“La Justicia federal, en materia de crímenes, deja de trabajar como lo hizo hasta este momento.” El anuncio del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, sacudió a quienes tienen sus despachos en el edifico de Comodoro Py. Si se aprueba el proyecto del Gobierno, los doce jueces federales ya no tendrán el poder ni el protagonismo que supieron conseguir, sobre todo, en la década menemista. Ahora 82 magistrados conformarán un fuero único que se ocupará tanto de los delitos que cometan funcionarios públicos como de crímenes comunes.
Hasta ahora, en la Ciudad de Buenos Aires conviven diferentes fueros: federal, de instrucción, correccional y penal económico. Cada uno interviene en diferentes tipos de delitos. Los integrantes del federal son los más conocidos porque están a cargo de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y tráfico de drogas. Justamente por ocuparse de los crímenes que cometen los funcionarios públicos, también es el más ligado a la política. Desde que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo los bautizó como “los jueces de la servilleta” los federales –tanto los que tenían el apodo merecido (lo más) como los que no– no pudieron quitarse ese estigma de haber respondido a los intereses del gobierno menemista.
La propuesta del Gobierno –que deberá ser aprobada por el Congreso– tiene como novedad principal la unificación de los fueros federal, de instrucción, correccional y penal económico. El proyecto incluye:
- Eliminación de la distinción entre la Justicia nacional u ordinaria penal y Justicia federal penal de la Capital.
- Unificación de tres cámaras de apelaciones en una Cámara Criminal y Correccional.
- Unificación de los juzgados de primera instancia en una única especie: los juzgados de instrucción. Serán 82.
- Unificación de los Tribunales Orales Federales, Criminales y Penal Económico en una sola categoría de Tribunales Orales Criminales, que serán 38 con un total de 114 jueces.
- Creación de dos nuevos tribunales de menores, que mantienen su competencia.
“El propósito es racionalizar y reordenar la Justicia, tratando de optimizar los recursos existentes y equilibrar la distribución de las causas”, señaló a Página/12 el viceministro de Justicia, Abel Fleitas. Sin embargo, otros funcionarios del ministerio admiten que el objetivo central de esta reforma, en términos políticos, es “licuar el poder de los jueces federales”. De hecho, en el escrito elaborado por el Gobierno figura que “sobre los juzgados federales penales se concentran hasta ahora sin éxito los mayores reclamos de transparencia, celeridad y efectividad en la administración de Justicia”.
Esta reforma se inscribe, además, dentro del proceso de traspaso de competencias a los tribunales contravencionales de la Ciudad de Buenos Aires. Para los jueces del fuero ordinario nacional, que hasta ahora temían “descender de categoría”, es una reafirmación de su competencia. En cambio, parte de las causas que estaban a su cargo se tramitarán ahora en la Justicia contravencional porteña. En esa categoría están, entre otras, las denuncias sobre lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones ilegales, amenazas, violación de domicilio, lesiones en accidentes de tránsito.
Otra modificación importante en materia de administración de Justicia es la creación de fiscalías con asiento territorial en los barrios. Para eso se cuenta con el proyecto de descentralización total de fiscalías que tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Penales de Diputados. Las causas contra los funcionarios públicos se asignarán por sorteo. Además, el procurador general de la Nación podrá crear fiscalías especiales para delitos complejos. “Se rompen años de tradición”, se sorprendió un camarista federal que no integra el grupo de los desprestigiados. “Meten todo en una gran licuadora. Ponen a todos en la misma bolsa. En realidad parece que no tienen agallas para sacar a quienes tiene que sacar”, aseguró. Un colega suyo, que tampoco es un magistrado cuestionado, reaccionó diferente. “Me da igual investigar a funcionarios públicos que a ciudadanos comunes”, afirmó. No obstante señaló que ni el fuero ordinario “ni mucho menos” el penal económico escapan a las sospechas de corrupción que rondaron por años en Comodoro Py.