Y De la Rúa sigue zafando. La Cámara Federal confirmó la falta de mérito que la jueza María Servini de Cubría le había dictado al ex presidente en relación con su responsabilidad en cinco de las muertes ocurridas el 20 de diciembre de 2001. La sala I de ese tribunal estableció que la magistrada tiene que indagarlo por su presunta conducta omisiva en los hechos, es decir que el encuadre acusatorio planteado por Servini fue equivocado. Y además, le ordenó una serie de medidas para establecer si realmente fue Fernando de la Rúa quien dio la orden de reprimir durante la última jornada de su gobierno. Los querellantes, que representan a los familiares de las víctimas, criticaron la resolución.
Habían sido los propios camaristas de esa sala los que le ordenaron a Servini que debía interrogar al ex presidente por el asesinato de cinco manifestantes, que aquel día habían acudido junto a miles a Plaza de Mayo para protestar por el estado de sitio dictado la noche anterior, en la que también hubo represión y un muerto. Los jueces Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y Martín Irurzun recordaron que lo hizo “tras casi un año de dilación”. La imputación que le atribuyó la jueza fue la de “haber autorizado como presidente el despliegue de un servicio de seguridad de carácter extraordinario destinado a proteger la Casa de Gobierno, el Congreso y toda su área circundante, de las extendidas manifestaciones públicas que tuvieron lugar los días 19 y 20 de diciembre de 2001...”.
Un funcionario judicial explicó a Página/12 que la presunción es que De la Rúa habría cometido un delito por omisión impropia, es decir, tuvo una “conducta omisiva” al no hacer nada para frenar la represión. Pero para probar esto los camaristas consideran que es necesario establecer cuál era el grado exacto de conocimiento que tuvo sobre la situación en las calles, y si realmente fue él quien dio la orden de reprimir. Cavallo, Vigliani e Irurzun reconocieron que De la Rúa es “formalmente responsable como titular del Poder Ejecutivo nacional de la administración general del país, dentro de la cual se halla comprendido el mando de las fuerzas sobre las fuerzas policiales de orden federal”, y que “todo aparato coactivo del Estado se encontraba jerárquica y estructuralmente bajo la dependencia final del ex presidente”. Sin embargo, señalaron que “esto no implica que dicho funcionario deba ejercer funciones operativas en el marco de la política de seguridad”. Los camaristas puntualizaron que lo que se investiga en esta causa es “cómo administró esos recursos” (las fuerzas policiales) y si conocía o no la situación de riesgo que representaba el despliegue de un gran operativo policial para contener a ciudadanos que deseaban manifestarse. Y en tal sentido, determinaron que es “crucial” establecer “quién le dio la orden al jefe de la Policía Federal de mantener la plaza libre de manifestantes y producir detenciones puntuales”, tal como declaró el ex jefe de la Federal Rubén Santos, procesado en la causa. Por eso le ordenaron a Servini que identifique las llamadas desde y hacia todos los teléfonos que utilizó Santos y también verificar las llamadas que realizaron el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex ministro del Interior Ramón Mestre. En caso de que se comprobara que la orden fue verbal, serían citados varios ex funcionarios para ser interrogados al respecto.
“Se simula seguir la investigación con medidas de prueba casi de obtención imposible, porque nunca se podrá establecer el contenido de esas llamadas. Acá no hay que establecer quién dio la orden sino quién estaba en posición jurídica de interrumpir el curso de los acontecimientos”, opinó ante Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi. Por su parte, Rodolfo Yanzón, de la LADH, expresó que “ante la contundencia de los hechos públicos De la Rúa no impartió las órdenes necesarias para impedir la masacre, lo cual lo hace responsable, y por eso seguimos exigiendo su procesamiento”. Y Andrea Pochak, del CELS, consideró que “en la causa existen los elementos suficientes para que la Cámara hubiera determinado la responsabilidad de De la Rúa por no haber tomado las medidas necesarias para evitar las muertes”.