Carlos Branca fue el primero de los doce apóstoles federales en salir eyectado de los Tribunales de Retiro, en 1997. El ex juez había caído en desgracia cuando una cámara oculta reveló sus contactos con el contrabando. En marzo de 2002 comenzó el juicio oral y público en su contra pero a los tres meses se interrumpió porque se enfermó uno de los miembros del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3 que iba a juzgarlo, el mismo que está llevando adelante el actual juicio contra el matrimonio Fassi Lavalle. El magistrado es Héctor Acuña, quien ayer sufrió un pico de presión durante una de las audiencias (ver aparte). Pasaron más de diez días y todo lo actuado en el caso Branca terminó siendo nulo. Finalmente, los tres magistrados de ese tribunal fueron apartados y el caso recayó en el TOPE 1, que aún no fijó fecha para el nuevo juicio. Página/12 pudo saber que será recién después de la feria judicial de invierno. Durante el proceso desfilarán nada menos que 30 imputados.
El caso tardó cinco años en llegar a juicio, y cuando estuvo en marcha volvió a quedar en la nada. Cuando Branca dejó su celda de Gendarmería y se sentó en el banquillo de los acusados lucía los mismos bigotes gruesos que se vieron en la cámara oculta que emitió Canal 13. “Yo soy juez. Yo creo en la Justicia. Ponele que Picca diga ‘yo llevaba la plata’. ¿Y? ¿Cómo va a probar eso?”, dijo el magistrado ante el ex combatiente Marcelo Paolini, quien trabajó en la Aduana y en un tramo de la investigación apareció como el “arrepentido” que filmó las imágenes, pero terminó como acusado junto a Branca y a su secretario Juan Carlos Pinto.
Según consta en la causa, ambos habrían montado una estructura “judicial” para “proteger a contrabandistas” que ingresaban mercaderías provenientes de Uruguay por el aeropuerto de Ezeiza durante 1995 y 1996. Varios de los vuelos fueron contratados por la empresa Celta, mientras Rapid Pack era una de las firmas que figuraba como destinataria de la mercadería que entraba al país eludiendo el control aduanero.
Las constancias de la causa y los videos llevaron a Branca a juicio político mientras se encontraba prófugo y en febrero de 1997 fue destituido. Apenas supo esto se entregó a la Justicia. Pasó 10 meses preso y salió en libertad en octubre de 1998 cuando depositó los 30 mil pesos necesarios para cubrir la fianza. De todos modos, seguía procesado por contrabando y asociación ilícita. Branca estuvo en la Unidad 16 de la cárcel de Caseros y allí conoció a Roberto Schlagel, el ex secretario del juzgado federal de Dolores que supo ocupar Hernán Bernasconi.
Schlagel fue condenado a 8 años de prisión por haber armado con pruebas falsas el resonante caso Coppola. Y se convirtió no sólo en su defensor sino también en su socio: el estudio Branca, Schlagel y asociados se dedica a asuntos penales y logró capitalizar la exposición pública que sufrieron ambos. “Es bueno ser famoso, no importa por qué motivo”, dijo Schlagel cuando comenzó el juicio contra Branca, el 5 de marzo de 2002.
Habían pasado tres meses y tres semanas cuando uno de los jueces del TOPE 3 se enfermó. Héctor Acuña padeció una pancreatitis aguda y tuvo que abandonar el juicio. Las normas establecen que no se puede continuar el proceso en ausencia de uno de los magistrados. La enfermedad de Acuña se prolongó por más de diez días y las disposiciones legales señalan que las audiencias no pueden tener entre sí una suspensión mayor que ese lapso. Por eso, el TOPE 3 debió anular todo lo actuado. Los abogados defensores se mostraron molestos por la situación y decidieron recusar a los tres integrantes de ese tribunal. Argumentaron que durante esos meses ya se habían formado un juicio sobre los hechos.
El caso fue analizado por la Cámara de Casación que decidió apartarlos, en una decisión que no tenía antecedentes hasta entonces. En diez años de justicia oral los juicios interrumpidos por enfermedad siempre se reanudaron con los mismos magistrados. El caso Branca quedó entonces en manos del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por Susana Castro de Pellet Lastra, Jorge Pisarenco y Enrique Slegel. Según pudo saber este diario, la causa ya fue estudiada por los magistrados, pero estarían en condiciones de fijar una fecha para el juicio recién en septiembre u octubre. Mientras tanto, el ex juez se lamenta porque cree que “ya fue estigmatizado como culpable”.