Los camaristas ya pueden respirar tranquilos. El fiscal federal Guillermo Marijuán desestimó una denuncia contra los jueces de la sala B de la Cámara en lo Penal Económico que había presentado el abogado del sindicado traficante de armas Diego Palleros, y el juez federal Jorge Ballestero cerró la causa. El letrado los acusó de haber cedido a “presiones” para “volver a encarcelar a Menem” e impulsó una querella para que se investigue si cometieron el delito de “tentativa de prevaricato”. Ahora Marcos Gravibker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli pueden seguir concentrados en la resolución que podría revocar el sobreseimiento del ex presidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, sin acusaciones pendientes sobre sus cabezas.
El abogado Isaac Wieder, defensor de Palleros, había afirmado que los camaristas “están siendo objeto de presiones” y ya habrían firmado parte de un fallo que cambiará el curso de la investigación. Según Wieder, la “megacausa de las armas” sólo prosigue por fines políticos y “para entretenimiento del público”. La denuncia señalaba que esos magistrados “verían con agrado revocar las resoluciones” dictadas en primera instancia por el juez en lo penal económico Julio Speroni”, es decir, el sobreseimiento de la mayoría de los imputados, incluido Menem.
Basado en notas periodísticas y en lo que es de “público conocimiento”, Wieder afirmó que pudo saber que “el deseo de la Cámara va mucho más allá y que por necesidades propias y ajenas, se retiraría de la causa al citado juez (Speroni)” para adjudicarla a otros “que podrían ser más permeables a intereses políticos de turno”.
El fiscal Marijuán entendió que la presentación de Wieder no es precisa porque se basa en un artículo publicado en el diario La Nación el 18 de marzo en el que “no se mencionan circunstancias de modo, tiempo y lugar donde habrían acontecido las presiones dirigidas a los señores camaristas para que adopten una resolución como la que describe el denunciante, y mucho menos señala a sus responsables”. Además, en la denuncia se menciona una supuesta campaña política pero “no se dice quién la dirige o comanda”. Marijuán consideró que, “más allá de la existencia de borradores o proyectos” de una resolución, “no se admite en este supuesto delictual la tentativa”. El delito de prevaricato (fallar contra las leyes) que Wieder endilga a los camaristas no se habría consumado porque éstos aún no han firmado fallo alguno. “Todo el planteo de Wieder cae pues no se han dictado en el caso resolución alguna que pueda contener una cita contraria a la ley o hechos falsos que permitan señalar si hay o no un prevaricato”, escribió el fiscal en el dictamen al que Página/12 tuvo acceso. Y agregó que “no cualquier resolución o sentencia con un criterio distinto al peticionado por una parte puede reputarse como subsumible en este delito”.
Las actuales autoridades de la Aduana, a diferencia de lo actuado por anteriores gobiernos, apelaron el sobreseimiento de Menem. Y además, vinculó la megacausa con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la cual se habrían eliminado pruebas del caso. Ahora tienen la palabra los camaristas.