La reapertura de varias causas contra militares involucrados en crímenes cometidos durante la dictadura a partir de la anulación de las leyes de impunidad y la decisión del presidente Néstor Kirchner de no interferir en los procesos de extradición abiertos en la Justicia contra represores argentinos marcan un avance de la Argentina en materia de derechos humanos durante el 2003. Así lo destaca Amnistía Internacional en el informe que realiza anualmente para conocer la situación de los derechos humanos a nivel mundial.
En su último relevamiento, que será presentado oficialmente hoy, el organismo resalta la importancia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso. Según Amnistía, además de su relevancia a nivel nacional al permitir que se reactiven numerosas investigaciones en la Justicia argentina, estas medidas son positivas en el contexto internacional de lucha por los derechos humanos.
En el mismo sentido, el informe cita además un fallo de la Cámara Federal de La Plata que establece que “los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles”, y por lo tanto los delitos cometidos durante la dictadura pueden ser investigados y sus responsables castigados.
Otro de lo puntos destacados en referencia a la situación de los derechos humanos en la Argentina es la decisión adoptada por Kirchner de anular el decreto firmado por Fernando de la Rúa, que obstruía cualquier fallo judicial en los pedidos de extradición abiertos por otros países contra militares argentinos. Con esta medida, el Presidente dejó el tema exclusivamente en manos de la Justicia sin intervención del Ejecutivo.
Pero no toda la evaluación es positiva: el capítulo sobre Argentina señala al mismo tiempo que “las condiciones de reclusión en el país no cumplieron las normas internacionales y que se recibieron denuncias de torturas y malos tratos a detenidos –muchos de ellos menores– en comisarías”, principalmente en Buenos Aires, Mendoza y Salta.