Latente desde hacía años, la crisis de inseguridad estalló luego del secuestro de Axel Blumberg y de las masivas manifestaciones encabezadas por su padre. El Gobierno, acostumbrado a llevar la iniciativa, se encontró de repente con un tema que llegaba a la agenda pública de manera sorprendente y con un líder inesperado. Su reacción fue un ambicioso plan, que Marcelo Saín –ex viceministro de Seguridad bonaerense, actual titular de la Unidad de Investigaciones Financieras y uno de los principales expertos en seguridad de la Argentina– analiza en diálogo con Página/12.
–¿Coincide con la reacción del Gobierno ante la movilización encabezada por Juan Carlos Blumberg?
–El Gobierno venía evaluando previamente, fuera de la agenda pública, la revisión del sistema de seguridad federal. Blumberg aceleró algunas definiciones. Es bueno porque parte de un diagnóstico apropiado en dos cosas fundamentales. Una: contamos con un sistema de seguridad federal desactualizado, con defectos organizativos, que hay que mejorar. Y dos: esto encubre bolsones importantes de corrupción policial. Eso amerita una política más de fondo, porque la lucha contra la corrupción policial es de coyuntura, pero si no se da con un marco de fondo no va a prosperar. El Gobierno anunció un programa de reformas institucionales que intenta generar condiciones para un nuevo sistema de seguridad. Lo que valoro del anuncio es el reconocimiento de que uno de los problemas más serios es la necesidad de reacomodar las fuerzas de seguridad para trabajar con más racionalidad frente al crimen organizado.
–¿Cómo se define exactamente el crimen organizado?
–Es el narcotráfico, el secuestro, el robo de autos con desarmaderos, el tráfico de armas, los delitos económicos, los piratas del asfalto, y otros menos conocidos pero importantes, como los delitos rurales. El delito organizado supone organizaciones permanentes, verdaderas empresas, con una estructura interna y despliegue territorial, como los kioscos de venta de droga o los desarmaderos, que son de alta visibilidad pública.
–¿Quiénes los cometen?
–Dos tipos de bandas. Algunas son profesionales, bastante autónomas del Estado, sin regenteo policial. Pero hay otras menos profesionales que sólo pueden existir por la connivencia policial. Todas estas modalidades tienen envergadura federal, se reproducen en todo el país. Y no es posible enfrentarlas sin una estrategia federal. Esto se combate con inteligencia criminal y con grupos operativos. Hasta ahora se enfrentaban de manera desconectada, sin una producción de inteligencia criminal que permita hacer un cuadro de situación. El plan del Gobierno apunta a resolver la ausencia de inteligencia y la descoordinación administrativa.
–La sensación de inseguridad, que evidentemente se ha disparado, ¿es consecuencia del delito organizado?
–De varios factores. En primer lugar, del nivel de percepción social del delito verdadero. Hay delitos poco visibles. En cambio, si hay un secuestro en donde a la víctima le cortan un dedo, se dramatiza a un nivel mayor que ocho homicidios en Lomas de Zamora. La segunda cuestión que influye es cómo se para el sistema de seguridad. Puede haber baja sensación de inseguridad porque el ministro sale a abordar el tema, anuncia medidas espectaculares, y se genera una sensación de protección aunque siga habiendo delitos.
–¿La sensación responde a una situación concreta?
–Sí. Se ha incrementado el delito violento, el robo a mano armada y el robo violento contra propiedades. También los secuestros. Hay un crecimiento de la violencia. Es un dato objetivo y tiene visibilidad. En muchos hechos es difícil saber si responden a la criminalidad común o a la organizada. Un secuestro puede ser de una banda profesional o de un grupo de perejiles manejados por un sector policial. El padre del Corcho Rodríguez fue secuestrado por una banda profesional, Axel Blumberg no.
–¿No tiene que ver con la marginalidad?
–La marginalidad implica sectores urbanos muy deteriorados desde el punto de vista demográfico y social, con la exclusión de los sistemas formales en procesos acelerados. Esto es importante, porque no es lo mismo 40 años de favelas que una estructura social donde los sectores bajos estaban con plena ocupación y ahora representan un Sarajevo social. Hay un crecimiento de las tasas de criminalidad, especialmente la violenta, no donde hay más pobreza, por ejemplo en el Norte, sino donde hay bolsones de marginalidad urbana profunda, como en el Gran Buenos Aires. Esto explica el delito violento, las lesiones y los delitos contra la propiedad, cuyas principales víctimas son los sectores populares. Muchos de estos lugares se han favelizado. El Estado tiene poca presencia y sólo llega a través del sistema policial, vía represión o vía gestión de actividades delictivas. Pero el crecimiento del crimen organizado no se basa en la marginalidad, sino en las deficiencias del sistema de seguridad. La distribución minorista de droga, los desarmaderos, los piratas del asfalto, son delitos con baja exigencia de profesionalidad cuyo crecimiento se explica por la connivencia policial.
–¿Y la connivencia del poder político?
–También existe con mayor importancia en la provincia, donde hubo dirigentes que dejaron la seguridad en manos de la jefatura policial. Yo no me meto en sus negocios y ustedes no se metan conmigo. Esa era la idea. El problema es que hasta los ‘90 esos negocios eran la prostitución y el juego. Hoy, la mayor rentabilidad está en los negocios criminales: el narcotráfico, el secuestro, el desarme de autos. Y el poder político encontró una forma de recaudar a través del control informal de la policía, de una politización del sistema policial. El problema es que parte de ese financiamiento viene de delitos de sangre.
–Uno de los puntos más polémicos del plan de seguridad es la baja en la edad de imputabilidad. ¿Está de acuerdo con esta medida?
–Hay que ir a un nuevo régimen penal juvenil, que tenga una jurisdicción especial, tribunales especiales y penas especiales. Esto se debe dar dentro de un régimen protector del niño y del adolescente, en especial de los socialmente vulnerables. En este marco, la edad de imputabilidad es un detalle técnico. Ese es el planteo del Gobierno.
–¿Coincide con las medidas anunciadas por León Arslanian?
–Hay tres dimensiones de la seguridad que aún no han sido objeto de un anuncio por parte de Arslanian y que imagino que se estarán trabajando. En primer lugar, la reformulación del sistema policial para enfrentar el crimen organizado. En segundo lugar, la descentralización de la seguridad en el Gran Buenos Aires. Y en tercer lugar, la política para la Policía Bonaerense 1, porque hasta ahora se habló de muncipalizar fuera del Gran Buenos Aires y crear la Policía del Conurbano, pero aún no hemos escuchado qué va a pasar con los 45 mil hombres de la policía.
–Pero se hicieron purgas.
–Sí. Pero no son políticas de seguridad sino la expulsión de algunos policías. No hay 44 mil policías delincuentes. En la Policía Bonaerense hay una minoría de des-honestos y una mayoría de honestos, que conviven con ellos porque no tienen un marco para jugar en un proceso de cambio.