El año pasado el Congreso sancionó la ley 25.742, que prevé pena de reclusión perpetua para quien mate en forma deliberada a la víctima de un secuestro. Es decir que el caso que culminó con el asesinato de Axel Blumberg ya estaba previsto con la máxima pena posible en la legislación vigente. Sin embargo, esto no disuadió a los asesinos ni protegió su vida.
La propuesta de esa reforma penal, en la misma línea del reclamo formulado por el padre de la víctima e impulsor de una “cruzada” para el incremento de penas, surgió de una comisión asesora presidida por Carlos Arslanian. Pero su designación como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acordada por el gobernador Felipe Solá, el presidente Néstor Kirchner y el ex senador Eduardo Duhalde, fue considerada como “una locura” por el padre de Axel, cuyo principal reclamo coincide con las recomendaciones de la Comisión Arslanian. Por alguna razón aún desconocida el empresario textil Juan Carlos Blumberg se siente mejor interpretado por el también ex ministro bonaerense Jorge Casanovas, durante cuya gestión se agravó la situación de inseguridad bonaerense. Como Casanovas y el ex gobernador Carlos Rückauf, Blumberg instó al Congreso a legislar pensando en la gente y no en los tratados internacionales que, según la Constitución Nacional, tienen jerarquía superior a la de la ley.
En comprensible estado de emoción violenta, Blumberg no repara en el contrasentido que constituye una política de ley y orden al margen de la ley. Algunas personas y medios, fastidiados con las decisiones políticas del gobierno nacional contraponen el acto en la Escuela de Mecánica de la Armada y la movilización al Congreso. En realidad se trata de dos manifestaciones coincidentes en el rechazo a la impunidad para los autores de gravísimos delitos, de ayer y de hoy, y tienen el objetivo común de prevenir que se repitan. La semana se cerró con la identificación, captura y confesión de los secuestradores y asesinos de Axel y la detención de un subcomisario de la Policía Federal por encubrimiento. Al margen de la responsabilidad específica que pueda atribuirse a ese oficial en el caso, lo que una vez más salió a luz fue la promiscuidad entre el crimen organizado y las agencias estatales encargadas de combatirlo. Si además se recuerda que la zona donde fue retenido el cautivo había sido liberada por la comisaría correspondiente, de modo que la denuncia de los vecinos no fue atendida, se verá qué rol secundario juega la extensión de las penas en el problema de la seguridad. Algo similar ocurre con la familia del comerciante asesinado el viernes en Castelar. Los amigos de la hija de la víctima denunciaron su secuestro ante los policías de un patrullero y dos vecinos avisaron por teléfono a la comisaría. Sin embargo, el suegro del hombre asesinado reclama la pena de muerte para los delincuentes.
En un nuevo rapto de sinceridad el ex senador Duhalde declaró desde Francia que “comenzó a descomponerse el sistema de funcionamiento de la Policía, de la seguridad”, debido al “enfrentamiento entre Nación y Provincia de Buenos Aires”, cuando Carlos Menem era presidente y Duhalde gobernador. Ese “sistema de funcionamiento”, que entró en crisis entonces y que aún no ha sido reemplazado por otro más propio de una República, consistía en la regulación del delito por parte de la policía, que a su vez tributaba al sistema político. La ruptura entre Menem y Duhalde por el intento de rreeelección y el pase recíproco de facturas lo hizo añicos y dejó en evidencia los nexos entre la mejor maldita policía del mundo, la política y el delito. Duhalde primero, Rückauf después, intentaron recomponerlo para lo cual avalaron los megaoperativos de Ramallo y Los Polvorines, que debían restaurar la imagen policial y que sólo aceleraron el ritmo de su putrefacción. Es improbable que el debate de los últimos días sobre las penas, basado como se ve en el pensamiento mágico y el prejuicio, tenga más efecto que el de un espejismo colectivo. La sociedad argentina suele distraerse así, mientras los problemas pasan por otro lado.
