Por Diego Schurman y driana Meyer

El Gobierno no descartó la posibilidad de que se produzcan nuevos “atentados” en el marco de la campaña de desestabilización denunciada por Néstor Kirchner. Así lo confirmó a Página/12 un alto funcionario oficial, que anoche analizó con el Presidente los pasos a seguir. El tema generó un amplio debate en el mundillo político y también una derivación impensada: el fiscal federal Carlos Stornelli hizo una presentación para que se investiguen “presuntos hechos delictivos de acción pública” a partir de los dichos del mandatario, quien de acuerdo con el propio escrito podría transformarse en el primer testigo en declarar en la causa.
Kirchner había denunciado una campaña en su contra del que no serían ajenos los grupos económicos y los sectores desplazados de la Policía Federal. Por eso sospecha de una conjura en el “atentado” registrado el último domingo en el centro de control de trenes de Constitución.
Se trata de un caso emblemático: el Presidente está convencido de que fue intencional, que conforma una respuesta a la decisión del Gobierno de revisar la concesión del servicio y que apunta a divorciarlo de la gente.
“Están al acecho para volver cuando puedan”, dijo.
Anoche, Kirchner evaluaba con sus ministros más cercanos cómo enfrentar políticamente eventuales nuevos episodios de desestabilización, los que creían muy probables de acuerdo con informes de inteligencia que se amontonaban en las mesas del poder.
Esta certeza de que la resistencia a los cambios implementados por el Gobierno irían in crescendo rondaba por la cabeza de Cristina Kirchner. La senadora, junto al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, estuvieron conversando del tema con el Presidente. Lo mismo el jefe de Gabinete y el ministro de Interior, Alberto y Aníbal Fernández.
En forma escalonada, muchos integrantes del staff oficial comenzaron a desparramar con nombre propio el lugar de las sospechas. Alberto Fernández apeló a dos clásicos: los economistas ultraliberales Jorge Avila (del ortodoxo CEMA) y José Luis Espert. Cuando le consultaron por radio buscó engrosar el listado, apoyándose en confesiones de Nancy Pazos. Pero dejó en manos de la periodista la carga de divulgar los nombres de aquellos empresarios que al parecer vaticinan que Kirchner no terminará su mandato.
Otro que puso la mira en lo que dieron en llamar “resabios del menemismo” fue Luis D’Elía. El titular de la Federación de Tierra y Vivienda imaginó un hilo conductor entre las declaraciones de Carlos Menem acusando de “marxista” al Presidente y los informes de la consultora FIEL hablando pestes de la política económica del Gobierno.
FIEL es la usina de la derecha económica por donde pasó Ricardo López Murphy y cuyos principales referentes son Daniel Artana y Manuel Solanet.
Según D’Elía, que raramente habla de estos temas sin la venia presidencial, la consultora hizo lobby para trabar las negociaciones de Kirchner con el Fondo Monetario Internacional.
El sindicalista incluyó en el combo de “conspiradores” a Rosendo Fraga. “Fue un reconocido consultor de Menem y del ex superministro Domingo Cavallo, además de haber trabajado para Videla”, atizó ante Página/12, sin dar mayores precisiones sobre las supuestas transgresiones del hombre en cuestión.
En la danza de conspiradores, el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, sumó el del sindicalista menemista devenido en empresario y socio del Jockey Club Jorge Triaca. Las sospechas se generaron por un encuentro de periodistas y ex funcionarios menemistas con el ex hombre de la CGT, que –según aclaró el propio Triaca– resultó ser la fiesta de su cumpleaños número 63.
A esa cita concurrió Daniel Raimundes, un general retirado sacado del servicio activo por Kirchner. Se trata del mismo promotor de la cena clandestina que se desarrolló el 23 de mayo en el Regimiento de Patricios. No fue el único comensal conspicuo. También estuvieron el operador radical Enrique Nosiglia y el director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. Durante la última dictadura ese diario justificaba la represión ejercida por Emilio Massera y el gobierno militar.
Hasta ahora, el único que se privó de precisar nombres fue el propio Kirchner. De todos modos, Alberto Fernández adelantó anoche que el Presidente “tiene un poquito más de información que el resto”. Eso seguramente deberá aportar en la causa que inició ayer mismo Stornelli, otro de los convencidos de que el Presidente sabe más. Al menos eso se desprende de su escrito.
“Ante la posible comisión de hechos delictivos que podrían estar sucediendo en el ámbito de la policía y/o sectores políticos y económicos por personas aún no individualizadas que, según las manifestaciones públicas del presidente Kirchner pretenderían desestabilizar el gobierno, y cuyas particulares circunstancias de tiempo, lugar y modo estarían en su actual conocimiento”, escribió Stornelli.
El fiscal –que se hizo famoso en la causa sobre venta ilegal de armas y que se acercó a Mauricio Macri cuando éste lo tentó para integrar su lista de candidatos en la Capital– presentó su denuncia ante la Cámara Federal de la Capital y, tras el sorteo de rigor, recayó en el juzgado de Juan José Galeano. Casualmente el fiscal que este año está de turno con ese juzgado es Stornelli. Esto significa que es un hecho la existencia del expediente judicial que investigará un nuevo complot anti presidencial, en este caso contra Kirchner. Sólo falta que el juzgado le dé intervención a la fiscalía para que haga el impulso de la acción penal, y es obvio que Stornelli activará su propia iniciativa, basada en notas periodísticas.
Las publicaciones mencionan que el Presidente “denunció que ‘sectores policiales, políticos y económicos’ a los que no identificó, ‘pretenden desestabilizar su gobierno y enfrentarlo con la gente; que una parte de los policías federales desplazados hace semanas está ligada a la difusión de numerosos hechos delictivos de alto impacto que se dieron en la ciudad de Buenos Aires’”.
Más allá de la expectativa de Stornelli, que judicializó lo que a primera vista aparece como una pulseada política, hay que tener en cuenta que hasta ahora ninguna de las investigaciones sobre conjuras contra ex presidentes, denunciadas en su momento por casi todos los mandatarios que pasaron por la Casa Rosada, han dado resultado alguno a nivel judicial.