“Hay algunos dirigentes que están politizando la protesta y la están usando en su nivel de enfrentamiento con el Gobierno”, acusó el gobernador Felipe Solá en un encuentro sobre seguridad, en La Plata. La imputación se produjo unas horas antes de que los familiares de Diego Lucena, el joven que fue asesinado a la salida de una bailanta en Isidro Casanova, marcharan a la fiscalía de La Matanza. “No hago nombres pero lo hacen para demostrar que tienen su propio espacio de poder”, dijo Solá. La crítica también iba dirigida a los líderes piqueteros vinculados con los partidos de izquierda, a los que el mandatario bonaerense ve detrás de la ola de movilizaciones ante comisarías por casos de “gatillo fácil”. Distinta es la opinión del padre de Lucena –quien participa en la Federación de Trabajadores Combativos (FTC), un movimiento ligado al MAS–, quien sigue denunciando que la policía está involucrada en el crimen de su hijo.
Solá hizo las declaraciones sobre piqueteros en un encuentro sobre Foros de Seguridad. Allí compartió escenario con la vicegobernadora, Graciela Giannettasio, y el ministro de Seguridad, León Arslanian. “Manejamos el monopolio del uso de la fuerza frente a la inseguridad, la delincuencia y frente a una protesta social excedida o que ponga en juego la vida de las personas. Ante eso, ¿cómo vamos a renunciar al uso de la fuerza?”, se preguntó el gobernador. En la misma línea habló Arslanian, quien defendió el uso de la fuerza estatal pero al final de una serie de pasos previos.
“La interlocución, la mediación, la disuasión y la contención integran el camino crítico que culmina con el uso de la fuerza pública como escala final, cuando la violencia traspone los límites de la protesta airada para transformarse en un objetivo en sí”, consideró Arslanian. La definición del gobernador y el ministro apuntaba a diferenciar entre una protesta legítima –como la desocupación o la indignación popular ante los casos de gatillo fácil– con un supuesto “uso” de esa protesta desde determinadas posiciones ideológicas. No es la primera vez que desde el Estado se hace este tipo de distinciones: tanto el ministro del Interior, Aníbal Fernández, como el propio Néstor Kirchner usaron argumentos similares.
La ocupación de la comisaría de La Boca llevó este tema a la tapa de los diarios, la protesta de los familiares de Lucena en Isidro Casanova tuvo un efecto similar en la provincia. El gobierno bonaerense reaccionó con alarma ante ese episodio, que terminó con un patrullero incendiado y continuó con un escrache a la fiscalía –la semana pasada– en la que los parientes del joven y un grupo de piqueteros amagaron con entrar por la fuerza a la sede judicial. “No creo que sea un procedimiento adecuado, porque genera una tensión muy grande que produce daños”, había dicho Arslanian sobre esos incidentes en un reportaje con Página/12.
En la provincia aseguran que ese tipo de actos están siendo fomentados por partidos de izquierda (“en eso está el Polo Obrero”, dicen) y que son peligrosos porque podrían terminar con una situación descontrolada. “Ojo, que te pueden arman un verso los compañeros del Gordo Valor para sacar a un chorro de adentro. No hay que olvidarse de que adentro hay presos”, aseguraban cerca de Solá. Sin embargo, en las protestas ante comisarías en Tres Arroyos y La Boca no se produjo nada de eso. De todas formas, en La Plata aseguraban que en este tema la instrucción de la provincia no es echar a cada comisario al que le ocupen la seccional –como había amenazado Giannettasio–, sino sancionar la política de “brazos caídos” e impulsar a que “hagan prevención e inteligencia”.