Sensación térmica
En setiembre de 2002, Arslanian entregó a Duhalde las primeras conclusiones de la Comisión sobre la prevención del secuestro de personas. Destacó que el derecho penal no es “la única herramienta para contener al delito”, que en una situación de pobreza extrema las políticas de crecimiento, desarrollo e igualdad de oportunidades estimulan “la conveniencia de respetar el orden jurídico” y promueven “comportamientos socialmente adecuados con un grado de efectividad superior al de la pena cuya ejecución, por añadidura, lejos está de cumplir con la misión que solemos asignarle”. El control del delito, dice, requiere intervenir en todos los niveles: sobre sus causas, sobre el control social ejercido por la comunidad y las instituciones específicas y sobre la situación de la víctima. Si se opera tan sólo en el fortalecimiento de las instituciones penales “es más que probable que fracasemos en nuestro objetivo y contribuyamos con ese fracaso a un desprestigio de policías, jueces y agentes penitenciarios”. Es lo que ocurrió: de todas sus recomendaciones la única que se puso en práctica fue el vudú penal, que no requiere más que tinta y papel.
En el mismo sentido de las conclusiones de Arslanian apunta un estudio de la Consultora Equis sobre delito y percepción de inseguridad en el área metropolitana. Incluye un gráfico que aquí se reproduce en el que se observa la correlación año por año entre el aumento de la desigualdad social (medida por la brecha de ingresos entre el 10 por ciento más pobre y más rico de la sociedad) y la tasa de delitos por cada mil habitantes a lo largo de dos décadas, entre 1980 y 2002. El 70 por ciento de esos hechos son delitos contra la propiedad.
Desde hace una década la Ciudad de Buenos Aires más que duplica la tasa de delitos por cada mil habitantes del conurbano bonaerense. En 2002 fueron de 70 y 32,3 por mil respectivamente y si se proyectan a todo el año las cifras del primer semestre de 2003, de 70,8 y 33,6 por mil, con una ligera disminución en la Capital y un ligero aumento del otro lado de la avenida General Paz. Esto es coherente con los respectivos indicadores de desigualdad: en la Ciudad de Buenos Aires son de 190 veces y en el conurbano de 30 veces. Sin embargo, el estudio comprobó que la sensación de inseguridad es superior en forma abrumadora en el conurbano: 68 a 3 por ciento, con un 29 por ciento que responde que es igual en ambos lados. La conclusión de Artemio López es que esas diferentes percepciones obedecen a la comisión en el conurbano de “delitos graves como secuestros y otras formas de delito organizado y por lo tanto con vínculos ciertos con poderes políticos, judiciales y policiales”.
Nostalgias
Otra cruzada no más consistente que la anterior, pero que la complementa y le da sentido fue planteada por el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, el ex legislador menemista Miguel Toma y el columnista Mariano Grondona. Para ellos los hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea serían los especialistas que faltan para restablecer la seguridad interior. Esta posición registra coincidencias llamativas con dos acontecimientos sucedidos más allá de las fronteras argentinas, en Estados Unidos y Brasil.
El jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general James Hill, informó sobre las amenazas regionales a la seguridad, en audiencias convocadas por las comisiones legislativas de las Fuerzas Armadas, antes de la aprobación del presupuesto militar para 2005. El 24 de marzo lo hizo en la Cámara de Representantes y el 1º de abril en el Senado. Hill mencionó a la Argentina y se quejó por la separación de jurisdicciones entre las Fuerzas Armadas y las de seguridad. Su opinión no es trivial. Según la ONG Oficina de Washington para América latina (WOLA), la suma de todo el personal dedicado a Latinoamérica por los departamentos de Estado, del Tesoro, de Agricultura y de Comercio no alcanza al que dispone el Comando Sur, que de este modo es la institución estadounidense más comprometida con la región. El general Hill avanzó un paso más allá en la deliberada confusión de fenómenos muy distintos, cuando dijo que los grupos radicales islámicos, los narcoterroristas en Colombia y las bandas urbanas en otros sitios de Latinoamérica recurren a “los mismos métodos ilícitos de hacer negocios”. Agregó que la amenaza que plantean bandas criminales cada vez más sofisticadas es “difícil y compleja porque pega justo en el borde entre las operaciones policiales y militares. Los dirigentes latinoamericanos necesitan resolver esta cuestión de responsabilidad entre jurisdicciones para promover la colaboración entre sus fuerzas policiales y militares, al mismo tiempo que reestructuran sus fuerzas de seguridad provinciales”.
