes tienen entre 18 y 25 años. Es decir, que los menores llegan a la situación de adultos y deben hacerse cargo de un conjunto de responsabilidades sin tener garantizados los elementos necesarios como para hacerlo. Entonces proponemos que una parte importante del superávit fiscal disponible se transforme en una asignación para todos los menores de 18 años contra chequeo sanitario durante los primeros días de vida del chico y contraparticipación en el ciclo escolar. En cambio, el destino que el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) quiere darle al mayor superávit fiscal es la cancelación de deuda.
–¿El tercer punto que pensaba plantear en el Congreso?
–Diferenciar la idea de delito de la idea de delitos. No hay un solo tipo de delito. El argumento que se esgrimió ayer para agravar penas se sostenía en la idea de cárcel máxima para los violadores suponiendo que con eso íbamos a modificar delitos más complejos como el de los secuestros. En realidad, esos delitos se llevan a cabo sobre la base del crimen organizado, que requiere de protección política y policial. Por lo tanto el debate, en vez de estar centrado en cómo se trata a los delincuentes, tiene que ver con cómo se reforman aquellas instituciones que operan sobre la delincuencia: el Poder Judicial, la policía de la provincia y el servicio penitenciario. Ese es el verdadero debate sobre la seguridad.
–¿Por qué cree que el PJ no planteó estos ejes?
–Ellos transformaron la demanda social en el trampolín para volver a instalar a Ruckauf y a Casanovas, que ya fracasaron en la provincia de Buenos Aires.
–¿Todo el PJ piensa así? Le pregunto porque Arslanian, que se encargará de la seguridad en la provincia, no es un promotor de la “mano dura”.
–Lo que pasó ayer (por anteayer) fue lo mismo que pasó el 24 de marzo: mientras Kirchner inauguraba el Museo de la Memoria en la ESMA el PJ impedía en el Parlamento que se anularan los indultos a los genocidas que habían conducido la ESMA. Mientras Kirchner, en acuerdo con Solá, nominan a Arslanian, con una postura “garantista”, el PJ pone como caras visibles de su planteo en el Parlamento a Ruckauf y Casanovas. El PJ en el Parlamento no acompaña la estrategia del Presidente, eso es evidente.
–¿Y por qué cree que cercenan la palabra de la minoría?
–Fue el corolario de todo. Y sucedió justo cuando los que teníamos que hablar, sin representar la oposición pero con autonomía de lo que viene haciendo el Gobierno, podíamos plantear cosas como las que estoy contando en este momento.
–¿Cuál fue su lectura de la marcha de Blumberg?
–Me pareció una marcha formidable en términos de solidaridad, compromisos y capacidad del pueblo argentino para instalar las problemáticas con mucha contundencia. El problema es cuáles son los sentidos que algunos le quieren otorgar a esa marcha. Por eso es importante discutir qué demanda la sociedad cuando demanda seguridad. Y seguridad, insisto, no es sólo la lucha contra el delito.



“SE PLANEAN SOLUCIONES FINALES”
Patricia Walsh, diputada de IU
Por E. T.

