Jue 27.05.2004

EL PAíS  › LA JUSTICIA INVESTIGA A UNO DE LOS
COMENSALES DE LA CENA CLANDESTINA DE PATRICIOS

Digestión en la cárcel, el futuro de Visuara

El juez Canicoba Corral recibió información de la Cancillería confirmando que el coronel Rubén Visuara fue el jefe de la patota de la SIDE en la dictadura. Visuara fue uno de los comensales de la cena de Patricios en la que el Presidente ordenó irrumpir a Pampuro el último jueves y que operadores de inteligencia insisten en presentar como apenas un encuentro social.

› Por Victoria Ginzberg

Para el coronel Rubén Visuara las consecuencias de la cena del jueves en el Regimiento Patricios pueden ser más graves que los inconvenientes que provoca una mala digestión. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo denunció ayer ante la Justicia por su responsabilidad en la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Funcionarios de la Justicia Federal dijeron a Página/12 que la presentación, efectuada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, se hizo en base a documentación obtenida por la Cancillería y que se origina en las propias Fuerzas Armadas: una causa penal militar de la que surge claramente que Visuara era el Jefe de Departamento de Operaciones Tácticas (OT1) de la SIDE durante la dictadura. Es decir, el patrón de la banda de Aníbal Gordon, que operó en el centro clandestino Automotores Orletti, donde se alojaron, entre otros detenidos, a ciudadanos de distintos países latinoamericanos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.
“Hemos tomado como prioridad absoluta el tema del Plan Cóndor, siguiendo instrucciones del Presidente de la Nación, por el respeto que les debemos a los ciudadanos latinoamericanos y las explicaciones que le tenemos que dar al mundo. Necesitamos buscar, junto con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, soluciones conjuntas sobre este tema. Por eso es de incumbencia propia de la Cancillería”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, cuando este diario lo llamó para confirmar la noticia.
El escrito que la Cancillería –con la firma de la representante especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Alicia Oliveira– entregó a Canicoba Corral señala que se hace llegar prueba documental sobre el organigrama de la SIDE “con el objeto de cooperar con la investigación que vuestra señoría lleva adelante, tan cara a las políticas de derechos humanos que este gobierno desarrolla y con la finalidad de conseguir justicia para los hermanos latinoamericanos que han sido víctimas del Plan Cóndor”.
En la presentación se aclara que “además de los graves hechos de terrorismo de Estado existe ahora un serio problema político institucional: el entonces teniente coronel Visuara, a cargo de la OT1, es uno de los comensales del banquete celebrado en el Regimiento de Patricios que tomara trascendencia pública en los últimos días”.
Página/12 reveló el domingo que el jueves pasado, militares retirados, empresarios –como el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot– y políticos como los radicales Enrique Nosiglia y Horacio Jaunarena y el ex ministro menemista Jorge Domínguez se reunieron en el Regimiento de Patricios en una comida de operadores de inteligencia en actividad. Cuando fueron sorprendidos por el ministro de Defensa, José Pampuro, a quien había enviado el presidente Néstor Kirchner, Nosiglia afirmó: “Mirá que no estamos conspirando”.
La información sobre la estructura de la SIDE durante la dictadura obtenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que:
- En marzo de 1976 el secretario de la SIDE Otto Paladino creó el grupo OT 18 que dependía del Departamento de Operaciones Tácticas I. Visuara fue jefe de ese departamento.
- La OT 18 era una base operacional integrada por “inorgánicos” contratados –de la banda de Aníbal Gordon– y personal orgánico de la SIDE.
- La OT 18 era la “ejecutora” de los “blancos operacionales” (los secuestros).
- Los “blancos” surgían de la labor de inteligencia “contrasubversiva” que realizaba el departamento de contrainteligencia con intervención de OT1.
- La OT 18 tenía “bases operativas” (centros clandestinos) en la calle Bacacay y Venancio Flores (Orletti). La última “base” conocida es una ubicada en la esquina de Chiclana y Pomar.
Estos datos, que confirman información que en parte ya tenían los organismos de derechos humanos, se desprenden de un expediente que tramitó en la justicia militar en 1977, iniciado por la IV Brigada de Infantería Aerotransportada para “investigar” el secuestro extorsivo de un financista que fue rescatado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por participar del hecho fueron arrestados varios miembros de la SIDE que, al ser puestos a disposición de ese organismo, recuperaron la libertad. Antes, los agentes que fueron interrogados como testigos e imputados aportaron detalles sobre el funcionamiento y estructura de la SIDE.
De esas declaraciones surge, por ejemplo, que a fines de 1976 se realizó en el restaurante de la costanera Los Años Locos una reunión de despedida a Otto Paladino, que cesaba en sus funciones. Allí concurrieron, además de los “orgánicos” e “inorgánicos” de la SIDE, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad de Uruguay y Chile, que fueron acompañados por sus esposas.
En la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, figuran los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Ambos fueron secuestrados por el grupo de Aníbal Gordon, pero aún no se sabe si estuvieron detenidos en Automotores Orletti o en la casa de la calle Bacacay. Canicoba Corral también tiene a su cargo una denuncia sobre la desaparición de los uruguayos Mariana Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu. Visuara figura en esa causa como uno de los responsables de sus secuestros.
“Profundizar las investigaciones vinculadas con el Plan Cóndor importa cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, en particular con el informe adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de conocer la verdad, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a derecho”, concluyó Oliveira en el escrito que ahora analiza Canicoba Corral.

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