El 29 de mayo de 2001, en ocasión del Día del Ejército, el entonces presidente Fernando de la Rúa fue recibido por la plana mayor de esa fuerza. Todos brindaron con agua, en sintonía con el recorte presupuestario y la austeridad. Sin embargo, quince días antes el Estado Mayor General del Ejército pagó 70 mil pesos en vinos, champagnes, espumantes y whiskys a precios superiores a los fijados por la venta minorista en ese momento. Así lo denunció un teniente coronel retirado ante la Justicia y pidió que se investigue penalmente al ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y al ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena. El militar, ex auditor del Ejército, también mencionó que para la reparación y reequipamiento de vehículos de combate y tanques fue contratada en forma directa por 9 millones 800 mil dólares una empresa de baterías para automóviles cuyo galpón tiene dimensiones demasiado pequeñas para el ingreso de un tanque. Estas y otras maniobras acreditarían “la existencia de una metodología de corrupción económica que afecta el prestigio y la credibilidad de las Fuerzas Armadas en su conjunto”, aseguró Leopoldo Visconti, el denunciante (ver aparte)
La empresa Champion S.A. tiene un solo taller en Villa Martelli para el reciclado de baterías, pero la contratación estaba destinada a la “refacción de la computadora balística” o del “panel de mando de computadora”. Patrocinado por el abogado Eduardo Barcesat, Visconti afirmó que se trató de “ficciones contractuales con empresas fantasmáticas”, porque los contenidos de las contrataciones directas no se correspondieron en ningún caso con la realidad. “La empresa fantasma es sólo una pantalla, una articulación cómplice generada por el Estado Mayor del Ejército, bajo el mando del teniente general Ricardo Brinzoni, principal operador de estas contrataciones”, expresó en el escrito de denuncia, que recayó en el juzgado federal de Juan José Galeano. Tras la ratificación de la acusación, ocurrida ayer, ahora será el fiscal federal Carlos Stornelli quien deberá decidir si los elementos presentados son suficientes para iniciar la acción penal. Los denunciantes aportaron fotocopias de los “contratos fantasmáticos” y otra documentación respaldatoria.
“¿Qué control hubo? ¿Qué inspección técnica? ¿Es que nadie se interrogó siquiera si ese galpón daba cabida a un VC TAM?”, se preguntó Visconti. A lo largo de su denuncia, el militar insistió en que no se trató de un hecho aislado sino “arquetípico”. Y a continuación describió la contratación directa por 3 millones 960 mil dólares para la compra de un moderno equipamiento de visores térmicos, provisión que abarcaría desde el año 2002 hasta el 2007. La beneficiada por ese contrato fue la firma Sel Lorenz, con sede en Uruguay, representada en Argentina por, una vez más... Champion S.A. Esa empresa resultó ser un comercio de ventas al por menor de insumos de computación, inscripto como de comestibles. “Estos dos especialistas van a proveer los sistemas de visión técnica integrada, los sistemas de posicionador satelital, el sistema de cobertor activo y el estabilizador de baterías”, describió el escrito.
Otra de las “prácticas viciadas” era la de efectuar múltiples y costosas adquisiciones, invocando el inciso 1.5.9 del presupuesto general de la fuerza, para gastos de asistencia al personal de “contratación no habitual”. Bajo esa forma, se adquirieron en septiembre y octubre de 2001 variados efectos por 1 millón 500 mil dólares para el Hospital Militar Central. “Muchos de los efectos que se dicen adquiridos jamás llegaron al hospital”, aseguró Visconti. Por contratación directa también se adquirió vestuario por la suma de 3 millones 300 mil dólares. Estos efectos tampoco ingresaron ni fueron derivados a las unidades a las que figuraban destinados, y, según la denuncia, fueron fraguados los precios testigo.
Bajo el subtítulo “En homenaje a Baco”, Visconti recordó que De la Rúa dispuso, vía decretos de necesidad y urgencia, un recorte de haberes del 13 por ciento, además de otros ajustes para las Fuerzas Armadas.”Concomitante a esta pavoneada austeridad, un proveedor del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), la firma JP Distribuciones de José Pizzo, con sede en Ciudadela, facturó el 15 de mayo la suma de 70.015 pesos en vinos, champagnes, espumantes, whiskys, a precios unitarios que superan los conocidos para la venta minorista al público, supermercados o almacenes”, describió el denunciante. Y mencionó otra compra similar de fecha 11 de mayo de 2001, también con destino EMGE, del mismo proveedor, en la que se adquirieron vinos Enzo Bianchi Gran Cru, al precio de 72 pesos cada botella. En este punto, Visconti se permitió opinar que “entra en juego una hipócrita duplicidad” de “exhibirse ante la opinión pública en gesto de pobreza y austeridad, brindando con agua”, y por otro lado “se adquieren cantidades fastuosas de vinos y bebidas alcohólicas dignas de celebraciones y homenajes al dios Baco”.
El militar agregó que se realizaron compras directas de combustible por 50 mil y 80 mil pesos, y señaló que deja para la “imaginación” las distancias que tendría que recorrer toda la flota del EMGE para consumir esa cantidad de combustible. Y Brinzoni habría pagado 1800 dólares y 2100 dólares para la reparación de tanques Shermann, piezas de museo que ya ni se exhiben en desfiles. Visconti y Barcesat pidieron que Jaunarena y Brinzoni sean investigados por los presuntos delitos de administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y asociación ilícita.