Por Elio Brat
Desde San Carlos de Bariloche

Marina Schifrin, una profesora de matemática de Bariloche que participó de un corte de ruta en marzo de 1997, fue condenada a tres meses de prisión y la prohibición expresa de participar en cualquier manifestación callejera de protesta por el lapso de dos años. “Yo nunca hice caso a esa prohibición y siempre fui a toda marcha que se hizo acá y en todas partes”, admitió a Página/12 la docente y agregó que “eso nunca lo voy a aceptar porque no es una inconducta manifestarse. Mis abogados me dijeron que yo podía seguir yendo a las manifestaciones porque esa medida es totalmente anticonstitucional y también porque mi condena no está firme ya que la apelé y la sigo apelando”. Su caso será analizado por la Corte Suprema de la Nación –adonde llegó en segunda instancia la apelación– y la sentencia definitiva es esperada con mucha expectativa, ya que sentará jurisprudencia en el caso que ocupa a miles de procesados que, como Schifrin, cortaron rutas a lo largo y ancho del país.
La sentencia dictada por el juez federal de Bariloche Leónidas Moldes, el 25 de septiembre de 2001, fue para Schifrin “una condena inaugural” en lo que se llama la criminalización de la protesta social en la Argentina. “Se hizo un juicio oral que no fue público porque el juez (Moldes) no dejó entrar a la gente ni a la prensa”, recordó la rionegrina, y dijo que “nosotros apelamos, junto a los compañeros de la CTA barilochense, la condena ante la Cámara de Casación, la cual ratificó la sentencia del juez Moldes, diciendo que el corte de ruta es delito. Y hoy llegamos ante la Corte Suprema, quien con su fallo dirá si hay que encarcelar o hay que dar respuesta a los reclamos de la gente”.
“Los pueblos también imponemos las leyes. No sólo vienen de arriba”, dijo Schifrin a Página/12 y remarcó que “los diputados no quisieron tratar una amnistía para todos los luchadores. Habemos 3000 por corte de ruta pero en el país hay 10 mil luchadores procesados por escraches, por tomas de edificios y por resistencia al menemismo. Este gobierno, el de Néstor Kirchner, que de alguna manera se dice que es una especie de respuesta al menemismo –ellos mismos se encargan de decirlo–, debiera tomar muy en cuenta que ellos no estarían ahí si no hubiera sido por la resistencia del pueblo argentino. Y de esa formamos parte los procesados”.
Sobre el caso denominado “Schifrin, Marina s/causa N 3905”, el procurador general de la Nación, Luis González Warcalde, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe revocar la condena impuesta a la trabajadora docente de Bariloche, estableciendo respecto de su participación en el corte de ruta de 1997 que la mujer “en el marco de una protesta gremial tenía razones sensatas para suponer el carácter permitido de su hecho”. Pero su dictamen no es vinculante, aunque a la hora de definirse, la Corte Suprema seguramente lo tendrá en cuenta. La propia Schifrin tomó este pronunciamiento con alegría pero también con cautela porque “pareciera ser que mayoritariamente hay una posición reaccionaria con una justicia muy defensora del poder del Estado y no del poder de la gente”, dijo a Página/12.
Justamente el 9 de junio, otros cuatro dirigentes patagónicos serán llevados a juicio en Neuquén por un corte de ruta realizado en septiembre de 1999. Se trata de la ex secretaria general de los docentes neuquinos Liliana Obregón, el ex secretario general de la CTA Julio Fuentes, César Sagredo y el actual titular de la CTA de Neuquén Horacio Fernández.
“Todos los que estamos procesados por participar en cortes de ruta para reclamar por trabajo, salud o educación, no somos delincuentes. Somos militantes sociales o a veces simples manifestantes y pensamos que el Estado argentino no nos debe considerar como delincuentes y criminalizarnos”, concluyó Schifrin.