El relevo del jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Ramón Fernández, alias Manchado, por su participación en torturas en la cárcel de La Plata a detenidos durante la dictadura militar, ha puesto en estado de alerta a la cúpula de esa organización criminal. Sus jefes temen que el paso siguiente sea el descubrimiento de los millonarios negocios ilegales que realizan con las provisiones para las Unidades Penitenciarias de la provincia. En lo que hace a este diario, el temor es fundado. Respecto del gobierno bonaerense, el reaseguro de la mafia penitenciaria es que esos negocios comprometen, por lo menos, al Ministerio de Justicia, del que depende el SPB.
El año pasado la empresa Frigolar SA fue separada como proveedora del SPB, debido a la entrega en varias unidades de carne de toro en mal estado. Para reemplazarla se recurrió a una contratación directa, de la cual resultaron compras a las empresas Comelin SA y Escudo de Armas SRL. Pero las entregas llegan a las cárceles en los mismos vehículos de reparto y con los mismos empleados de Frigolar SA, lo cual indica que sólo son pantallas para continuar las contrataciones con el proveedor anterior y el cobro de retornos. Comelin SA y Escudo de Armas SRL no figuran registrados como frigoríficos en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Oncca. Escudo de Armas además de carne, provee al generoso SPB de aceite, lentejas, arroz, harinas, yerba, ají molido y pimentón. No ha presentado declaraciones juradas ante la AFIP ni completó el proceso de inscripción en la Inspección General de Justicia. El 29 de enero del 2004 por la resolución 89, Expediente 5400-8430/03 Alc. 18, el Contador General de la Provincia la excluyó de la lista de proveedores por falta de actualización de su legajo.
Sin embargo el 9 de marzo el Servicio emitió una orden de compra de carnes rojas a Escudo de Armas por casi un millón de pesos, a un precio unitario de 6 pesos por kilo, para las Unidades Penitenciarias 3, de San Nicolás; 11, de Baradero; 21, de Campana; y 23, 24, 31 y 32, todas ellas del complejo penitenciario de Florencio Varela. En las UP 5, de Mercedes, y 13 y 16, ambas de Junín, el proveedor de carne es Comelin SA de Ensenada. También por contratación directa, entrega 67.000 kilos mensuales, a casi 6 pesos por kilo, por un total de 400.000 pesos. En el contrato consta que la mercadería deberá ser de primera calidad y ajustarse a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, cosa que no sucede. Los remitos no especifican el tipo de carne entregada ni el precio final, sólo la cantidad de kilos, lo cual dificulta el control. Si la carne fuera de primera calidad, se estaría pagando un sobreprecio del 25 por ciento sobre las condiciones que pueden conseguirse para grandes volúmenes en frigoríficos, o 300.000 pesos por mes en los dos contratos. Pero en realidad la carne que Escudo de Armas está entregando corresponde a una calidad inferior, en el mejor de los casos Vaca de Consumo, D o F, cuyo precio bruto no supera los 3 pesos por kilo, con lo cual el sobreprecio es del 100 por ciento, o 700.000 pesos mensuales.
También ha habido casos verificados de entregas de Vaca No apta para Consumo Humano y de toro en mal estado. Es común que las entregas sean de animales viejos (lo cual se advierte por la grasa amarillenta, poca masa muscular trasera y osificaciones). En algunos casos las partidas fueron devueltas por jefes de unidades ajenos a la maniobra, como en la U31 de Florencio Varela.
La Contaduría General de la Provincia desarrolló un sistema central de compras que permite un control detallado. Uno de los requisitos es la constatación de los datos del oferente en las base de datos del Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia y de la Administración Federal de Ingresos Públicos que, por su número de CUIT, permiten conocer su situación al momento de formular oferta. También incluye la producción de precios testigos en los distintos rubros para evaluar la conveniencia de cada oferta. Esto significa que el Servicio Penitenciario efectuó la contratación sin cumplir con la obligación de control con aquellas bases de datos. La baja como proveedor, dispuesta el 29 de enero, se publicó en el Boletín Oficial del 18 de marzo, pese a lo cual las compras continúan hasta el día de hoy. En los últimos días han proliferado los incidentes en las Unidades Penitenciarias 3, 13, 21, 24 y 29, lo cual preanuncia la organización de motines, como forma de advertencia al poder político.