“Populismo radical”
Hill solicitó la duplicación del tope de personal militar y de los mercenarios denominados “contratistas privados” que el Congreso autorizó desplegar en Colombia (de 400 a 800 en cada rubro). Además se detuvo en el caso de Bolivia. Dijo que grupos radicales habían “secuestrado” a los movimientos indígenas que forzaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y advirtió que de continuar así las cosas “podemos enfrentar a un narcoestado que apoye el cultivo de coca sin ningún control”. Entre las nuevas preocupaciones emergentes en la región el general texano mencionó el “populismo radical”, que socava el proceso democrático en detrimento de los derechos individuales. La amenaza no consiste en el populismo en sí sino en su radicalización “por un líder que cada vez más use su posición y el apoyo de un segmento de la población para avasallar en forma paulatina los derechos de todos los ciudadanos”. Algunos dirigentes de la región “cabalgan sobre frustraciones muy profundas acerca del fracaso de las reformas democráticas para proveer los bienes y servicios esperados”. Esas frustraciones, causadas por la desigualdad económica y social, les permiten “reforzar sus posiciones radicales e inflamar el sentimiento antinorteamericano. Además, hay otros actores que buscan socavar los intereses estadounidenses en la región con el apoyo a esos movimientos”. Esas amenazas ocurren en estados con “instituciones débiles y economías en problemas”.
Respecto de la Argentina dijo que la crisis económica llevó a que muchos cuestionaran “la validez de las reformas neoliberales”, lo cual se manifestó en el Consenso de Buenos Aires, firmado en octubre por los presidentes Kirchner y Lula, y al reclamo de “respeto por los países pobres”. Los países del Cono Sur, decididos partidarios del multilateralismo y de las Naciones Unidas, “fueron también los más elocuentes opositores a la Operación Libertad Iraquí”. Otro motivo de queja que encontraron “fueron las limitaciones debidas a la ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”. El Comando Sur, añadió, “ha desarrollado relaciones con la nueva conducción militar argentina y espera una sostenida colaboración en el futuro”.
También encomió la cooperación de la Argentina, Brasil y Paraguay para contrarrestar las “actividades terroristas” en la Triple Frontera.
Luego de los testimonios de Hill ante ambas cámaras, la directora de WOLA, Joy Olson, sostuvo que la descripción de América latina como una región plagada de terroristas no es veraz. Conflicto social, polarización política, crimen organizado, son problemas profundos y difíciles de superar. Pero “es erróneo caracterizarlos como terrorismo e implicar que los militares pueden tener un rol en su solución. No hay solución militar para la pobreza, la desigualdad y la injusticia”. En otras partes del globo se planificaron y ejecutaron ataques terroristas contra Estados Unidos. Pero “de acuerdo con el Departamento de Estado no hay pruebas de tal actividad en América latina”. Por esa razón, el terrorismo no debería ser la lente principal a través de la cual el gobierno estadounidense mire a la región. En vez de inventar terrorismo donde no existe, Estados Unidos debería “ayudar a resolver los problemas sociales que llevan al delito y al malestar social”. Las redes del crimen organizado “deben ser enfrentadas por la policía, no por las Fuerzas Armadas”. La solución requerirá invertir en educación, salud y desarrollo rural, en la “reforma de los sistemas policiales y judiciales y en un mayor control de las instituciones democráticas por los ciudadanos”, dijo Olson.
“Casos excepcionales”
El 17 de marzo la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado brasileño emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que contempla el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión del crimen organizado. Su responsable es el senador del Frente Liberal César Borges. Según el proyecto, que pasó luego a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, las Fuerzas Armadas podrán cooperar con los órganos federales en la represión del comercio de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias y en el comercio ilegal de armas. Pero además, quedarían facultadas para “ejercer la coordinación operacional”. El texto menciona el mar territorial y las áreas portuarias para el caso de la Marina; el espacio aéreo y aeropuertos para la Aeronáutica y las fronteras terrestres para el Ejército. Pero en los tres casos el texto dice “particularmente” en esos lugares, lo cual significa no sólo en ellos. El diario O Globo explica que “la sanción de esta ley concedería a las Fuerzas Armadas el poder de autorizar y fiscalizar la producción, exportación, importación y venta de armas de fuego y el registro de la portación de armas de coleccionistas, tiradores y cazadores, equivalente del Renar argentino. “No está previsto el uso de soldados en tareas de policía en las ciudades, pero eso podrá ser autorizado en casos excepcionales, como ya ocurre”, concluye. Queda así expuesto en qué consiste el chantaje de la seguridad y qué rescate se reclama del gobierno nacional.