La Sala II de la Cámara Federal confirmó la falta de mérito que había beneficiado al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex secretario de Finanzas Daniel Marx, en la causa abierta por el megacanje de la deuda externa. En la misma resolución, los camaristas ordenaron al juez federal Jorge Ballestero que reimpulse la investigación de cara a esclarecer si se cometieron o no ilícitos en la reestructuración de la deuda durante la gestión de Fernando de la Rúa. “Si se llevara adelante la profundización de la investigación, Cavallo y Marx deberían ir presos y el megacanje ser anulado, porque estos funcionarios irresponsables aumentaron la deuda en 55 mil millones de dólares en tan sólo un fin de semana”, denunció el diputado Mario Cafiero, querellante de la causa.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi consideraron ayer que aún existen diversos interrogantes en la causa que no permiten procesar, pero tampoco sobreseer a los responsables del presunto fraude a las arcas públicas que generó la refinanciación de la deuda. “Si bien el análisis de los expedientes ha permitido establecer la existencia de irregularidades, no puede extraerse de ellas una motivación ilícita”, argumenta el fallo. Por este motivo, la Cámara Federal confirmó la falta de mérito de Cavallo y Marx, que ya se les había dictado en primera instancia, pero al mismo tiempo solicitó al juez que amplíe la investigación. En su resolución, también ratificaron la falta de mérito de los ex funcionarios de Economía Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, y revocaron el sobreseimiento de Norberto Mauricio López Isnardi y Federico Carlos Molina –ex miembros del Palacio de Hacienda– y les impusieron la falta de mérito, para que sigan siendo sometidos a investigación.
La Cámara aclaró, además, que la pesquisa no puede circunscribirse a determinar si la operación constituyó o no “un negocio ruinoso en términos económico-financieros, ya que no son los órganos del Poder Judicial a quienes les corresponde evaluar las políticas económicas adoptadas por otros poderes”. Por eso, sostuvieron, las medidas deben orientarse “a demostrar si los hechos fueron llevados a cabo con abuso de poder, fines defraudatorios o, eventualmente, dirigidos a favorecer un interés distinto al del Estado nacional”.
Cuando los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado solicitaron el procesamiento de los imputados por el delito de “defraudación a la administración pública”, el juez Ballestero consideró que de las pericias oficiales no se concluía que hubiera mérito suficiente y por eso dictó las faltas de mérito. Ante la decisión del magistrado, los fiscales y el diputado Cafiero apelaron ante la Cámara Federal y pidieron, incluso, las indagatorias de De la Rúa y de media docena de ejecutivos de bancos de primera línea, entre ellos el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos David Muldorf.
La fiscalía investigó, en el marco del proceso, una denuncia que atribuye a Cavallo el cobro de sobornos por 15 millones de dólares en la refinanciación y consignó en la acusación que el perjuicio que habría ocasionado el megacanje se extenderá por varias décadas. “Para lograr un alivio financiero se agudizó la situación en los 24 años subsiguientes”, señalaron los fiscales y subrayaron que el megacanje provocó “una de las peores lesiones a la integridad patrimonial del Estado”. Básicamente, la operatoria consistió en un diferimiento de una parte de los vencimientos de pago que debían producirse el año pasado, y que se trasladaron al año 2005 en adelante. A cambio de la refinanciación, la Argentina aceptó altísimas tasas de interés y un cronograma de pagos programado hasta el 2031, con una concentración de las obligaciones en la primera década del nuevo esquema.