Desde hace diez años, Marcela Rodríguez se encarga de darles forma jurídica y legislativa a las iniciativas de Elisa Carrió, de quien es amiga y fue asesora. Abogada, con un master en Yale, asumió como diputada en 2001 y se fue convirtiendo en una de las voces más lúcidas del ARI. En diálogo con Página/12, Rodríguez cuestiona el proyecto oficial de reforma política y analiza los principales aspectos del primer año de gestión. “La crisis de representación no se resuelve eliminando la lista sábana”, sostiene.
–La renovación institucional es quizás el eje más saliente del Gobierno. ¿Qué le parecen medidas como los cambios en la Corte o la nulidad en las leyes?
–La renovación de la Corte y la nulidad de las leyes de impunidad son dos de los hechos más destacables del Gobierno. Pero con eso no basta. Aun en temas de calidad institucional la situación no es buena. El Presidente abusó de los decretos. Marcó un record para el primer año. Hubo abuso de facultades delegadas y en este sentido lo que se votó el año pasado fue más grave que lo se venía votando desde años anteriores.
–¿Y el hecho de que se haya propuesto a dos mujeres para la Corte?
–Es muy bueno. No hay justificativo alguno para decir que las mujeres no tenemos capacidad para la Corte. Las mujeres tienen perspectivas diferentes. Somos la mitad de la población y tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones. Es un acierto del Presidente, por más que no haya avanzado en otras cuestiones de género, como en el Consejo de la Mujer, que fue desjerarquizado y no tiene políticas públicas específicas. La renovación de la Corte es positiva, al igual que la política de derechos humanos. Pero eso no quita que no señalemos, por ejemplo, el avasallamiento institucional que suponen las facultades delegadas.
–¿La emergencia económica no justifica la delegación en el Ejecutivo?
–No. Cuando el Gobierno quiere, las cosas se votan en dos semanas. Miremos el tema penal. Hacer un código en serio lleva mucho tiempo. Destruir su lógica no cuesta nada. Acá se sacó a las apuradas algo que no sólo no resolvía la cuestión de fondo, sino que tenía problemas técnicos, que nosotros marcamos. Si el Gobierno quiere sacar leyes con rapidez tiene mayorías suficientes como para hacerlo. No necesita alterar los caminos institucionales. En algunas cuestiones mejora la calidad institucional, pero en otras sigue con la misma lógica e incluso la profundiza. Es un uso hegemónico del poder. Aun teniendo mayoría busca la concentración de poder en el Ejecutivo. Ahora, el riesgo es que esta pretensión hegemónica se traslade al tema de la reforma política. No están los proyectos, porque hacen los anuncios pero no dan los proyectos. De todos modos, lo que dicen que van a presentar es un proyecto mixto, que combina una media sábana con circunscripciones uninominales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires renueva 35 diputados: 18 se votan por circunscripción y 17 por lista sábana. Se elimina la representación de las minorías.
–¿Por qué?
–Es elemental: en cada circunscripción se vota un diputado. Va a ganar el que pertenezca a la fuerza mayoritaria, y la segunda, tercera y cuarta fuerza se quedan sin nada. Se compensa con la media sábana, pero obviamente se disminuye la representación de los partidos que no ganan. Y si se lleva el sistema a las provincias chicas es peor, porque se corre el riesgo de que en las circunscripciones gane siempre el partido A, y que también se lleve todos los cargos de la media sábana. Entonces, tiende a eliminar la representación de las minorías y de las mujeres, porque es difícil aplicar el cupo. Y consolida micro aparatos locales.
–El esquema fue copiado de Alemania.
–Sí, pero hay otro sistema de partidos y una distribución de la población más homogénea. Acá el que tiene el lápiz para dividir las circunscripciones tiene un poder que mal usado puede derivar en desequilibrios muy fuertes.
–¿La conclusión es que hay que mantener la lista sábana?
–En primer lugar, lo que se le atribuye a la lista sábana no es consecuencia de eso. El escándalo más grave del Congreso fue el de las coimas en el Senado. Y los senadores no se eligen por lista sábana. La crisis de representatividad no se basa en una herramienta, y entonces no se resuelve eliminando la lista sábana. El planteo del Gobierno es hipócrita: el problema más grave no es la lista sábana sino el financiamiento, y en esto el Gobierno no cumplió, de acuerdo con Transparencia Internacional, en informar cuánto gastó en la campaña.
–Otro de los aspectos de renovación institucional es la política de derechos humanos. ¿Coincide con las decisiones del Gobierno?
