Contra Pepino Fernández, piquetero de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, se acumulan 76 causas judiciales. Todas fueron abiertas por las acciones con que los ex empleados de YPF realizaron por trabajo luego de la privatización de la petrolera. La maestra Marina Schifrin está acusada en el primer caso por corte de rutas, que llega a la Corte Suprema. De la resolución de su expediente dependerá la suerte de las 3 mil personas que tienen causas abiertas por el conflicto social. Schifrin y Fernández se reunirán en Buenos Aires para participar de la Semana contra la Criminalización de la Protesta.
Las jornadas se llevarán a cabo del 5 al 11 de junio. La idea de los organizadores, integrantes del colectivo Alerta Salta, es impulsar un debate que todavía no se ha dado en la sociedad. “Hay un gran desconocimiento de que las protestas son seguidas por medidas judiciales, con la apertura de causas y el procesamiento de quienes salen a la calle. El caso de Marina Schifrin ocurrió en el ‘97, en los comienzos (del ciclo de protesta), mientras que los de Pepino se sumaron a lo largo de los últimos años. Pero del principio al final, la actitud del Poder Judicial ha sido una”, señaló la socióloga Maristella Svampa.
No habrá una sede única para el encuentro sino actividad (casi todas ellas paneles) en las principales facultades de la UBA y en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
La agenda prevé la participación de figuras del mundo académico, del derecho y organizaciones sociales. Graciela Daleo (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Roberto Gargarella, Horacio González (Comité de Acción Jurídica-CTA), Gustavo Palmieri (CELS), Claudio Pandolfi (Correpi) y la abogada salteña Mara Puntano son algunos de ellos. Las mesas tendrán temas como “La protesta social no es delito”, “Derechos Humanos hoy”, “El derecho y la protesta” y “La otra cara de la crisis energética: represión y saqueo”.
Marina Schifrin participó en un corte de ruta el 21 de marzo de 1997, en Bariloche. Ese día hubo en el piquete unas 300 personas, que manifestaron contra las reducciones salariales impuestas por el gobierno provincial y en defensa de la educación pública. El juez federal Leónidas Moldes la condenó a tres meses de prisión en suspenso como co-autora del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal: impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire sin crear una situación de peligro común.
Los abogados defensores de Schifrin plantearon que la protesta estuvo amparada por los derechos constitucionales de expresión, reunión, asociación y petición a las autoridades. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó por mayoría la condena y convalidó la línea de control penal de las manifestaciones políticas.
Pepino Fernández sumó los procesos en su contra a partir del 2000, dijo la abogada Mara Puntano. “Han armado un cóctel de acusaciones: por corte de rutas, por instigación a cometer delitos, apología del crimen, amenazas y cuanta figura tuvieron a mano.”
Ex trabajador de YPF y referente de una de las agrupaciones más combativas del norte salteño, el de Pepino es considerado el caso testigo de acoso judicial.
Los carteles de difusión de la campaña recuerdan que “en todo el país hay más de 3 mil procesados por luchar contra la exclusión, el desempleo y el hambre. Y que exigen verdadera justicia”. Otros apuntan a que se garanticen los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Señalan que “los jueces deben cumplir con su primario deber de dar protección –y no perseguir– a quienes reclaman sus derechos”.