El fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañon quiere terminar con la situación de privilegio que goza el represor Alfredo Astiz y exigió que sea trasladado de la Base Naval de Zárate en la que está detenido a la celda que le correspondería en un penal ordinario. “No hay ningún justificativo para esta discriminación negativa que se hace con Astiz, que debería estar en una prisión común y no cerca de compañeros que lo respetan, lo apañan y lo protegen con una actitud corporativa”, explicó Cañon a Página/12. El pedido fue presentado ante la Cámara Federal bahiense, en el marco de la causa por el pedido de extradición solicitado por Francia.
Aunque Astiz perdió su condición militar en 1998, el ex marino está alojado en esta dependencia de la Armada rodeado de ex compañeros, a metros de un apostadero naval, con un paisaje de uniformes y embarcaciones muy distinto al que podría observar desde cualquier unidad del Servicio Penitenciario Federal a la que quiere llevarlo el fiscal.
El represor está a disposición del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo del juez Luis Ramón Dardanelli Alsina, que es quien deberá llegar a una definición en el pedido de extradición formulado por la Justicia francesa. El magistrado quedó a cargo de esta decisión, luego de que la Cámara Federal bahiense decidió apartar del caso al juez Alcindo Alvarez Canale. Como señaló Página/12, el tribunal tomó esta resolución a principios de abril, luego de que Alvarez Canale rechazó la solicitud de Francia para que el Angel Rubio cumpla en un celda parisina su condena por los crímenes de las religiosas Alice Domon y Leónie Duquet en 1977.
Astiz está al mismo tiempo bajo la órbita del juez federal Sergio Torres, que instruye la causa ESMA.
“No hay ningún fundamento legal para que (Astiz) permanezca alojado en esta dependencia”, afirmó Cañon en su presentación. “Cualquier ciudadano detenido –fundamentó–, al que se le impute la comisión de delitos o se lo prive de la libertad porque se tramite un pedido de extradición, debe ser alojado en una dependencia penitenciaria común.” El fiscal dejó en claro que este principio jurídico se aplica incluso a militares que conserven su grado.
Uno de los argumentos que impiden que Astiz sea llevado a una cárcel común es el riesgo que correría su seguridad en una instalación de ese tipo. Esa postura es sostenida por el juez Torres, quien considera que la integridad del represor no estaría garantizada en un penal común. “Torres –replicó Cañon– señala que no hay seguridad; con ese criterio, Astiz puede ser llevado a una dependencia y puesto bajo custodia del grupo GEO que teóricamente es el órgano más instruido en esa materia: pero que siga en una unidad militar es jurídicamente inaceptable.”