–Nosotros estuvimos de acuerdo con la nulidad de las leyes, pero proponíamos una política más integral, que incluyera la nulidad de los indultos. La misma fundamentación par avalar la nulidad de las leyes se podía utilizar para los indultos. Lo puede hacer el Presidente por decreto, de la misma manera que el Congreso tenía facultad para nulificar sus propios actos porque violaban la Constitución.
–¿Qué opina del acto en la ESMA?
–Fue correcto. Respondía a un reclamo de los organismos.
–Si Carrió hubiera ganado las elecciones, ¿usted cree que hubiera hecho lo mismo que el Gobierno en materia de derechos humanos?
–En el programa de gobierno adelantábamos nuestra posición en cuanto a la nulidad de las leyes. En relación con la Corte también hablábamos de la renovación, del sistema de designación y las audiencias públicas.
–¿El Gobierno se mantiene dentro de los límites institucionales? ¿O los pasa, como Carlos Menem?
–No. No es la misma situación. Es más sutil, pero igual creo que traspasa los límites: con los decretos, por ejemplo, hubo abuso, porque algunos casos no se justificaba la situación de necesidad y urgencia. Las facultades delegadas es directamente un abuso.
–El ARI en general y Carrió en particular han sido muy críticos de la gestión Kirchner. ¿Qué balance hace de esta actitud?
–En las cuestiones que eran positivas dimos nuestro apoyo. En relación con Carmen Argibay, por ejemplo, Lilita y yo fuimos de las primeras en opinar a favor de su designación. La nulidad de las leyes también la apoyamos, aun cuando el Gobierno ni siquiera tenía a los diputados del PJ a favor. Pero con la misma firmeza criticamos lo que nos parece incorrecto. La situación económica y social es gravísima y por el hecho de que se hayan tomado buenas medidas en relación a los derechos humanos o a la renovación institucional no vamos a dejar de marcar otras cosas.
–Pero la renegociación de la deuda con quita, por ejemplo, figuraba en el programa del ARI.
–Nosotros no hicimos una crítica que dificultara la negociación. Hemos sido respetuosos y prudentes en los momentos difíciles. Pero teníamos otro programa, con plazos y quita, con una propuesta para balancear el pago a los organismos con el pago a los acreedores privados y fundamentalmente examinando la legalidad de la deuda. Era una propuesta diferente. Sin embargo fuimos prudentes. Pero hay otras cuestiones que alertamos. La crisis energética la venimos denunciando desde hace tiempo. Inevitablemente iba a saltar y nos decían que hacíamos críticas apresuradas. En cuanto a las privatizadas, alertamos que en la renegociación de los contratos se estaba ladrando mucho pero que en realidad no se hacía nada.
–Sin embargo, algunas concesiones se anularon, por ejemplo la del Correo.
–Hay que ver caso por caso. Hubo muchas declaraciones diciendo que se iban a anular las concesiones de quienes incumplieran los contratos, pero se renovaron. El caso más grave es el de peajes, donde se premió a los incumplidores. El Presidente tiene un discurso público agresivo, pero cuando uno ve los hechos concretos se traduce en otra cosa. Nosotros proponíamos analizar caso por caso.
–Si se analizaran las privatizaciones una por una, tal vez no quedaría ninguna en pie.
–Hay diferentes casos. En algunos hay incumplimientos en los cuales alcanza con exigir el cumplimiento. Lo que no se puede es tener un doble discurso, porque se las critica pero después se les extiende la concesión o se les concede el aumento de tarifas. De todos modos, lo más grave es la situación social, que no ha mejorado. Y es más grave porque hay un instrumento para atacar esta situación, que es el Ingreso Ciudadano para la Niñez. Es un proyecto sólido, democrático y autosuficiente.
–¿Cómo se financiaría?
–Con el monto de asignaciones familiares, una reforma tributaria en el impuesto a las ganancias para gravar cosas que deberían estar gravadas, como las rentas financieras, y con el aumento a las retenciones a hidrocarburos. Con esto se forma un fondo que alcanzaría para que cada madre reciba un monto de acuerdo a la cantidad y las edades de los hijos. Además, terminaría definitivamente con el clientelismo político, cosa que no hace el Plan Jefas y Jefes, que comenzó siendo universal pero ya no lo es. La lógica del Ingreso Ciudadano es que cada chico, por ser ciudadano, merece un ingreso.
–¿Qué es lo mejor y lo peor del primer año de gobierno?
–Lo mejor es la renovación de la Corte y la política de derechos humanos. La mayor deuda tiene que ver con no atacar las causas profundas de la distribución del ingreso y con haber violentado los límites institucionales en algunos casos.