–¿Qué era lo que tenía pensado decir en la sesión del miércoles?
–Me iba a referir a los tres proyectos en debate. Especialmente a los que impulsaron Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas. Había escuchado en el recinto a algunos legisladores definir los proyectos como “un combo”. Para mí era el “combo legislativo penal”. Cada norma debe ser discutida y tratada como un proyecto propio. Aun así, para entender las políticas criminales hay que verlos en su conjunto. Me preocupan algunas iniciativas, como las de bajar la edad de imputabilidad de los menores y otra de acumulación de las penas. El conjunto de las normas nos muestran que estamos frente a una política criminal durísima. En ningún caso se apartan de una sanción dirigida a los sectores sociales más empobrecidos. Estamos hablando de una concepción que castiga a los sectores excluidos. Una legislación pensada para castigar a los pibes chorros y no a los traficantes de armas. Eso queda claro de la lectura de los proyectos. Se agrava la portación y la tenencia de armas y no se avanza con los fabricantes y comercializadores del armamento. Lo que se está planeando son soluciones finales. Una verdadera persecución a los excluidos, económicos, políticos y sociales.
–¿Cómo abordaría el tema de la inseguridad?
–El sistema económico, político y social produce ese tipo de pibes chorros y luego a esos adolescentes se les corta la mano y se los pone dentro de un sistema penitenciario sabiendo las condiciones en las que está ese sistema. No se permiten las salidas transitorias ni condicionales, pero se toleran las salidas para robar y cometer otros delitos.
–¿Cómo define la actitud de Camaño de cancelar la lista de oradores?
–Fue un hecho verdaderamente grave. No por el resultado de la votación, ya que el justicialismo tiene los números suficientes como para imponer cualquier decisión. Me parece grave que no dejaran hablar a las minorías de la Cámara. Casualmente todos los bloques de la izquierda o de la centroizquierda. Cuando Camaño dio por terminado el debate, le tocaba hablar a Alicia Castro y luego me tocaba a mí. Me parece grave porque ya tuvimos una maniobra parecida cuando por un ardid reglamentario se impidió la sesión especial en la que queríamos discutir la nulidad de los indultos de Carlos Menem a los responsables de delitos de lesa humanidad. Es preocupante; queda claro que quieren imponer la censura de todos los que no piensan como ellos.
–¿Qué argumentó Camaño para justificar su actitud?
–Como única respuesta dijo que era una cuestión reglamentaria. Será reglamentario pero desde la legitimidad de la política esto no lo pueden sostener.
–¿Y usted cómo explica esta conducta?
–Son los remezones del Parque Jurásico Norte. Desde ese momento en adelante perdieron los modales. Fíjese cómo reaccionaron cuando se habló de la portación de maridos. Ahora los mismos sectores se refugian en penar la portación de armas y queda en claro que perdieron la portación de modales. El aparato político autoritario de la provincia de Buenos Aires está desbordado. Lo demuestra el comportamiento del diputado duhaldista José María Díaz Bancalari, que permanentemente descalifica a la izquierda. No me quedan dudas de que detrás de esta actitud está la desesperación del duhaldismo. Fue precisamente el duhaldismo el que dentro del PJ ha colocado a Ruckauf y Casanovas en el centro de los debates. Tomó sus proyectos y les dio un excesivo rol protagónico, permitiéndoles a ambos que presentaran en sociedad los proyectos del peronismo. Nunca se les puede cortar la palabra a los presidentes de bloques parlamentarios, esto es absolutamente antidemocrático. Cuando Blumberg se molesta porque nos retiramos del recinto, tendría que pensar que él también se iría si no lo dejan hablar en una reunión en la que tiene el derecho y facultades para expresarse. El peronismo no quería que yo mostrara la foto de un joven ysonriente Ruckauf mirando embelesado al dictador Jorge Rafael Videla. Foto conocida porque la publicó Página/12.



“SE DEBE COMBATIR LA CORRUPCIÓN”
Diputada nacional Alicia Castro
Por D. S.

–¿Está de acuerdo con lo aprobado el miércoles en el Congreso?
–Se discutieron instrumentos pero la solución a la falta de seguridad, a la violencia y al crimen no pasa por la legislación penal. Para dar soluciones de fondo hay que combatir las causas. Son los carceleros los que organizan el crimen desde la cárcel. Lo que hay que combatir es la corrupción en el servicio penitenciario bonaerense, en grandes sectores de la Policía Bonaerense y la connivencia con el poder político. Si se combate en serio la corrupción, por esa vía también se va a llegar al camino de la mafia de la droga. Y también a la complicidad de la policía bonaerense en la distribución de la droga. A esto hay que sumar la lucha contra la exclusión social, que obviamente genera violencia.
–¿Cómo se combate en serio?
–La clave está en la voluntad política que demuestra el presidente Kirchner para terminar con ello y que puede quedar galvanizada con la expresión masiva de la sociedad de reclamo de seguridad. La otra clave es la prevención. Hay que tomar algunas medidas simples y urgentes como, por ejemplo, el establecimiento de un centro de atención telefónica, como han señalado varios expertos. Un número telefónico que atienda un civil que destine móviles policiales y que esas llamadas queden registradas y que haya luego un seguimiento.
–¿Por qué cree que el justicialismo acalló la palabra de algunos legisladores?
–El PJ no quería oír. El proyecto de no dejar hablar a las minorías tiene forma de proyecto de ley. Ha sido presentado por el PJ y la UCR. Y es el intento de la corporación política de silenciar a las minorías parlamentarias. Es un proyecto que se hizo en el 2001, en plena crisis política. Así como los regímenes autoritarios se caracterizan por la negociación oscura, la transa, el silencio y l’omertà, yo creo que desde las corporaciones políticas deberían señalar a sus propios miembros que están vinculados con el crimen.
–Una depuración interna...
–...así como la fuerza policial se tiene que depurar, se tienen que depurar los partidos políticos. Es el propio justicialismo el que tiene que señalar a los intendentes de la provincia de Buenos Aires en connivencia con el delito, que ya fueron denunciados por Saín, el propio Arslanian y la sociedad. Yo creo que Kirchner y Cristina toman distancia de la corporación política. Al menos la reconocen como una entidad ineficaz y se distancian.
–Entiendo, por lo que dice, que aprueba el nombramiento de Arslanian.
–Me parece extraordinario. Pero hay una paradoja en el justicialismo, porque el vocero del aumento de las penas era Ru- ckauf, justamente quien impidió que Arslanian llevara a cabo en el ’98 la reforma policial con participación de la sociedad civil.
–¿En ese marco cree que ahora Arslanian podrá llevar a cabo las reformas?
–Espero que sí. Hay un aval del Presidente. Y además Arslanian se puede apoyar en el pueblo que salió a la calle el 1º de abril.
–La cabeza de esa movilización fue Blumberg, que criticó a Arslanian.
–Es positivo que Blumberg haya transformado ese dolor y bronca en una capacidad de movilizar y dar expresión al miedo que sentimos todos los padres. Pero en cuanto a las medidas concretas, no transforma al ciudadano Blumberg en un especialista en prevención, en seguridad o en legislación penal. Es positivo que opine, pero sus sugerencias deben ser cotejadas y puestas en discusión. Yo me baso en los especialistas.
–¿Qué dicen los especialistas?
–Lo que dicen los números: que a pesar del agravamiento de las penas del ’99 hasta ahora ha aumentado el delito. En el ’99 hubo 8 secuestros extorsivos en el Gran Buenos Aires y en el 2003 hubo 390 casos. El problema es que los uniformados amparan el delito, y esto está comprobado.¿De qué le hubiera servido al joven Blumberg el agravamiento de las penas si la seccional no contestó los llamados telefónicos esa noche?



