La Justicia federal suma presión para que el Ejecutivo actúe “preventivamente” ante la protesta social. El juez federal Jorge Urso solicitó una serie de informes a autoridades nacionales y porteñas sobre las medidas que tomaron frente al accionar de grupos piqueteros, en una causa que apunta a transformarse en una radiografía de ese fenómeno. Página/12 pudo saber que el magistrado quiere información sobre los planes de ayuda social a desocupados, las normas de seguridad frente a las manifestaciones de protesta y las instrucciones recibidas por la policía al respecto. De este modo, hizo lugar al requerimiento de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, quienes impulsaron una denuncia del ex abogado del represor Miguel Etchecolatz.
Adolfo Casabal Elía representó al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y mano derecha de Ramón Camps, en el juicio en el que fue condenado por apropiación de menores. La semana pasada hizo una presentación judicial en la que reprochó a las autoridades nacionales, a la policía y a los jueces “tolerar” las movilizaciones de “grupos de encapuchados y armados con palos”. En definitiva, Casabal Elía les imputó al Poder Ejecutivo y a los magistrados actuar en forma “negligente” frente a los actos de protesta. En su escrito sostuvo que “frente al actuar de las asociaciones piqueteras, los funcionarios, comenzando por el propio presidente Néstor Kirchner, adoptaron una postura de ‘no criminalizar la protesta social’ que implica un abandono consciente y deliberado de no cumplir con las tareas de prevención”.
A partir de esa denuncia, los fiscales Comparatore y Evers elaboraron un dictamen que impulsó la acción penal y solicitaron una serie de medidas. Pidieron al juez que acumule “toda la legislación vigente que obligue a los funcionarios del Poder Ejecutivo a tomar medidas preventivas de control del orden público relacionadas con la actividad habitual que desarrollan” los grupos piqueteros. Además, plantearon que se solicite a las autoridades información sobre “cuáles son los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan actividades en la ciudad de Buenos Aires, detallando su denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social por parte del gobierno nacional”. Los fiscales también le pidieron a Urso que solicite a la policía “un informe de las distintas actuaciones sumariales labradas con motivo de los diversos actos de las agrupaciones piqueteras” desarrolladas durante los últimos meses.
El juez hizo lugar a estas medidas, y además también solicitó al Poder Ejecutivo información sobre la política de subsidios especiales otorgados a piqueteros. Estos datos deberán ser entregados al magistrado por autoridades de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, según confiaron a Página/12 fuentes judiciales. Hasta el momento no hay imputación alguna contra funcionarios, lo cual será establecido por Urso una vez que haya terminado de recoger las pruebas. De todos modos, de ninguno de los escritos se desprende cuales serían los hipotéticos delitos investigados. Comparatore y Evers dijeron que si bien la denuncia original estaba dirigida contra los funcionarios del Ejecutivo y los jueces, también la investigación debería ampliarse a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires porque “tienen similares deberes en el ámbito local”.