Daniel Sabsay es uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina, a tal punto que su nombre fue mencionado para ocupar una vacante en la Corte Suprema, que finalmente fue para Elena Highton. “La renovación institucional es el plano más destacable del Gobierno. Mostró una clara línea política y la energía sistemática para hacerlo”, sostiene Sabsay, en un detallado análisis de las principales medidas adoptadas por Néstor Kirchner en su primer año en la Casa Rosada.
–¿Alcanza con las medidas de renovación institucional implementadas por el Gobierno o es necesario avanzar en otros frentes?
–El Gobierno demostró que el objetivo de calidad institucional debía ser tratado a partir de una renovación de la Justicia, y que había que empezar por la cumbre, es decir, por la Corte Suprema. Fueron dos objetivos: renovar los miembros y establecer la autolimitación presidencial para elegir a los reemplazantes. Ambos se cumplieron y fueron muy loables. El segundo fue importantísimo porque la tendencia de los presidentes en Latinoamérica ha sido absorber facultades. Esto se complementó con un decreto que extendía el procedimiento a los tribunales inferiores federales, al procurador general, el defensor general y los titulares del Ministerio Público. Todo esto es loable, pero no suficiente.
–¿Qué falta?
–Muchas decisiones que tiene que llevar adelante el Congreso o la misma Corte. La disminución de la competencia de la Corte, que hoy está excedida: dicta 15 mil sentencias por año para un modelo de protección de la constitucionalidad para las normas y actos de gobierno tomado de Estados Unidos, cuya Corte dicta entre 80 y 100 sentencias por año.
–¿Acumular causas es una forma de acumular poder?
–Por supuesto. Pero lo curioso es que esa acumulación de poder no necesariamente es para sí. Fue un modo de satisfacer a su mandante, es decir, al Ejecutivo. En éste y otros temas la Corte ha comenzado a avanzar. Por ejemplo en la transparencia y agilización en el movimiento de los expedientes. O con la acordada que prohíbe que una parte pueda ver con su abogado a la Corte y que obliga a convocar a la otra, para evitar el lobby. Otro tema importante, aún pendiente, es el pago del impuesto a las Ganancias. Lo mismo con la posibilidad de apelar a audiencias públicas cuando se toman decisiones vinculadas a grandes temas institucionales. También sería importante poner plazos a la Corte, aunque sea indicativos. Ahora algunos consiguen decisiones rápidas y otros mueren en los cajones.
–¿Qué opina de la elección de los nuevos integrantes?
–A uno le puede gustar más uno u otro, pero nadie puede discutir que se trata de tres grandes personalidades del derecho argentino, que tienen una trayectoria importante y que son personas honorables. En ningún momento de la historia hubo tres figuras tan destacadas en la Corte.
–¿Qué importancia tiene el hecho de que se hayan incorporado mujeres?
–Muchísima. Habiendo mujeres de la capacidad de Argibay y Highton el hecho de que no estuvieran en la Corte era pura discriminación. No hay tribunal superior del mundo que no tenga mujeres. Era un rasgo de machismo argentino. La incorporación de mujeres lleva a que temas como bioética, derechos colectivos, temas de género, minorías, se traten con otra mirada.
–La estrategia del Gobierno fue decidida pero gradualista. ¿Hubiera convenido una estrategia más drástica, como enjuiciar a los nueve integrantes de golpe o poner en comisión a los jueces federales?
–No. Eso fracasó antes y hubiera sentado un precedente horrible. Fue prueba y error de lo que había pasado el año pasado.
–La Justicia Federal es otro de los puntos pendientes. ¿Coincide con el plan de seguridad del Gobierno, que plantea la unificación de fueros?
