El procurador general de la Nación, Esteban Righi, prometió que irá “al fondo de la cuestión” cuando en poco tiempo le toque resolver si fue válida la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que derivó en la reapertura de “megacausas” por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. A una semana de su llegada al cargo, Righi también informó que tiene en carpeta otros proyectos, como establecer un fiscal fijo por barrio cada dos años, fortalecer la unidad antisecuestros y crear otra dedicada a investigar el atentado a la AMIA.