“UNA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL”
Miguel Bonasso, del Partido de la Revolución Democrática.
Por Eduardo Tagliaferro

–En la sesión del pasado miércoles no pudo hablar. ¿Qué tenía para decir?
–Me fui en solidaridad con aquellos diputados a los que no los dejaron hablar. No me gusta que la Cámara se convierta en un reformatorio o en un parvulario. Los diputados no pueden ser regañados por sus opiniones o porque incomoden a alguien. Tampoco es aceptable que haya mociones de orden que coarten los debates. Si hay que discutir hay que discutir. Si al señor (Juan Carlos) Blumberg le parecen largos los debates, lo lamento mucho. En síntesis, me fui porque todo se asemejaba a un carnaval sangriento. Soy republicano y aunque creo en las formas representativas y las he alentado durante años, también creo en las instituciones. En la Cámara de Diputados la palabra la tienen los diputados. Si Blumberg quiere hablar en el recinto que se presente a elecciones y cuando sea electo podrá hablar.
–¿Qué hubiera dicho?
–Yo quería presentar en el recinto una larga estadística que ponía de manifiesto que el aumento de penas no resuelve el problema de la inseguridad. Luego de la desastrosa gestión de Carlos Ruckauf en la gobernación y Jorge Casanovas en el Ministerio de Justicia, se acumulan unos 10 mil presos en las comisarías. Esto lleva a que el 25 por ciento de los policías bonaerenses se dediquen a cumplir la tarea de vigilar presos. Presos que están en condiciones infrahumanas, hacinados y en un cuadro verdaderamente dantesco. Estamos hablando del 25 por ciento, de un cuarto de la Policía Bonaerense, dedicado a esta tarea. El mecanismo de endurecer penas y llenar las cárceles no dio resultado porque el Servicio Penitenciario Bonaerense ha usado a los internos para tareas delictivas. Finalmente los internos vuelven a la cárcel.
–¿Por qué otros motivos considera que fracasaron las políticas de mano dura?
–No dio resultado por que no desmontaron la estructura mafiosa que une a los punteros del PJ de Buenos Aires, intendentes y comisarios. Una tríada que forma una gran camorra. Y no desmontaron esa hermandad porque forman parte de ella. Curiosamente, quien pidió una cuestión de privilegio y una sanción contra el titular del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, fue el justicialista bonaerense Carlos Alberto Martínez. Este diputado fue el que le presentó a Eduardo Duhalde a los denominados Horneros que intervinieron en el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Y los conocía de su unidad básica del barrio Los Hornos. Ese fue el defensor que Ruckauf tuvo en el recinto. Más allá de cualquier discrepancia, Macaluse es un hombre de bien que no se junta con delincuentes ni con Horneros.
–¿Qué propuestas tiene usted para mejorar la seguridad?
–La creación de una oficina nacional de investigaciones criminales dependientes del procurador general de la Nación. Es decir una policía judicial federal integrada por cuadros rescatables, con abogados jóvenes aún enamorados del derecho y decididos a investigar y jugarse.
–La senadora Cristina Kirchner planteó empezar a estudiar la Ley de Seguridad Interior. ¿No teme que aquí la derecha proponga restituirles atribuciones a las Fuerzas Armadas?
–El discurso de Cristina Kir- chner también fue en la línea de la existencia de un ámbito nacional contra el delito. Estamos hablando de una policía civil permanente. No nos olvidemos de que el narcotráfico es el padre de todos los delitos. Esto es lo que me hubiera gustado decir desde el Bloque Convergencia.
–¿Cómo califica la actitud del titular del cuerpo, Eduardo Camaño?
–Me sorprende porque Camaño ha sido muy atento en lo personal. Siempre fue de cumplir su palabra. Tal vez tuvo una gran presión. La actitud más autoritaria fue la del diputado José María Díaz Bancalari. Sus discursos se quedaron anclados en la UOM del ’74. Me obliga a recordarle que la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría. Y estodebe cumplirse en todos los ámbitos, más aún en ámbito republicano del Congreso.