Luego de que se difundiera que llevaba más de 10 años viviendo en el país con sus derechos políticos suspendidos, sin poder votar ni ser elegido, el candidato a embajador en España, Carlos Bettini Francese, concurrió a la Justicia Electoral y reclamó la restitución de sus derechos de ciudadano argentino. Y lo logró casi en forma inmediata. La jueza electoral María Servini de Cubría dijo que el aspirante a diplomático “lo pidió ayer al juzgado, es un trámite muy simple, se hace en el día” y luego de ello “nosotros lo pusimos (a Bettini) en el padrón electoral”.
La magistrada explicó que “nosotros teníamos el expediente de inhabilitación (de Bettini) que nos pasó la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires” porque su domicilio antes estaba fijado en La Plata pero, prosiguió, “él cambió de domicilio en 1994 a la Capital Federal”. Servini agregó que “lo que pasó es que el Registro Nacional de las Personas no nos mandó el cambio de domicilio para que nosotros lo incorporáramos (a Bettini) al padrón electoral” de la Capital Federal.
Sobre por qué Bettini tardó más de 10 años en formular el pedido, Servini de Cubría dijo que “habría que preguntarle a él por qué no hizo antes” el trámite de recuperación de sus derechos, que tenía suspendidos por haberse nacionalizado español y vivir en el extranjero, al tiempo que consideró que “ésas son cuestiones muy particulares”.
La agencia DyN había informado el viernes pasado que desde hacía 15 años Bettini tenía los derechos políticos suspendidos por una resolución del juez electoral de La Plata Manuel Blanco, de fecha 11 de agosto de 1989, en aplicación del artículo 8 de la ley nacional 346 sobre los derechos de los ciudadanos argentinos. Esa norma establece que “no podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturalizados en países extranjeros” así como, entre otros, “por los que hayan aceptado empleos u honores de gobiernos extranjeros sin permiso del Congreso”. En 1992, Bettini Francese declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, en una causa ante el juez Luis Fernando Niño y se identificó como “español (naturalizado)”, presentó su pasaporte español número 55420810 y aseguró que era “director de Iberia y Aerolíneas Argentinas”, ambas empresas por entonces del Estado español.