–Hay que analizarlo. El espíritu es correcto. Es más difícil manejar 80 jueces que 10. Desde el punto de vista de las necesidades de la especialidad y una correcta distribución de competencias ha habido críticas que hay que analizar. Sí estoy de acuerdo en el plan del Gobierno en materia de Consejo de la Magistratura. La reducción de los miembros es buena. La despartidización también sería positiva. En cuanto al Jurado de Enjuiciamiento, debería disolverse. No hace falta uno permanente y la Constitución lo permite. Se podrían crear jurados ad hoc, lo cual hace que sea más transparente. Otra cosa importante es jerarquizar la escuela judicial. Es la clave del sistema, porque si no se fragmenta y se cae en la politización a la hora de designar funcionarios de la Justicia.
–Más allá de los temas puntuales, ¿cuál es su balance general sobre este primer año de gobierno en el plano institucional?
–Es el tema más destacable. El Gobierno mostró una clara línea política y la energía para poder hacerlo. Hubo una actitud de enorme compromiso en la defensa de los derechos humanos. No tengo dudas de que muchos de los juicios, en particular en el caso de (Alfredo) Astiz, avanzaron gracias a la actitud presidencial. Eso tiene un enorme valor, como cuando hace la primera visita a la ESMA. Se mostró como un ser humano. No obstante ello hubo una sobreactuación peligrosa, por ejemplo en el acto de la ESMA, donde se asumió una actitud de monopolio en la protección de los derechos humanos que es muy injusta, porque es desconocer el Nunca Más y el Juicio a las Juntas. Creo que igual se ha recentrado. Más allá de estos pequeños señalamientos, en el plano institucional hubo medidas positivas que marcan un cambio muy fuerte. En otros temas, en cambio, tengo algunos cuestionamientos muy concretos.
–¿Por ejemplo?
–Se ha seguido con la manía decretista, sacando decretos de necesidad y urgencia a rolete, superando a gobiernos anteriores. No se hizo nada para reglamentar la comisión bicameral permanente encargada de controlarlos. Argentina sigue siendo un caso de presidencialismo desquiciado. Nunca se va a consolidar la democracia con esa manía decretista, que crea inseguridad jurídica y les amputa a los actos del Congreso lo fundamental: la transparencia y el tiempo necesario de debate. La delegación de facultades legislativas al jefe de Gabinete también es un abuso. Y también estuve en desacuerdo con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El Congreso no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas y anularlas. Sólo lo puede hacer la Justicia. Arrogarse esa facultad es un mal precedente y además: ¿qué efecto tiene?
–Tiene un efecto político.
–En ese caso se hubiera hecho una declaración del Congreso, diciendo que vería con agrado tal cosa. Pero se constituyó un mal precedente, porque no hay que pensarlo para actos que uno abomina, sino en cómo podría utilizarse el precedente en el futuro. Y ya que estoy computando el debe del Gobierno, llama la atención la poca importancia que se le da al tema ambiental. No hay política en la materia. Finalmente, quiero destacar que hubo un esfuerzo grande para motivar a los jueces federales para que reflotaron los juicios maltrechos contra los grandes responsables de lo que ocurrió en los ‘90, pero hay que darle el mismo tratamiento a juicios que surgen hoy, como el tema pesca, que a mí no me queda claro. Lo mismo con la Sindicatura, y el hecho de que la mujer de (Julio) De Vido, que es el principal ministro a controlar, ocupe el segundo lugar. En cuanto a la prensa, a mí no me consta que se apriete a los periodistas, pero evidentemente al Gobierno le cuesta la crítica. Algunos ministros tienen reacciones excesivamente agresivas.
–Su balance, entonces, ¿cuál es?
–Renovar la Corte fue importante, la autolimitación es buena, sus nuevos integrantes son figuras descollantes. La política hacia los jueces federales y los anuncios en cuanto al Consejo de la Magistratura son positivos. En el tema AMIA se avanzó muchísimo. La lucha por los derechos humanos es clave. Señalé algunos puntos que me parece que hay que atender y algunos rasgos del Gobierno que no me gustan. Pero en general se ve un intento de renovación muy positivo.